OVIDIO CASTRO MEDINA Y ERNESTO GUZMÁN JR.
EFE | LA PATRIA | CALOTO
Las ocupaciones ilegales de tierras, que se han multiplicado con la llegada del nuevo Gobierno, agregan un foco de agitación social a la ya compleja situación de Colombia, con el riesgo que eso supone del surgimiento de un nuevo conflicto.

En el centro de la disputa están comunidades indígenas, negras y campesinas, principalmente de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, que reclaman propiedades de hacendados o ingenios azucareros, situación que se repite en otras partes del país con ganaderos, grupos agroindustriales e incluso con terrenos baldíos.

"Son dos situaciones diferentes, una en la que los indígenas ocupan predios en el norte del Cauca y otra la de departamentos en donde claramente los que llegan a predios son campesinos y afros que reclaman la devolución de lo que les quitaron en el conflicto armado", explica Carlos Duarte, profesor del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.

No hay cifras oficiales de predios invadidos porque se trata de un problema que aumenta a diario pero se estima que esta situación ocurre en 18 de los 32 departamentos del país.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha advertido que no tolerará ocupaciones y su ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que los invasores tienen un plazo de 48 horas para desalojar, pero lo cierto es que salvo en la ocupación de un terreno en el departamento del Huila, la Policía se ha abstenido de intervenir.

Comunidades enfrentadas

Las invasiones son un problema viejo en Colombia pero en los dos últimos meses, que coinciden con la llegada de Petro al poder, han crecido como bola de nieve y con ellas los niveles de confrontación entre comunidades indígenas, negras y campesinas.

"La situación es bastante complicada", dice Fernando Rojas, trabajador de una hacienda dedicada al cultivo de caña de azúcar en Corinto (Cauca), que al igual que otros obreros teme que si los indígenas ocupan la propiedad perderán el empleo en el ingenio Incauca.

Según Rojas, en otras haciendas los indígenas han llegado "en grupos grandes de 50, 100 y hasta 300 personas que con machetes arrasan los cultivos de caña" e incluso utilizan explosivos artesanales para amedrentar a los trabajadores.

"Cada día estamos más preocupados porque las pretensiones de ellos son bastante grandes en el tema de invadir las tierras productoras de caña", afirma Aldemar Reyes, otro trabajador.

Reyes señala que los perjudicados no son solamente los ingenios azucareros porque el 75% de las tierras son de campesinos y afros y el 25 restante es de la industria, que es la que genera empleos, de los que, según sus cuentas, se han perdido unos 6.000.

Por eso propone buscar "una salida a esta problemática a través del diálogo y que esto no nos vaya a llevar a una guerra civil".

Acusaciones mutuas

También intenta explicar la situación el líder afro Óscar Marino Caicedo, representante legal de Consejo Comunitario Severo Mulato, de la localidad de Padilla (Cauca), quien asegura que las invasiones desde 2018 avanzan "mucho más rápido" y se acentuaron en 2021 con las protestas sociales.

"Cuando el estallido social la problemática fue con más vehemencia (...) cuando los vándalos tenían por su cuenta las ciudades, acá en el campo había otro resto (de gente) victimizando", asegura.

Caicedo explica que las invasiones afectan a pequeños propietarios que cultivan caña y la venden a los ingenios o que arriendan las tierras a esos industriales.
"Somos víctimas de los indígenas", dice, y asegura que "el Gobierno todo lo tiene acomodado a ellos y a nosotros (los negros) siempre nos han tenido invisibilizados".

En contraposición está el indígena Luis Ernesto, quien asegura que la "liberación de la tierra no es de ahora y se remonta a sus antepasados".

"Las familias han crecido y necesitamos más tierra", dice y asegura que bajaron de la montaña a recuperar "la tierra que es la que nos da el oxígeno, nos da el agua, nos da la vida" y que esa tierra está "cansada (...) y toca dejarla descansar".

Entre tanto, Manuel Ul justifica las invasiones porque "las tierras fueron de nuestros antepasados, somos nativos de este territorio y ahora estamos recuperando lo que anteriormente fue nuestro".

Ul dice que los industriales de la caña utilizan a los negros "para que nosotros no sigamos avanzando en el proceso de la liberación de la tierra" por lo que propone buscar soluciones para "compartir el territorio".

La vía del diálogo

Para el profesor Duarte, "el recurso de invadir predios es de vieja data" y en el norte del Cauca es encabezado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que agrupa a más del 90% de las comunidades nativas de la región y "ha utilizado esa estrategia para presionar el acceso a la tierra y acelerar los procesos de reforma agraria".

Eso se debe a que en la zona hay una enorme desigualdad en la propiedad de la tierra, explica.

"Las comunidades indígenas están hacinadas en las partes altas, que son las menos productivas en la región, y tienen una expectativa de acceder a tierras en el marco del nuevo Gobierno", subraya.

Duarte, que cita cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), señala que en el Cauca hay 56.000 hectáreas sembradas con caña de azúcar, de las cuales 16.000 hectáreas están a nombre de ingenios y las demás corresponden a grandes, medianos y pequeños propietarios que las alquilan para la siembra de caña.

Y aunque "se considera que los indígenas" han pasado a ser terratenientes porque tienen grandes extensiones, los resguardos constituidos tienen alrededor de 20.000 hectáreas, mientras que hay otras 80.000 de las que "se debe averiguar cuántas están en posesión de los indígenas".

Muchas de las tierras de los indígenas están en zonas de protección ambiental y por tanto "no son tierras productivas", agrega Duarte.

Con el polvorín en que se ha convertido la disputa de tierras, Duarte aconseja que el Gobierno siga "el camino del diálogo", agilice la reforma agraria y diseñe una política de desarrollo para indígenas, campesinos y afros, así como buscar soluciones para las propiedades legalmente adquiridas que han sufrido daños por las invasiones.

La cifra

34 ocupaciones ilegales en el país reportó ayer Margarita Cabello, procuradora general de la Nación.