Los cazadores de congresistas

Hace un par de semanas el presidente del Congreso, Roy Barreras, fue puesto en la picota pública por un pacto suscrito por él, en enero de 2010, con Jhon Rodríguez, presidente de la Asociación de Ministros Cristianos del Valle, en el que el parlamentario se comprometió a votar negativamente el proyecto que avalaba el matrimonio igualitario, iniciativa que efectivamente se hundió.

Esto, de inmediato, hizo que el nombre de Barreras llegara a la Procuraduría tras una queja de Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías. Luego llegó al Consejo de Estado en una acción de pérdida de investidura de Saúl Villar, un abogado litigante independiente.

Esta última acción se sumó a la que en ese mismo tribunal se adelanta contra el mismo Barreras por haber entregado a una iglesia, también cristiana en Cali -ciudad de la que es oriundo el senador- un bien de la Dirección Nacional de Estupefacientes, acto que fue cuestionado por el abogado Eduardo Padilla, a quien la Procuraduría le dio la razón, según versiones del propio Padilla. Estos procesos están en trámite.

A cazar

Hablar de Bustos, de Villar o de Padilla, es hablar de congresistas, o mejor de caza congresistas, como los conocen en los pasillos de las altas Cortes.

“La primera acción que interpuse fue contra los 101 parlamentarios que absolvieron a Ernesto Samper por el 8.000”, dice Bustos y recuerda la creación de un dummy en forma de elefante en el que metió a dos actores, “yo era el domador”, afirma jocosamente. Esto motivó una investigación contra esos parlamentarios en la Corte Suprema de Justicia.

Pero ese no es el único caso en el que la lúdica ha ido de la mano de lo jurídico. Otro caso sonado, también de Bustos, fue el ‘Mogollazo’ como se recuerda el proceso contra Heyne Mogollón, presidente la Comisión de Acusaciones de la Cámara en 1996, y de quien se dijo “vendió la decisión de absolver a Samper”.

Más recientemente está el ‘Serrucho’ (de más de 3 metros) con el que Bustos representó lo sucedido en la capital con Samuel Moreno. A estos símbolos se suma la infaltable ‘Lupa’ con la que este abogado, uniandino y filósofo, dice vigilar, cual Sherlock Holmes, los pasos de los legisladores.

“Esto hace parte de la lúdica con la que hemos querido generar recordación en las personas. La crítica a la corrupción debe ser interiorizada con mecanismos visibles, sensibles y divertidos”, dice Bustos al desestimar que sus teatrales acciones le resten credibilidad a su trabajo, al punto de señalar que hoy se recuerda al elefante y al serrucho gracias a esas parodias, en las que se cuestionan las violaciones al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, además del tráfico de influencias y el conflicto de intereses, faltas recurrentes en muchos funcionarios.

En la lista de descabezados por Bustos están: Emilio Martínez, Mario Rincón, Octavio Carmona, Juan G. Castrillón, Carlos Oviedo Alfaro, Iván Moreno y Armando Pomarico ('el Pomaricazo'), además de Bernardo el Cura Hoyos, entre otros tantos.

Esto da enemigos, no plata

“Esto no es un juego”, dice Villar haciendo mofa de su apellido, quien tras 20 años de ejercer el Derecho, luego de haber sido periodista, y haber impulsado la ley que profesionalizó de nuevo esta actividad, señala que demandar parlamentarios no da planta, “lo que sí da es enemigos”.

Egresado de la Gran Colombia, Saúl Villar dice que su labor la adelanta porque le interesa que las personas a las que se les da el voto de confianza en las urnas “cumplan sus promesas y defiendan los intereses de la comunidad”. “Yo quiero que el Congreso se limpie de gente que llega allí para lucrarse”, añade. Esa condición, casi filantrópica, podría considerarse cierta en la medida en que este tipo de acciones no genera ningún incentivo económico.

