El Consejo de Estado determinó que se deben reparar las víctimas de desplazamiento forzado que lleguen a causar integrantes de las Fuerzas Armadas como consecuencia de amenazas o intimidaciones.
La Corporación advirtió a la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas que no interprete que la Fuerza Pública no puede generar desplazamientos forzados y señaló que tiene que entregarles ayudas humanitarias a los afectados.
La determinación del Consejo de Estado se produjo al analizar una tutela presentada por una persona que tuvo que desplazarse de su lugar de vivienda en Santander, ya que luego de entrar información a las autoridades sobre un jefe guerrillero en 2008, fue acusada de ser colaboradora de las Farc.
Así, esa persona fue amenazada por miembros del Ejército y tuvo que salir huyendo con sus cuatro hijos y una persona de la tercera edad.
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