
COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
En 13 municipios de La Guajira, Atlántico y Chocó, la Defensoría del Pueblo evidenció irregularidades en el funcionamiento de los programas de alimentación escolar y asistencia a los niños y adolescentes que pertenecen a las instituciones educativas de estos departamentos.
Situaciones como el incumplimiento de la normatividad sanitaria para la conservación de comestibles y ausencia de garantías en seguridad social para las manipuladoras de alimentos fue lo presenciado en poblaciones como Manaure, Uribia, Riohacha, Maicao, Quibdó, Unguía, Yuto, Alto Andágueda, Malambo, Caracolí, Puerto Colombia y Tubará.
Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo, indicó que en dichos municipios, las autoridades locales están desviando los recursos que entrega el Gobierno Nacional para la alimentación de los niños y no están cumpliendo con la obligación de velar por el óptimo bienestar de los menores.
Toda esta situación hace referencia al Programa de Alimentación Escolar (PAE) instaurado por el Ministerio de Defensa, consistente en brindar alimentación a los niños en las escuelas de estos municipios.
Sin embargo, señaló el Defensor que la infraestructura de ningún centro educativo, cuando se inició el programa estaba preparado para dicho cambio, por lo cual los niños no tienen donde comer y deben hacerlo en el piso. De la misma manera, rechazó el que aún no haya un espacio para preparar la comida, y ante la ausencia de refrigeración y de buenas condiciones del transporte alimentario termina afectando a los menores.
Pidió a la Comisión Anticorrupción que adelante una investigación penal, fiscal y disciplinaria, para que no se continúen desviando los recursos para este fin.
"No tiene presentación que los políticos de la región sigan haciendo ferias y fiestas con la plata de la educación y alimentación de los niños, es hora de que los organismos de control reaccionen para que esas personas que se han dedicado a financiar campañas con dineros de los niños estén donde deben estar: en la cárcel, inhabilitados fuera de sus carreras políticas", señaló el Defensor.
Gina Parody, ministra de Educación pidió que se conforme un frente común por la alimentación de los niños para que ningún recurso se pierda, ya que asegura, se reparte casi un billón de pesos para que se entreguen 4 millones y medio de raciones y eso no está sucediendo.
En vista de esta evidente corrupción pidió a los entes territoriales que se comprometan con ese programa, pongan más controles y más vigilancia para que se entregue el dinero que se destina para la alimentación de los niños, quienes de lo contrario terminan siendo las únicas víctimas.
Agregó que el Frente Común estará conformado por la comisión interinstitucional para que se sancione a quienes han desviado los recursos de la alimentación de los niños y Naciones Unidas.
Atlántico
En este departamento se conoció, tras resultados microbiológicos, que en 31 instituciones educativas del sector público, 55 hogares comunitarios y ocho centros de desarrollo infantil hay contaminación en el 70% de los alimentos. Hay presencia de coliformes totales, fecales, entre otras sustancias. La Defensoría llamó la atención sobre la falta de articulación entre las entidades territoriales de este departamento, ya que a pesar de estos hallazgos no se pusieron en marcha los planes de mejoramiento respectivo.
Chocó
En el Chocó, solamente Quibdó esta certificada por el Ministerio de Educación para contratar la operación del Programa de Alimentación Escolar, mientras los 29 municipios restantes dependen de la Secretaría de Integración Departamental y en ellos encontró que existen alimentos en mal estado, así como sitios de conservación inadecuados.
Además, se evidenció que en localidades como Yuto y Alto Andágueda, hay insuficiencia de fluido eléctrico para refrigerar los productos, además de una precaria infraestructura que obliga a los alumnos a comer en turnos de 11 minutos.
La Guajira
En esta región, además de los serios problemas de desnutrición, preocupa el que los alimentos de los niños que son subsidiados por el Gobierno no llegan a tiempo y que los menores son obligados a pagar hasta $200 diarios por el almuerzo. Las condiciones de los alimentos son precarias, ya que los comestibles perecederos son ubicados en el piso, no hay alacenas ni refrigeradores para su conservación, los niños comen a la intemperie y hacen sus necesidades en campo abierto por la carencia de baterías sanitarias.
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