Las 10 propuestas de las Farc para el campo

Mientras avanzan las discusiones sobre el primer punto de la agenda entre Gobierno y Farc, desarrollo agrario integral, el grupo guerrillero continúa exponiendo sus propuestas ante la opinión pública.

Las Farc, en uno de sus últimos comunicados, le pidieron al Gobierno destinar recursos equivalentes al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) para garantizar una renta básica rural a trabajadores del campo.

En un listado de 10 propuestas, las Farc argumentaron que lo que se pretende es establecer garantías para la dignificación del trabajo y del trabajo asalariado en el campo.

En este sentido, sugieren que el porcentaje del indicador de crecimiento del país se deduzca con recursos extraordinarios del producto de una reducción del gasto en seguridad y defensa en la misma proporción.

También piden dotación de medios de producción, asistencia técnica y tecnológica, subsidios, crédito e infraestructura y precios de sustentación.

Así mismo, protección especial de violencia y despojo, de la especulación financiera, el no pago de deudas, impactos de políticas macroeconómicas y de comercio exterior, incluidos los tratados de libre comercio y los cambios inconsultos en los usos de la tierra para actividades distintas a las actividades agrícolas.

Además, la puesta en marcha de un régimen especial de pensiones rurales, público, de carácter solidario y de prima media, que garantice el disfrute del derecho a la pensión de todos los trabajadores del campo en edad de pensionarse, y una reforma laboral rural.

Aún sin que se conozca cómo marchan los diálogos en Cuba, el Ejecutivo y las Farc han hecho recientemente pronunciamientos positivos.

Desde esa guerrilla se ha dicho que un acuerdo definitivo sí se podría lograr este año, a lo que el presidente Juan Manuel Santos respondió que si las conversaciones se mantienen en el ritmo de las últimas semanas, es posible “concluir el trabajo en meses”.

Una por una

1. Renta básica rural universal e incondicional.

2. Acceso a la tierra y dotación con medios de producción.

3. Protección del trabajo rural, generación masiva de empleo y mejoramiento del ingreso.

4. Laboralización del trabajo asalariado.

5. Acceso a los sistemas de aseguramiento en salud y pensiones.

6. Provisión de condiciones básicas de bienestar.

7. Formación y capacitación.

8. Programas especiales para mujeres y jóvenes trabajadores.

9. Promoción y estímulo a formas asociativas del trabajo, basadas en la solidaridad y la cooperación.

10. Estímulo a la organización sindical y protección especial a los sindicatos y organizaciones agrarias.

Reformarán la Defensoría

Con el propósito de contar con una entidad que responda a las condiciones que se deriven de la eventual firma de un proceso de paz, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, radicó este viernes ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de ley que busca reestructurar este órgano del Ministerio Público.

La iniciativa busca darle facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura orgánica de la entidad y convertirla en una institución moderna, eficiente y que responda a los actuales retos que enfrenta el país en materia de protección y promoción de los derechos humanos, según la argumentación oficial.

Esta es la primera vez, en los 20 años de historia de la Defensoría, que se propone un ajuste institucional de esa magnitud.

Otálora Gómez, que estuvo acompañado por el ministro del Interior, Fernando Carrillo, destacó que el país requiere una entidad robusta y capaz de responder a los retos que imponen las actuales condiciones del conflicto interno o de las tareas que impone la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, entre otras.

La UP reclama garantías ante elecciones

Militantes del partido de izquierda Unión Patriótica (UP), del que más de 4 mil miembros fueron asesinados desde 1985, reclamaron ayer una reparación integral y garantías de participación política para los movimientos opositores, ante su posible participación electoral en 2014.

Durante la presentación del quinto Congreso del partido, que se celebrará del 13 al 15 de septiembre en Bogotá, el portavoz y abogado Jorge Salcedo declaró que su candidatura está pendiente del fallo del Consejo de Estado en el que se dictaminará si la UP puede recuperar la personalidad jurídica que perdió en 2002.

"En las elecciones parlamentarias de 2002 la UP no presentó candidatura porque habían matado a candidatos, congresistas y militantes; como obtuvo cero votos, el Consejo Nacional Electoral le quitó la personalidad jurídica", explicó Salcedo.

La UP nació en 1985 como parte de un acuerdo entre el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) y las Farc, en el primer proceso formal de paz entre ambas partes, que finalmente fracasó.

Desde entonces el partido sufrió un exterminio sistemático de sus militantes y simpatizantes, entre ellos dos candidatos presidenciales: Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal, a manos de paramilitares, fuerzas de seguridad del Estado y narcotraficantes.

"Necesitamos que la personalidad jurídica sea devuelta a la UP, no es justo que un Estado que mata a sus dirigentes y sus militantes, que los saca al exilio, le quite también la posibilidad de hacer política", denunció la portavoz del partido Nelda Forero, quien además reclamó la creación de una "comisión garante de la reparación integral".

Aunque declaró que "la UP nunca ha muerto", Forero reconoció que en la actualidad el partido se encuentra acéfalo y busca "una reestructuración organizativa" que le lleve a determinar su candidato presidencial para 2014 en el V Congreso, más de una década después del último encuentro.

Preguntada por la participación de las Farc en el partido si se logra un acuerdo de paz, insistió: "no somos las Farc", sino el resultado del intento de un proceso de paz. Y agregó: "la decisión que tomaron los que están alzados en armas es una decisión de ellos que deben resolver ellos".