
“Yo me fui para allá a ver si no molestan los guerrilleros a la comunidad Nukak de Guanapalo. Pero tienen muy feos a los niños reclutados que están con ellos. Las madres y los papás están preocupados. Todo el día lloran. Y es que ellos (los guerrilleros) siempre los llevan con la mala. Ellos (los guerrilleros) no les piden permiso a los papás ni a las mamás”.
Esta declaración la dio hace unas semanas una indígena, menor de edad de esa comunidad, a la radio privada Marandúa Estéreo, que tiene cobertura en Guaviare. Contó cómo las Farc se llevan a los menores de esa y otras etnias, pero, como las ondas de la señal de radio, sus denuncias apenas traspasaron los límites de esa sección del país.
“Cuando uno toma cerveza y está prendido o borracho, si está caído por allá, cae en las manos de ellos (los guerrilleros). Se lo llevan. La misma tarde lo sacan. En el día o en la misma tarde lo sacan para que lo vea, una sola vez, la mamá. Y después se pierden”, añadió la menor, que hoy está bajo protección en San José del Guaviare.
Las declaraciones, aunque no han generado revuelo, prenden alarmas sobre el fenómeno, que no es nuevo. Las autoridades coinciden: las dificultades de acceso a las zonas apartadas y el temor a denunciar impiden enfrentar con mayor contundencia ese delito. Los subversivos campean en las regiones, tanto que el tema, para muchos, debería ser tratado con urgencia en la mesa de negociación en La Habana.
“Los llevan a entrenar con armas por los lados de Tomachipán, en una laguna que se llama Timicaré”, siguió la indígena. “Es muy horrible que a los niños nukak se los estén llevando. Quiero que estén con los papás, con la cultura, que no busquen armas para manejar. Eso no sirve”.
Ella también está en la mira de los subversivos. “Estaba en el caserío de Guanapalo. Hay hartísima guerrilla. Ellos siempre llegan a buscar nombre por nombre, porque quieren hacer reclutamiento con los jóvenes. Con ellos está Jhonatan, Magola, el otro muchacho que llama Diego y Armando, que son mis dos sobrinos. Y tienen a mi primo Perico y Roger. Creo que ya llegaron por mi primo Olodori y por mi prima Mayerly, porque los quieren llevar el 7 de abril. Y a mi persona también la quieren llevar, pero me volé de allá. Les eché carreta. Les dije: 'me voy a estar aquí esperándolos'”.
Las cifras
En un oficio enviado el pasado 4 de abril al alcalde de San José del Guaviare, Geovanny Gómez Criales, el defensor regional del pueblo, Trian de Jesús Zúñiga, advierte la grave situación y lo invita a seguir las recomendaciones que al respecto se hicieron en un informe de noviembre de 2012.
De acuerdo con el defensor, los niños y adolescentes en zonas de conflicto armado viven en permanente riesgo de ser reclutados de manera ilegal por los grupos armados, por la agobiante realidad, “por razones asociadas a la marginalidad y la pobreza, la violencia intrafamiliar, los malos tratos, la presencia de grupos armados ilegales y en general por la falta de condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos”.
Zúñiga recuerda que en noviembre del año pasado la Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y DIH presentó el informe llamado Reclutamiento y utilización ilícita de niñas, niños y adolescentes en el oriente colombiano: Meta, Guaviare, Guainía y Vichada. En este se indica que el registro de reclutamiento para esa subregión es de 484 casos.
El documento destaca que Guaviare ocupa el segundo lugar, después del Meta, en número de reportados (20 %): entre 1998 y 2012 en Guaviare se reportaron 97 casos.
Las Farc son el grupo ilegal de mayor incidencia en la comisión de ese delito (72 %), seguido por los paramilitares y los grupos armados que derivaron de la desmovilización de estos, que en conjunto son responsables del 28 %.
El defensor del pueblo en Guaviare admite que, infortunadamente, su despacho no cuenta con un reporte de casos por municipio. “Si bien en las notas de seguimiento al informe de riesgo para los municipios de San José, Mapiripán y Puerto Concordia se abordan los riesgos de los niños, niñas, adolescentes en la mutante dinámica del conflicto armado, parte del trabajo de elaboración de estrategias de prevención deberá pasar por el registro, documentación e informe de los casos”.
