La olla de la presión social explota

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
Las protestas contra la hundida reforma tributaria del Gobierno nacional derivaron en la peor crisis política y social que enfrenta el presidente, Iván Duque, y dejan 16 muertos y 700 heridos sin que se vislumbre una salida en el horizonte.

Las movilizaciones sociales que comenzaron en noviembre del 2019 en protesta contra la política económica de Duque resurgieron con fuerza la semana pasada después de un paréntesis de más de un año por la pandemia de covid-19 que empobreció a miles de familias, y el detonante fue el controvertido proyecto de reforma tributaria.

A raíz de la pandemia la pobreza monetaria en Colombia subió el año pasado 6,8 puntos con respecto a 2019 y se situó en el 42,5%, lo que significa que el número de pobres del país aumentó en 3,6 millones de personas al pasar de 17,4 a 21 millones, según el Departamento Administrativo de Estadística Nacional (DANE).

En ese contexto, una draconiana subida de impuestos, que afecta principalmente a la clase media y los que menos ganan, prendió la mecha de la indignación popular y a las manifestaciones convocadas por los sindicatos se sumó gente de todas las condiciones sociales, en un movimiento que después de seis días de movilizaciones callejeras parece imparable.

Reclamo de movimientos sociales
“El Gobierno nacional ha tenido la posibilidad de atender y resolver los reclamos de las grandes movilizaciones realizadas desde el 21 de noviembre del 2019 y de los acuerdos incumplidos con el pueblo y sus organizaciones, pero nunca se dispuso a instalar una mesa de negociación y concertación”, denunció ayer el Comité Nacional de Paro, convocante de las manifestaciones.

Con la reforma fiscal, el Gobierno aspiraba a recaudar 23,4 billones de pesos para mejorar el estado de las finanzas públicas y dar continuidad a los programas sociales para los más pobres, pero ante el amplio rechazo popular Duque no tuvo más remedio que ordenar el domingo su retirada del Congreso, dos semanas después de haberlo presentado.

La reforma fiscal, aunque necesaria, según expertos económicos, es inconveniente en momentos de crisis como el actual, algo que el propio presidente reconoció hace menos de un año, pese a lo cual defendió con uñas y dientes el actual y controvertido proyecto.

“Hacer una reforma tributaria en este momento en que tenemos la pandemia, que está golpeando a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, a la clase media, a la clase alta, a las clases más vulnerables, es suicida”, dijo Duque el pasado 4 de agosto en un foro de la Red Iberoamericana de Prensa Económica.

“Consensos” excluyentes
El Comité Nacional de Paro también recordó que aunque Duque habló ayer de “consensos” para presentar otro proyecto de reforma al Congreso, una vez más no los tuvo en cuenta.

“Eso muestra el carácter antidemocrático de este Gobierno del presidente Duque, que no le gusta el diálogo con quienes pensamos diferente. A él le gusta el diálogo con quienes son afines a su política”, manifestó en una rueda de prensa el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés.

Pese a que el movimiento sindical no convocó protestas para ayer sino para el miércoles, la tensión sigue en las calles del país con protestas de taxistas y camioneros, así como de jóvenes contra la violencia policial.

Según la Defensoría del Pueblo, la violencia asociada a las protestas deja 16 muertos, así como 254 civiles y 457 policías heridos, pero otras fuentes señalan que esas cifras se quedan cortas.

“Al momento tenemos 1.089 casos de violencia policial, dentro de los cuales hemos podido identificar al menos 124 heridos de violencia, 726 detenciones arbitrarias, seis hechos de violencia sexual, 27 homicidios, 12 jóvenes han perdido sus ojos y más de 45 defensores de derechos humanos se les ha limitado su posibilidad de ejercer ese trabajo”, denunció Martha Alfonso, vicepresidenta de Fecode, el sindicato de maestros.

Según Maltés, el Gobierno “siempre estigmatizó y actuó con violencia contra los manifestantes”, y aunque “en sus manos estuvo evitar esta tragedia, pesó más la soberbia, sordera y pésima empatía para resolver las necesidades y urgencias de la población colombiana”.

Mientras la tensión reina en las calles por la violencia y los cuantiosos daños materiales causados al comercio, el presidente busca con sus aliados políticos salidas a la crisis, que tiene en la cuerda floja como villano de esta historia al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla,  quien ayer  renunció.

Petro, Barreras y López piden cesar actos violentos

El denominado Pacto Histórico, en el que están como precandidatos presidenciales Gustavo Petro, de Colombia Humana; Roy Barreras, senador que militó en el Partido de la U, y Alexánder López, senador del Polo Democrático, pidieron ayer varios aspectos al gobierno de Iván Duque y a las directivas de las protestas nacionales.

Petro aseguró que Duque debe derogar la reforma tributaria del año 2019, que está desfinanciando el Estado al permitir la emisión de títulos de deuda pública para grandes inversionistas que buscaban dividendos, y según él es lo que está desfinanciando el Estado, agravado con la llegada de la covid-19.
Barreras le pidió retirar la militarización de las ciudades y la reforma a la salud, que la impulsa como negocio.

López sostuvo que el Pacto Histórico apoya la protesta pacífica, pero rechazó los actos vandálicos y violentos, en especial la asistencia militar en los territorios. “Hacemos un llamado a quienes dirigen la movilización para que permitan corredores humanitarios y den paso a insumos médicos, personal de salud, alimentos y todo lo que requiere la población. Exigimos que se instale una mesa de diálogo con las organizaciones sociales que dirigen la protesta pacífica para encontrar de nuevo la normalidad”.