“Yo demandé a los ‘12 del patíbulo’”, señala refiriéndose a quienes conciliaron la tristemente célebre reforma a la justicia que se hundió en 2012. Ellos son: Por la Cámara: Alejandro Chacón, Germán Varón, Carlos Osorio, Gustavo Puentes, Orlando Velandia, Roosvelt Rodríguez.

Por Senado: Jesús García, Eduardo Enríquez, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque, Martín Emilio Morales.

Pero la aspiración temporal de Villar para que se conozca una decisión es casi un espejismo. Y es que este tipo de acciones que legalmente están consideradas para resolverse en 20 días (Ley 144 de 1994) supera por lo general los cuatro años. Muestra de ello: el caso del ex senador Gustavo Petro Urrego, hoy alcalde de Bogotá, y cuyo caso en el Consejo de Estado sigue en trámite, tal como consta en un reporte de esa corporación.

¿Pero quién está tras cada una de esas acciones? Según Villar, muchas veces a ellos los buscan quienes están por debajo de quien ostenta la curul, “solo así pueden tumbarlo y subir ellos”, dice sin afirmar que ese sea su caso.

“He sido asesor de varios congresistas y del partido de La U en las últimas elecciones presidenciales; en las regionales de 2011 también estuve con La U y he acompañado a varios congresistas y ex congresistas”, dice al validar con autoridad dicha afirmación.

Este criterio fue compartido por el presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Carlos Ardila Ballesteros, quien tras avalar el papel de muchos de los abogados que recurren a la figura de pérdida de investidura en justicia y con derecho; cuestionó el que algunos abogados se dediquen a ejercer esa acción solo para hacer caer a quien está arriba en la lista y así llegar al Congreso, “eso es muchas veces un completo canibalismo”, señaló.

“El pueblo se merece sus gobernantes”, dice Villar en clara desaprobación a la manera como “se compran conciencias”. “La corrupción que se presenta en el Congreso se da desde el momento en que los políticos hacen ofrecimientos y la gente los acepta”, dice.

De los casos por los que este abogado se enorgullece es el de la ex senadora y hoy precandidata presidencial Martha Lucia Ramírez, el cual si bien no ha concretado el propósito, afirma: “pronto se dará”.

“Es la primera vez en la historia del Consejo de Estado que se da un empate entre los consejeros, al punto de tener que nombrar conjueces para resolver”, señala. Hoy, tras ires y venires, el caso está en manos del magistrado Nilson Pinilla, de la Corte Constitucional.

Puedo dormir tranquilo

Eduardo Padilla, egresado de la Universidad Libre, cordobés de nacimiento, ex procurador del Meta y docente en Bogotá y Cuba, además de presidir una fundación para niños discapacitados, cuestiona el que los recursos que deberían atender a población vulnerable sean usados por dirigentes políticos en cosas que no necesita la gente.

“La única manera como se hace patria es golpeando las estructuras de poder para obligar a que las cosas se hagan correctamente y no a punta de tráfico de influencias y de violar los reglamentos internos del Congreso”, dice Padilla.

Padilla es quien demandó la investidura de Eduardo Merlano, quien hizo gala de los 50 mil votos que logró para evadir una multa de tránsito por conducir con tragos.

“El caso del senador Merlano, frente a los líos de Roy Barreras no es nada”, dice Padilla, también demandante del presidente del Senado por el inmueble del DNE entregado a una iglesia cristiana. “La gravedad de la falta del Presidente del Congreso permitiría canonizar a Merlano”, dice.

"Nosotros los abogados que demandamos pérdidas de investidura podemos dormir tranquilos pues lo que hacemos es ayudar a la democracia, y eso es algo altruista", afirma el jurista.

Debe saber

Sobre los costos de una acción como las que instauran Bustos, Villar o Padilla, este último considera que a ellos como demandantes no les sale tan caro, lo contrario -dicen- sucede con quienes se tienen que defender, pues los costos de defensa pueden oscilar entre $ 50 millones y $ 500 millones, de acuerdo al abogado contratado, por lo general es un ex magistrado… “ellos cobran duro”, dicen.