Las Farc incrementan el reclutamiento de niños indígenas

“Yo me fui para allá, a ver si no molestan los guerrilleros a la comunidad Nukak de Guanapalo. Pero tienen muy feo a los niños reclutados que están con ellos. Las madres y los papás están preocupados. Todo el día lloran. Y es que ellos (los guerrilleros) siempre los llevan (a los menores de edad nukak) con la mala. Ellos (los guerrilleros) no le piden permiso a los papás ni a las mamás”.

Esta declaración la dio hace semanas una indígena, menor de edad y de esa comunidad, a la radio privada Marandúa Estéreo, que tiene cobertura en el departamento del Guaviare. La aborigen contó cómo los guerrilleros de las Farc se llevan a los menores de edad de la suya y de otras etnias, pero, como las ondas de la señal de radio, sus denuncias apenas traspasaron los límites de esa sección del país.

“Uno si quiere tomar cerveza, ellos (los guerrilleros) permanecen ahí, y cuando uno ya está prendido o está borracho, si está caído por allá, cae en las manos de ellos. Se lo llevan. La misma tarde lo sacan. En el día o en la misma tarde lo sacan para que lo vea, una sola vez, la mamá. Y después se pierden”, añadió la menor, que hoy está bajo protección oficial en San José del Guaviare.

Las declaraciones, aunque no han generado el revuelo que debieran, sí vuelven a prender las alarmas sobre el fenómeno (que no es nuevo en esa región ni en el país). Las autoridades coinciden: las dificultades de acceso a las zonas apartadas y el temor a denunciar impiden enfrentar con mayor contundencia ese delito. Los subversivos campean en las regiones, tanto que el tema, para muchos, debería ser tratado con urgencia en la mesa de negociación en La Habana.

“Los llevan a entrenar por los lados de Tomachipán, en una laguna que se llama Timicaré. Allá es que ellos entrenan las armas”, siguió la indígena. “Es muy horrible que los nukak estén por ahí, que a los niños nukak se los estén llevando ellos. A mí no me parece bien. Me parece muy horrible eso. Quiero que los jóvenes nukak estén con los papás, con la cultura, que no busquen armas para manejar. Eso no sirve”.

De acuerdo con la aborigen, los menores reclutados por las Farc reciben malos tratos. “Los niños, los jóvenes que están reclutados con ellos, dizque no saben seguir haciendo un camino, ellos no saben hacer campo, que ellos no saben disparar, que ellos no saben manejar la arma (sic). Entonces, ellos los regañan por eso. Los quieren matar porque no saben manejar la arma”.

Incluso, ella misma está en la mira de los subversivos, que se la quieren llevar. “Estaba en el caserío de Guanapalo. Hay hartísima guerrilla. Ellos siempre llegan a buscar nombre por nombre, porque quieren hacer reclutamiento con los jóvenes. Con ellos está Jhonatan, Magola, el otro muchacho que llama Diego y Armando, que son mis dos sobrinos. Y tienen a mi primo Perico y Roger. Creo que ya llegaron por mi primo Olodori y por mi prima Mayerly, porque los quieren llevar el 7 de abril. Y a mi persona también la quieren llevar. Ellos quieren venir por mí. Pero yo me volé de allá. Yo les eché carreta. Les dije: yo me voy a estar aquí esperándolos...”.

PREOCUPACIÓN DE AUTORIDADES LOCALES

Las afirmaciones de la indígena nukak a Marandúa Estéreo no están lejos de la realidad. En un oficio enviado el pasado 4 de abril al alcalde de San José del Guaviare, Geovanny Gómez Criales, el defensor regional del pueblo, Trian de Jesús Zúñiga, advierte la grave situación e invita al mandatario local a seguir las recomendaciones que al respecto se hicieron en un informe de noviembre de 2012.

De acuerdo con el funcionario, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en zonas de conflicto armado viven en permanente riesgo de ser reclutados de manera ilegal por los grupos armados, por la agobiante realidad, “por razones asociadas a la marginalidad y la pobreza, la violencia intrafamiliar, los malos tratos, la presencia de grupos armados ilegales y en general por la falta de condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos”.

Zúñiga recuerda que en noviembre del año pasado la Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y DIH y el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) presentó el informe especial sobre ‘Reclutamiento y utilización ilícita de niñas, niños y adolescentes en el oriente colombiano: Meta, Guaviare, Guainía y Vichada’, en el que evidencia cómo el registro de reclutamiento para esa subregión es de 484 casos.

El documento destaca que Guaviare ocupa el segundo lugar, después del Meta, en número de casos reportados (20 por ciento): entre 1998 y 2012 en Guaviare se reportaron 97 casos. Las Farc son el grupo ilegal de mayor incidencia en la comisión de ese delito (72 por ciento), seguido por las AUC y los grupos armados que derivaron de la desmovilización de las AUC, que en conjunto son responsables del 28 por ciento de los casos reportados.

