Las Farc reconocen el error ético del secuestro

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La paz de Colombia recibió ayer una bocanada de aire fresco con el reconocimiento de 11 exlíderes de la antigua guerrilla de las Farc de su "responsabilidad colectiva ética y política" por haber cometido secuestros durante el conflicto, en los que al menos 522 personas murieron durante el cautiverio.

Los 11 exlíderes comparecieron ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) para dar su testimonio sobre cientos de secuestros perpetrados por ese antiguo grupo armado, hoy transformado en partido político con las mismas siglas.

"Reconocemos la existencia de retenciones a civiles y asumimos en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica", afirmó al tomar la palabra el presidente del partido, Rodrigo Londoño, conocido en su época de combatiente como Timochenko.

Además, por primera vez llamó al secuestro por este nombre, si bien en ocasiones lo alternó con el de "retenciones", tal y como lo denominaron mientras estaban en armas.

Durante la audiencia, la Procuraduría General de la Nación presentó un informe que muestra que al menos 522 personas murieron mientras estaban secuestradas.

Por eso, el procurador general, Fernando Carrillo, pidió que haya "una verdadera reparación a las víctimas", lo que "exige que las familias sepan la verdad de lo ocurrido tras esa práctica macabra de financiamiento a través del secuestro".

Señaló que en sus declaraciones ante la JEP los comparecientes de las Farc "no se pueden quedar en simples relatos de casos".

"Estamos hablando de familias que tienen derecho a saber y a preservar la memoria. La reparación exige un esfuerzo conjunto para la recuperación de sus restos", subrayó el procurador.

Londoño hizo hincapié en que su participación ante la JEP supone "un acto histórico", puesto que están "realizando lo que soñamos en La Habana".

"Estamos a través de este mecanismo de la JEP respondiendo con la verdad frente a uno de los hechos que más lamentamos que se dieron en el desarrollo de esta confrontación", afirmó Londoño a periodistas tras participar en la audiencia.

El presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) resaltó que con el testimonio de los exlíderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombia dan "un primer paso" dentro de un "proceso largo" en el que se encuentran comprometidos.

Londoño acudió ante los magistrados junto a Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Jaime Parra, Rodrigo Granda, Luis Óscar Úsuga, Jesús Mario Arenas, Juan Cabrera, Milton de Jesús Toncel, Abelardo Caicedo y Julián Gallo.

Todos los exlíderes guerrilleros se presentaron con sus abogados con la idea de "acercarse a las víctimas para pedir perdón por los errores cometidos", entre los que se encuentran el secuestro.

Esta comparecencia colectiva, que estuvo precedida por ocho meses de declaraciones individuales, da al proceso de paz firmado en noviembre del 2016 una nueva bocanada de esperanza casi un mes después de que otro grupo de exjefes de las Farc anunciaran que retomaban las armas.

Ese grupúsculo lo encabeza el que fue jefe negociador de las Farc, Luciano Marín, alias Iván Márquez, junto a alias Jesús Santrich y alias El Paisa. Su anuncio supuso el golpe más duro que hasta ahora ha recibido el acuerdo.

Ante este panorama, Londoño señaló que los comparecientes desean "aportar verdad plena", por lo que en el documento dieron respuesta a interrogantes planteados por la JEP sobre cómo se cometían estos secuestros y por qué.

Primer caso

La audiencia de los 11 exguerrilleros se realizó como parte del primer caso abierto por la Justicia Especial para la Paz (JEP) que es la columna vertebral del acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc y se encarga de investigar y juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado del país. Los magistrados del tribunal estudiarán la versión de los exguerrilleros y decidirán si alguno de ellos no aportó a la verdad, por lo que se le podría imponer penas de hasta 20 años de cárcel, mientras que quienes lo hagan recibirán penas de la justicia restaurativa como obras comunitarias.