Ley para frenar la salida de más de 30 mil presos de las cárceles

Nuevamente el Congreso de la República volverá a legislar para expedir una ley con la cual se frene la inminente salida de por lo menos 30 mil presos que, por virtud de una ley tramitada por este gobierno hace menos de dos años, deberían tener resuelta su situación jurídica en julio próximo. 

Por lo anterior ya hace su trámite, en la Comisión I, un proyecto de ley que se empezará a debatir la semana próxima, el cual tiene como su ponente al senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, quien aseguró que esta norma no sólo extenderá el plazo, sino que precisará algunos vacíos que dejó la ley que está vigente. La iniciativa es de autoría del Gobierno. 

“Al ministro de Justicia de la época le faltó más cuidado y un estudio más profundo porque si esa norma radicada por el Gobierno el año anterior hubiera sido más estudiada, no tendríamos hoy el riesgo de que a pocas semanas de que entre en vigencia esa norma, salieran alrededor de 30 mil criminales de alta peligrosidad”, indicó el congresista valluno. 

Explica que antes de terminar el actual periodo legislativo, el Congreso va a encontrar una solución para que no se presente esa excarcelación masiva de peligrosos delincuentes, “la idea es cerrar esa posibilidad, evitar que exista esa excarcelación masiva en unos delitos que preocupan enormemente al país, a la sociedad, como son los delitos de corrupción, los delitos sexuales, los de justicia especializada o cuando haya tres o más indicados en una investigación”. 

Según Motoa, “el Congreso presentará unos aportes y hará modificaciones sustanciales para corregir definitivamente lo que hoy no fue presentando de manera profunda por parte del Gobierno Nacional”. 

El senador precisó que los procesos de investigación y acusación toman tiempo y establecer una norma con la radicalidad y con la exigencia de que en un año tendrían que ser casi que vencidos en juicio, no es un tema sencillo. 

Finalmente consideró que “no estaba preparado el aparato judicial, no estaban preparados los jueces de ejecución de penas”.