COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá
Durante la XIV Cumbre de Gobernadores celebrada en la ciudad de Ibagué (Tolima), los gobernadores de varios departamentos hicieron peticiones al Gobierno Nacional, para poder ejecutar mejor los programas de apoyo a la infancia y adolescencia.
El primero de ellos es el sistema de responsabilidad penal juvenil que, de acuerdo con el gobernador de Boyacá y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Juan Carlos Granados, es necesario que el país fortalezca su política en este tema para los jóvenes que cometan actos delictivos.
Según él, el sistema que se implementa “debe tener un propósito particular, excepcional, diferente a la responsabilidad penal general de la simple resocialización”.
Para él, el nuevo sistema debería tener “una finalidad pedagógica que les permita a los adolescentes y jóvenes una formación desde la ética, para que interioricen el respeto de las normas”, también estén bien informados sobre sus derechos y así estos les sean respetados. Según él, “en la medida en que se respeten sus derechos, ellos respetarán los de los demás”.
Esta propuesta fue respaldada por el presidente de la República, Juan Manuel Santos quien, durante su intervención en la cumbre, habló sobre la necesidad de prestar atención a la problemas de los niños y jóvenes que han sido reclutados ilegalmente por las redes de la delincuencia y la guerrilla.
Regalías
Otro tema que fue objeto de discusión durante la cumbre de gobernadores es el del uso de las restricción al uso de los recursos recibidos por los departamentos, por cuenta de las regalías. En este sentido habló el gobernador del Meta, Alan Jara, quien afirmó que “los requisitos para el uso de estos recursos son muy altos para departamentos que prácticamente vivimos de las regalías”.
Según él, en ocasiones la gobernación del departamento ha presentado proyectos para invertir los recursos de las regalías en el Meta, en temas como la construcción de escuelas, nutrición infantil, campañas pedagógicas y en general, proyectos de inversión social, y estos han sido rechazados por el Departamento Nacional de Planeación, bajo el argumento de que “son gastos recurrentes”.
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