No denuncian
Una circunstancia que permite que el reclutamiento forzado de niños se mantenga es que no hay denuncias suficientes, algo comprensible si se considera la capacidad de intimidación de los grupos armados ilegales.
Precisamente, el general Jorge Enrique Navarrete Jadeth, comandante de la Brigada de Selva No. 22, que opera en San José del Guaviare y Miraflores, anunció que instauró una denuncia para que investiguen hechos relacionados con reclutamiento de menores. Se trata del caso que relató un desmovilizado con el alias de Carlos, que militó durante 15 meses en el Frente Primero Armando Ríos, de las Farc. Narró cómo fue testigo del fusilamiento de sus excompañeras menores de edad, alias Kely, Sandra Machete y Melisa, quienes habían logrado escaparse de la estructura insurgente a la que habían sido asignadas, pero fueron recapturadas por sus compañeros.
“El 70 % de los que ingresan a las filas del Frente Primero de las Farc son menores de edad. Ya después adquieren su mayoría de edad y más adelante desertan”, aseguró el oficial.
“Nuestra nueva campaña consiste en sensibilizar a las familias para que denuncien y no permitan que los niños sean llevados a la guerra. La Farc van donde las familias y les dicen: ‘Usted tiene que aportar un niño’. Eso es lo que vamos a sensibilizar para cortar esa aberración. Queremos denunciar ante el mundo que acá las Farc reclutan menores de edad y adolescentes para la guerra”.
Sí hay desmovilizaciones
En Calamar (Guaviare), otro municipio afectado por el reclutamiento junto con San José del Guaviare, Miraflores y El Retorno, en el mismo departamento, su alcalde, Giovanny Garcés Reina, admite que no se tiene una estadística de los niños llevados a la fuerza a la guerra. “Se estima que son muchos, constituyéndose este subregistro en un factor que potencia el riesgo ante el desconocimiento de la magnitud del problema”, indica el funcionario.
"Las estadísticas provienen de registros de desvinculados que cuentan sus experiencias. Así obtuvimos esta información, porque para la administración es difícil llegar a una zona donde ni siquiera el Ejército accede fácilmente”.
Sostiene que en los últimos años se han evidenciado esfuerzos que han motivado las desvinculaciones de menores de edad de los grupos al margen de la ley. “Cansados de vivir un conflicto que no les pertenece han decidido reintegrarse a la sociedad, recuperando sus vidas, sus familias y sus sueños, hecho que indica que la problemática está latente, pero que tiende a recuperarse”.
Como una estrategia para enfrentar el flagelo, la administración ha organizado ferias en las que llevan servicios, pero también educación, cultura y deporte. “Más que todo es motivar a estos jóvenes. A veces se van por falta de espacios para que desarrollen su potencial y no sean fácilmente influenciables”.
Desde la sombra en Vaupés
La situación en Vaupés no es distinta a la de los demás territorios del oriente colombiano. Una autoridad civil accedió a hablar del caso, pero pidió la reserva de su identidad. “Las quejas llegan, pero este es un territorio en donde es muy difícil para nosotros salir a campo a hacer monitoreo. Sí hay reclutamiento y es delicado, sobre todo en el alto Vaupés, lo mismo que en el municipio de Carurú, en donde más se ve afectada la población civil. Acá, para hacer monitoreo, toca con avioneta y, la verdad, no contamos con ese medio. Es delicada la situación”.
Catatumbo, rumbo a La Habana
A primeras horas de ayer despegó un helicóptero de la Cruz Roja del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, hacia la zona donde se encontraba el guerrillero Jorge Torres, alias Pablo Catatumbo, quien hará parte de la mesa de diálogo entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba).
Por su desplazamiento, desde las 7:00 p.m. del viernes pasado se suspendieron las actividades militares en un sector de los límites entre Cauca y el Valle.
Desde 2008, Catatumbo hace parte del Secretariado de las Farc, tras las muertes de Tirofijo, Iván Ríos y Raúl Reyes. Nació en Cali el 19 de marzo de 1953 y, según inteligencia militar, ingresó como guerrillero a finales de los 80 y hace parte de la segunda generación subversiva, a la que también pertenecen alias Iván Márquez, Timochenko y Joaquín Gómez.
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