Los cinco "chicharrones" que esperan al procurador

ALEJANDRA BONILLA

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Investigar chicharrones. Esa será la principal tarea que enfrentará desde hoy el nuevo procurador General de la Nación, Fernando Carrillo.

Al menos cinco chicharrones lo esperan en su despacho. Resolverlos será clave en las primeras acciones de su gestión, cuyo propósito general (según dijo al momento de su elección) será despolitizar la entidad y velar por los Derechos Humanos de cada uno de los colombianos, con indiferencia de tendencias políticas o de género.

Estos son los principales procesos más mediáticos con los que se encontrará el nuevo procurador:

1. Reficar

De acuerdo con la Contraloría General de la República, por los sobrecostos en la contratación del proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena se hicieron 36 hallazgos, de los cuales 35 tienen presunta connotación fiscal por el orden de 2 mil 942 millones de dólares, unos $8,5 billones.

Desde febrero del 2016 y sin mayores avances en uno de los peores casos de corrupción, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, por presuntas irregularidades en esa ampliación y modernización, en determinación que también cobija al presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, y a los exministros de Minas y Energía Federico Renjifo y Amylkar Acosta. La investigación busca determinar si hubo irregularidades y omisiones que llevaron a los sobrecostos.

Aunque los casos están priorizados en la Fiscalía, en el Ministerio Público no se volvió a hablar del tema. Ello pese a que en su momento se indicó que la inversión (superior a 8000 millones de dólares, cuando debía costar unos 4000) se habría llevado a cabo con “recursos procedentes de Ecopetrol, sociedad de economía mixta con capital mayoritario del sector público, lo cual es evidentemente contrario al deber”.

2. Ministros investigados

La era de Alejandro Ordóñez dejó investigaciones abiertas a los hoy exministros de Minas, Tomas González y de Vivienda, Luis Felipe Henao, así como a los actuales de Hacienda, Mauricio Cárdenas; y de Salud, Alejandro Gaviria.

En el caso del exministro González la Procuraduría lo investiga por la supuesta celebración irregular de contratos con la empresa Connecta SAS, de la cual su esposa, Ángela Baena, es representante legal y firmó convenios con el Estado por montos que han superado los $5 mil 248 millones. La investigación busca establecer si se violó el régimen de inhabilidades en la suscripción de contratos entre el 2013 y el 2015 con esa empresa, que fue creada por su familia con un capital inicial de $10 millones.

El exministro Henao tiene cuatro quejas en su contra por expedir licencias y celebrar contratos, pero los procesos no se han formalizado, por lo que en la administración de se podrían dar las primeras.

El ministro Alejandro Gaviria es investigado por una compulsa de copias derivada de una tutela de la Corte Constitucional, que protegió el derecho a acceder a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad. El ministro de Hacienda es investigado por el caso Reficar.

3. Natalia Spinger y los contratos en la Fiscalía

Le corresponderá al procurador resolver la investigación formal que se abrió a finales del 2015 por los contratos que suscribió la Fiscalía General con la periodista y politóloga Natalia Springer, para realizar diferentes estudios, por el orden de $4 mil millones. Esto habría sucedido de manera directa con la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services, sin que contara con la idoneidad para ello. El caso es un verdadero chicharrón ya que se trata de una contratación defendida firmemente por el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre.

Él ha explicado que ese trabajo era necesario para analizar violaciones de derechos humanos cometidas por las FARC y para hacer un análisis de la criminalidad del Eln. Los procesos caerían, de manera disciplinaria, en personas de menor rango que Montealegre.

4. La contratación

El electo procurador se comprometió a contratar por mérito a los funcionarios del Ministerio Público durante su cuatrienio. Parece que en buena parte estará obligado a ello, pues solo podrá llenar directamente las plazas de las 33 procuradurías delegadas, más los procuradores regionales y provinciales. Esto se debe a que mediante concurso ya fueron ocupadas las plazas de 744 procuradores judiciales de nivel I y II y se dejó en marcha el proceso para proveer 739 cargos de carrera, en los niveles: asesor, ejecutivo, profesional, técnico y administrativo.

Eso sí, hay expectativa sobre a quiénes nombrará Carrillo en las plazas principales, como en la Sala Disciplinaria, que se ocupará de casos que él delegue, así como de segundas instancias en la mayoría de procesos.

Igualmente hay un peso importante en las procuradurías para Restitución de Tierras, Atención a Víctimas, Vigilancia Administrativa, la Función Pública y Asuntos ambientales.

En el balance de la gestión de Ordóñez, la Procuraduría dejó cuestionamientos sobre el estado de la entidad, lo que incluye la carga laboral de los servidores o que seis procuradurías regionales no cuentan con apoyo de procuradurías provinciales, lo que también les implica más trabajo.

5. El presupuesto

En la Procuraduría hay preocupación por el presupuesto de la entidad, que quedó para el 2017 en un poco más de $523 mil millones, de los cuales $8 mil se destinarán para inversión.

De acuerdo con el balance de gestión, el Instituto de Estudios del Ministerio Público merece especial atención, porque ha tenido dificultades de recursos para responder a la demandas de capacitación, investigación y publicaciones de los funcionarios, de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría y de las personerías municipales.

Conjueces investigarán demanda

Los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en pleno, se declararon impedidos para conocer la demanda contra la elección de Fernando Carrillo como procurador General de la Nación, argumentando que no podían estudiar esa demanda dado a que participaron en el proceso de conformación de la terna. En ese sentido, la acción judicial será estudiada por los conjueces Antonio Agustín Aljure Salame, Fernando Enrique Arboleda Ripoll, y Alfredo Beltrán Sierra, ante la negativa de los funcionarios judiciales. El 21 de octubre del año pasado, un ciudadano radicó una demanda ante el alto tribunal en la que busca que se aclare si Fernando Carrillo está o no inhabilitado.