Colprensa | LA PATRIA | Bogotá
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, respondió al informe presentado por la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur). Aseguró que las cifras no coinciden con las “acordadas” con las Naciones Unidas, que muestran 54 asesinatos líderes sociales en todo el país.
El reporte oficial de la Acnur indica que en lo corrido del año se conoce la muerte de 78 líderes y miembros de organizaciones sociales lo que resulta alarmante para el organismo.
Villegas señaló, frente a esto, que los asesinatos a líderes sociales también es una preocupación para el Gobierno Nacional, pero aseguró que el tratamiento de la información se está manejando con una “ligereza que no es conveniente”.
Sobre la labor de la Fiscalía, el ministro aseguró que la entidad hace un esfuerzo para esclarecer los hechos de los asesinatos y dar con el paradero de los responsables de dichos crímenes.
Villegas reiteró que las muertes de los líderes sociales en muchas ocasiones no obedecen a grupos criminales de gran denominación, contrario a ello “la mayoría de estos casos surgen de la criminalidad pequeña de territorios que siguen siendo violentos y donde necesariamente la Fuerza Pública tiene que estar”.
El informe
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) anunció que le preocupa el aumento de los asesinatos y amenazas contra los defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios en la región del pacífico en Colombia.
El reporte oficial de la Acnur lo encabeza el asesinato del líder de la comunidad afrocolombiana, José Jair Cortés, quien perdió la vida en el departamento de Nariño.
“En total se conocen las muertes de 78 líderes y miembros de organizaciones sociales este año, y al menos 13 sospechas de asesinatos. Desde cualquier perspectiva, esto resulta alarmante”, se lee en el comunicado emitido por la agencia.
De acuerdo con el reporte de la Acnur, entre el 7 y el 12 de noviembre 46 familias fueron desplazadas de Barbacoas y Tumaco (Nariño). “Los líderes de estas áreas creen que la cantidad real de víctimas podría ser mucho mayor, ya que las personas temen denunciar los abusos”.
Para la Acnur, las demoras y los problemas en la implementación local de los principales acuerdos del Acuerdo de Paz, como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos o el desarrollo local, incrementan la incertidumbre en las comunidades, en un entorno donde la presencia del Estado sigue siendo débil.
Por último, la agencia “insta a las autoridades colombianas a implementar medidas de protección adicionales tanto para las personas en riesgo como para las comunidades afectadas”.
Más desplazamiento
Hasta 1.142 se elevó el número de indígenas obligados a desplazarse tras el asesinato del gobernador de la comunidad Docasina por la guerrilla del Eln el pasado 24 de octubre, informó la Organización de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).
Esas personas forman parte de 248 familias de 18 comunidades indígenas del resguardo Catrú, Dubasa y Aconsó, todas ellas en el municipio de Alto Baudó (Chocó), detalló la OCHA en un comunicado.
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