COLPRENSA | LA PATRIA | MEDELLÍN
Un plan de choque con apoyo de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea se inició en el Urabá antioqueño para deportar a los migrantes ilegales que permanecen en Turbo, en su mayoría hacinados en una bodega cerca al puerto de este municipio.
Cristian Krüger, director de Migración Colombia, confirmó que el plan está en marcha y que la primera parte incluirá la judicialización de quienes faciliten el hospedaje o transporte de los extranjeros. “Hoy el tráfico de migrantes es el tercer delito más lucrativo después del narcotráfico y las armas”, dijo.
El primer judicializado será el propietario de la bodega donde se albergaron los cubanos desde hace siete meses, cuando el Gobierno de Panamá ordenó el cierre de la frontera con Colombia.
Krüger ofreció dos alternativas para los migrantes: la primera es que se presenten voluntariamente para gestionar una deportación. En este caso, les entregarían un salvoconducto y podrían salir del país de manera individual.
La segunda opción es la deportación por la fuerza. Esta es la más compleja, pues implica que los extranjeros serán conducidos por las autoridades mientras se gestiona el acto administrativo de su deportación. Luego, serán llevados en aviones de la Fuerza Aérea hasta Cuba o Ecuador, según el caso.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, confirmó que desde el aeropuerto de Carepa saldrá por lo menos un vuelo diario con extranjeros deportados.
Desde la Cancillería
María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores, le hizo un llamado a los migrantes para que accedan a la deportación voluntaria dentro de un plazo de 3 a 10 días, para que no sea la Fiscalía General de la Nación quien determine su situación.
Según confirmó la Cancillería, se han registrado cerca de 84 solicitudes de deportaciones voluntarias, que ha dispuesto dos destinos para esto: sus ciudades de origen o Ecuador, país del que llegaron inicialmente como ruta para los Estados Unidos.
Destacado
Hoy se reunirán las ministras de relaciones exteriores de Venezuela y Colombia para evaluar temas de seguridad, migración, transporte y educación que afectan la frontera.
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