EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
Un falso fiscal que se infiltró en una audiencia en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, logró la libertad del presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), Pedro Aguilar, investigado por el "cartel de la chatarrización", informó ayer la Fiscalía.
Aguilar es investigado porque obtuvo importantes sumas de dinero al timar al Estado con la supuesta conversión en chatarra de 12 mil 500 camiones que no fueron destruidos.
"La Fiscalía descubrió que por la suplantación de un fiscal, Pedro Aguilar quedó en libertad" hace dos semanas, dijo a periodistas el fiscal Delegado para la Seguridad Ciudadana, Luis González.
El funcionario añadió que "la Fiscalía y la fuerza pública se encuentran haciendo diligencias y gestiones para recapturarlo y llevarlo nuevamente a la cárcel Modelo", en donde estaba preso.
La Fiscalía determinó que en la audiencia solicitada por la defensa de Aguilar, realizada el pasado 21 de marzo en el complejo judicial de Paloquemao, se suplantó a un fiscal.
En esa diligencia, la defensa de Aguilar solicitó a la jueza del caso, Miryam Martínez, la libertad para su defendido.
González detalló que antes de tomar la decisión de dejar en libertad a Aguilar, la jueza le pidió al falso fiscal, identificado como José Edilberto Parada Barbosa, su concepto y este no se opuso.
Aguilar es investigado por los supuestos delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.
En julio del 2016 el líder de los camioneros fue acusado por un antiguo socio suyo de encabezar el llamado "cartel de la chatarrización" con el que se benefició ilegalmente de un programa del Gobierno para la renovación de la flota de camiones.
El zar de los camiones
Pedro Antonio Aguilar Rodríguez, ha dejado su impronta como el zar de los camiones en cada kilómetro de la geografía nacional; pero también son muchas las millas que ha transitado por los juzgados y tribunales del país.
Solo en la última década, Aguilar Rodríguez ha acumulado también una flotilla de procesos ante la Fiscalía General de la Nación por supuestos delitos que van desde constreñimiento ilegal, falsedad en documento privado y daño en bien ajeno, hasta concierto para delinquir, amenazas y obtención de documento público falso.
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