El defensor regional del Guaviare admite que, infortunadamente, su despacho no cuenta con un reporte de casos por municipio. “Si bien en las notas de seguimiento al informe de riesgo para los municipios de San José, Mapiripán y Puerto Concordia se abordan los riesgos de los niños, niñas, adolescentes en la mutante dinámica del conflicto armado, parte del trabajo de elaboración de estrategias de prevención deberá pasar por el registro, documentación e informe de los casos”.

NO DENUNCIAN

Una circunstancia que permite que el fenómeno del reclutamiento forzado de niños siga presentándose es que no se producen denuncias, algo comprensible si se considera la capacidad de intimidación de los grupos armados ilegales.

Precisamente el general Jorge Enrique Navarrete Jadeth, comandante de la Brigada de Selva No. 22, que opera en el área de San José del Guaviare y Miraflores, anunció que instauró una denuncia ante las autoridades competentes para que investiguen hechos relacionados con reclutamiento de menores.

Se trata del caso que relató un desmovilizado con el alias de ‘Carlos’, que militó durante 15 meses en el Frente Primero ‘Armando Ríos’ de las Farc. El subversivo narró cómo fue testigo del fusilamiento de sus excompañeras menores de edad alias ‘Kely’, ‘Sandra Machete’ y ‘Melisa’, quienes habían logrado escaparse de la estructura insurgente a la que habían sido asignadas, pero fueron recapturadas por sus compañeros y asesinadas después.

“El 70 por ciento de los que ingresan a las filas del Frente Primero de las Farc lo hacen como menores de edad. Ya después adquieren su mayoría de edad y más adelante desertan”, aseguró el oficial. También anunció el inicio de una campaña contra el reclutamiento y a favor de la denuncia de esta práctica.

“La campaña consiste en sensibilizar a las familias para que denuncien y no permitan que los niños sean llevados a la guerra. La Farc van donde las familias y les dicen: ‘Usted tiene que aportar un niño’. Eso es lo que vamos a sensibilizar y cortar esa aberración. Queremos denunciar ante el mundo que acá las Farc reclutan menores de edad y adolescentes para la guerra”, aseguró Navarrete Jadeth.

SÍ HAY DESMOVILIZACIONES

En Calamar, otro de los municipios más afectados con esa problemática, junto con San José del Guaviare, Miraflores y El Retorno, en el mismo departamento, su alcalde, Giovanny Garcés Reina, admite que no se tiene una estadística de cuántos niños han sido reclutados ilegalmente.

“Aunque no se cuenta con una estadística exacta, se estima que son muchos los niños arrebatados por el conflicto a sus familias bajo la sombra de la guerra, constituyéndose este subregistro en un factor que potencia el riesgo ante el desconocimiento de la magnitud de la problemática”, dijo el alcalde.

“Por la región donde estamos la población indígena es la más expuesta. Pero por el temor de la comunidad a que tomen represalias o que atenten contra la vida de estos muchachos, a veces no es fácil que denuncien. Las estadísticas que hay provienen de registros de desvinculados que cuentan sus experiencias. Así obtuvimos esta información, porque para la administración es difícil llegar a una zona donde no llega ni el Ejército fácilmente”, agregó Garcés Reina.

Sostuvo que en los últimos años se evidencian esfuerzos que han motivado las desvinculaciones de menores de edad de los grupos al margen de la ley. “Cansados de vivir un conflicto que no les pertenece han tomado la decisión de reintegrarse a la sociedad, recuperando sus vidas, sus familias y sus sueños, hecho que indica que la problemática está latente, pero que tiende a recuperarse”.

Según cifras de la Comisaria de Familia de Calamar, para el año 2012 se dio la desvinculación de dos menores de edad y en lo que va de este año se ha producido otra.

Como una estrategia para enfrentar el flagelo, el alcalde de Calamar explicó que hacen ferias en las que llevan servicios, pero también educación, cultura y deporte. “Más que todo es motivar a estos jóvenes. A veces es la falta de espacios para que estos muchachos desarrollen su potencial y no sean fácilmente influenciables”.

DESDE LA SOMBRA EN VAUPÉS

La situación en el departamento de Vaupés no es distinta a la de los demás territorios del oriente colombiano. Una autoridad civil accedió a hablar del caso, pero pidió la reserva de su identidad.

“Las quejas llegan, pero este es un territorio en donde es muy difícil para nosotros salir a campo a hacer monitoreo. Sí hay reclutamiento y es delicado, sobre todo en el alto Vaupés, lo mismo que en el municipio de Carurú, en donde más se ve afectada la población civil. Acá para hacer monitoreo es con avioneta y, la verdad, no contamos con ese medio. Es delicada la situación para nosotros”, se quejó.