Los pendientes del presidente-periodista

LA PATRIA | Bogotá*

Juan Manuel Santos, ad portas de abandonar la Casa de Nariño, termina con pecados en materia de libertad de prensa. En sus ocho años de Gobierno se identifican cuatro estrategias que marcaron su relación con la prensa.

La primera la esbozó desde su posesión cuando ofreció respeto a la prensa. Luego, el 9 de febrero del 2011, dijo: “Ustedes saben que este es un presidente totalmente comprometido con la libertad de expresión, la libertad de prensa. Vamos a apoyar de todas las formas posibles ese nobilísimo ejercicio del periodismo, que ejercí durante tanto tiempo”.

Su segunda meta era más ambiciosa, reparar de manera colectiva al periodismo y enmendar el impacto que dejó la violencia contra los periodistas. En paralelo se mostró decidido a reducir la violencia contra la prensa y, por último, aseguró que implementaría una política pública para blindar la libertad de expresión.

Santos se proponía cargar las banderas de las reformas que buscaban sanar las grietas que arrastra el periodismo colombiano. Y, de paso, tener portadas favorables en los principales medios del país. Sin embargo, la zanahoria ofrecida terminó convertida en censura a control remoto, castigó la crítica y presionó a los anunciantes de los medios para que contribuyeran a generar “noticias positivas”.

Con el paso de los años, las esperanzas de contar con políticas y estrategias para que la prensa tenga mejores garantías terminaron reducidas a promesas rotas, papeles engavetados y miles de millones de pesos desperdiciados.

Reparación fallida

En febrero del 2013 en el Hotel Tequendama de Bogotá la Unidad de Víctimas celebró el evento “Periodistas: daño, memoria y reparación”. Frente a 300 reporteros del país el presidente ratificó su compromiso con el ‘Programa de Reparación Colectiva’ (PRC), que se empezó a gestar a finales del 2012.

El anuncio era “un hito en el mundo”, advertía Santos. Se reconocían así las violaciones a los derechos humanos de periodistas y los atentados contra las libertades de prensa y expresión, así como la vulneración al acceso a la información en el conflicto armado colombiano. El Programa buscaba reparar, también, a la sociedad en su conjunto, entendiendo que “la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión”, pero fracasó (Ver recuadro Las causas del fracaso).

La Unidad de Víctimas no contestó cuánto fue el presupuesto invertido en este proceso. Los cálculos realizados por la Flip hablan de un monto superior a tres mil millones de pesos.

Fiasco de la Política Pública

El 23 de noviembre del 2017 el ministro del Interior, Guillermo Rivera, escribió en Twitter: “Borrador de decreto q crea una política de libertad de expresión q se redactó sin q yo autorizara sus contenidos, no será expedido.” En menos de 140 caracteres tiraba al traste cinco años de trabajo y mil dieciocho millones de pesos, según la información entregada por el Ministerio.

Este episodio es quizás el más bochornoso del Gobierno. Este fracaso fue, de manera unánime, cuestionado y rechazado por las organizaciones que trabajan en favor de la libertad de expresión en el país. Santos había anunciado que la Política Pública estaría lista para el 2015, y no ocurrió. El proceso pasó por las manos de seis ministros del Interior y dos directoras de Derechos Humanos.

El borrador de decreto no incluía acciones concretas sobre las precarias condiciones laborales de la mayoría de los periodistas, la protección efectiva de periodistas en riesgo, la regulación y control en la asignación de la publicidad oficial, las garantías para el acceso a la información judicial o la desigual designación del espectro radioeléctrico. El borrador se limitó a proponer capacitaciones y protocolos que resultan insuficientes a la hora de solucionar los problemas estructurales que tiene el ejercicio del periodismo.

La violencia aumenta

En agosto del 2017, el Estado colombiano compareció para defender su responsabilidad en el homicidio de Nelson Carvajal, periodista asesinado en Pitalito (Huila), hace 18 años. Los representantes colombianos afirmaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la impunidad y la violencia en el país eran un “fenómeno del pasado”. Santos y varios funcionarios han repetido esta idea en diferentes escenarios internacionales. Es falso.

Aunque los asesinatos han disminuido de manera importante en los últimos diez años, no es sinónimo de reducción de la violencia. Los siguen matando. Desde que Santos tomó posesión los periodistas asesinados han sido nueve. En la mayoría de estos casos los homicidas silenciaron la única voz que denunciaba la corrupción en sus municipios.

Además, en los últimos ocho años la Flip registró 537 amenazas. Algunas desencadenaron en el exilio, y en al menos ocho ocasiones, los reporteros abandonaron su profesión.

La situación preocupa, pues el Gobierno destina anualmente cerca de veinte mil millones de pesos para proteger periodistas, pero los asesinatos, exilios, secuestros, así como regiones y barrios prohibidos para la prensa no son asunto del pasado.

El presidente hizo apuestas grandes en libertad de expresión. Sin embargo, queda en evidencia que no tuvo intención de dar la lucha que estas demandaban y que sus esfuerzos fueron más enfáticos a la hora de dar lecciones sobre lo que él considera “buen y mal periodismo”. Y ahí, terminó enlodado.

* Resumen del capítulo El gobierno de Juan Manuel Santos y el ejercicio del periodismo, del informe de libertad de prensa que presenta la Flip, en el Día del Periodista, desde Tumaco.

El agrio final

En la Flip hemos sido testigos de cómo los funcionarios públicos, amparados en la impunidad y por un efecto contagio, se convirtieron en predadores de la prensa. En ocho años la Flip documentó 348 casos donde los funcionarios públicos fueron los victimarios: congresistas con bochornosas estigmatizaciones; jueces con mazo fácil para las sentencias irregulares y desproporcionadas; y políticos, alcaldes y concejales que sin sonrojarse golpearon, humillaron y amenazaron a decenas de periodistas.

Ese irrespeto por el trabajo de los periodistas no encontró en la Presidencia acciones para atajar la creciente animadversión. Por el contrario, Santos, también irrespetó. Utilizó su disfraz de presidente-periodista para sortear momentos en los que la prensa lo criticó, situándose como un aleccionador de periodistas, por su pasado en los medios.

Causas del fracaso

El Programa de Reparación Colectiva al periodismo fracasó principalmente por

1. Falta de legitimidad. La Unidad de Víctimas designó a unos 30 periodistas para conformar el Comité de Impulso. A pesar de haber realizado algunos encuentros regionales, después de cinco años el Comité continúa en el anonimato.

2. Improvisación. La Unidad de Víctimas no supo consolidar una estrategia que acompañara al Comité de periodistas. Los avances iniciales parecían responder más al entusiasmo de funcionarios que a un plan institucional definido.

3. Falta de articulación interinstitucional. La Unidad y este Programa, en concreto, actuaron como rueda suelta. Ni siquiera logró compenetrarse con el Centro Nacional de Memoria Histórica. La mayoría de las autoridades nacionales y locales desconocían este proceso, que se fue viciando de envidias y cálculos políticos.

La cifra

En los dos cuatrienios de Juan Manuel Santos en la Presidencia se destacan estas cifras de violencia contra los periodistas:

9 homicidios

348 amenazas