Colprensa | LA PATRIA | Bogotá
La Sección Quinta del Consejo de Estado tiene en sus manos nada menos que el futuro de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación.
De tres demandas presentadas y acumuladas, el argumento que recoge la ponencia del magistrado Alberto Yepes es que el Senado no podía reelegir a Ordóñez, porque si bien la Constitución no prohíbe la reelección, tampoco la permite.
Esa fue la tesis de la demanda del jurista Carlos Mario Isaza y la que podría tumbar del cargo a Ordóñez. Isaza dijo que espera que así suceda y criticó la intención de unos magistrados –“afines al Procurador”- que quieren llevar el caso a Sala Plena.
Se conoció que la ponencia recoge su argumento, ¿cómo lo recibe?
Con satisfacción porque la ponencia recoge el cargo que formulé en mi demanda contra el acto de reelección del Procurador, en el sentido de que la reelección de ese funcionario no está autorizada ni constitucional ni legalmente y, por lo tanto, no se podía hacer.
¿Por qué para los servidores públicos lo que no está en la Ley, está prohibido, si se entiende que si no está prohibido se puede hacer?
Porque el artículo 121 de la Constitución que regla la competencia dice que no pueden hacer lo que está prohibido y no pueden hacer lo que no se les está autorizado jurídicamente. Es decir, el servidor público, a diferencia del particular, tiene reglado todo su marco de acción. Entonces eso de hacer una defensa de la reelección sobre la base de que no está prohibido, es totalmente equivocado.
La Sala Plena ya en abril dijo que no iba a tratar ese tema, pero ahora hay magistrados que quieren que el caso pase a la Sala Plena y salga de la Sección Quinta…
¡No! Sería una medida cuestionable porque yo en dos oportunidades, bajo la presidencia del doctor (Alfonso) Vargas (el año pasado) y ahora bajo esta presidencia de la doctora (María Claudia) Rojas, hice esa petición por importancia jurídica y contestaron que no se ameritaba y que no asumían el conocimiento.
Ahora que por razón de la ponencia que se radica, magistrados afectos al procurador ven amenazada la permanencia de este en el cargo, quieren pasarlo a Sala Plena pero entrarían en contradicción con lo que ya resolvieron y que marca un derrotero para el marco del proceso.
¿Hay entonces interés político en ese cambio a Sala Plena?
No me extrañaría porque desde la escogencia misma del candidato Ordóñez por la Corte Suprema de Justicia, a puerta cerrada, sin que mediara convocatoria pública, se han sucedido una serie de irregularidades que concluyeron con su reelección como Procurador General.
Se rumora que hay una intención política en sacar al Procurador del cargo, ¿es así de su parte?
El debate es eminentemente jurídico y el juicio que se está haciendo sobre el acto de reelección es de legalidad objetiva. Esos reparos si fueran ciertos tampoco descalificarían la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que se adopta bajo consideraciones jurídicas.
¿Debería haber una reforma para que se prohíba o se permita expresamente la reelección del Procurador?
Sí. Creo que la reelección es perniciosa, desfigura la balanza de pesos y contrapesos y genera una serie de prácticas que afortunadamente el control ciudadano y mediático han identificado oportunamente.
Defensa confía en un fallo a su favor
El abogado Miguel González, quien defiende los intereses del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, aseguró que en el proceso que se adelanta en el Consejo de Estado en contra de la reelección de su cliente, ya se había presentado una ponencia distinta a la que se conoció y que va en el sentido de sacar a Ordóñez del cargo.
Según señaló González, la anterior ponencia no tocaba el argumento que presenta el nuevo documento, en el sentido de que si bien la Ley no prohíbe la reelección, tampoco la permite.
No obstante, el abogado dijo no conocer en qué sentido iba esa ponencia pero sí reiteró que la información que él tiene es que “había una ponencia que se cambió ahora”.
Además, González cuestionó la filtración de la ponencia del magistrado Yepes al señalar que en el Consejo de Estado “ha sido imposible establecer mecanismos que lo impidan”.
El abogado del procurador desestimó el argumento del demandante Carlos Mario Isaza, que apunta a que la reelección no está permitida ni autorizada y que los servidores públicos no pueden hacer lo que no está prohibido.
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