EFE|LA PATRIA|BOGOTÁ
Colombia aspira a triplicar las exportaciones no mineras hacia la Unión Europea (UE) en la próxima década como consecuencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado hoy en Bruselas, junto a Perú, según el ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados.
En conversación telefónica con Efe desde la capital belga, Díaz-Granados adelantó que las ventas de productos no mineros actualmente suponen unos 13 mil millones de euros.
"Las exportaciones no mineras son el 75% del total y nuestro reto es triplicar el otro 25% en los próximos 10 años" en la UE, un mercado de más de 500 millones de consumidores, explicó el ministro.
Díaz-Granados y el comisario de Comercio de la Comisión Europea, Karel De Gucht, firmaron el acuerdo, considerado como el segundo más importante de la agenda comercial en la historia colombiana, seguido por el de Estados Unidos, en vigor desde mayo pasado.
Asimismo explicó que, si bien Colombia "goza de un sistema general de preferencias, que es un acceso temporal con beneficios a la UE, a partir del 2013 existía el riesgo de quedar sin ese sistema y por eso se negoció el acuerdo, que va a dar estabilidad" a ese mercado.
El titular de Comercio destacó que el TLC con los europeos "resuelve asuntos como el del banano, que tiene tratamiento especial y beneficia el empleo" en zonas productoras de esa fruta en el norte de Colombia, como la conflictiva región de Urabá. El ministro también adelantó que las inversiones de la UE en Colombia se incrementarán.
"La inversión, de hecho, se ha quintuplicado en los últimos años. Las empresas europeas son las mayores generadoras de empleo en Colombia y adicionalmente recibimos inversionistas porque nuestra economía está creciendo. En el último año crecimos el 4,7% y en la próxima década el 5%", dijo Díaz-Granados a Efe.
Por eso, "aspiramos a una mayor inversión", subrayó, al recordar que la UE es el segundo inversor extranjero en Colombia.
En el 2011, sin contar las inversiones europeas en el sector petrolero, alcanzaron los 1.020 millones de dólares, 724 millones más que en el año anterior.
Díaz-Granados también envió un mensaje a los sindicatos europeos que han denunciado violaciones a derechos de los sindicalistas colombianos y que pusieron trabas a la aprobación del TLC.
"El Gobierno está empeñado en mejorar permanentemente el clima laboral en el país, ha suscrito todos los convenios sobre protección de derechos humanos de Naciones Unidas y sobre derechos del trabajador en la OIT (Organización Internacional del Trabajo)", aseveró.
También dijo que hay "unos mecanismos de diálogo de los trabajadores con el Gobierno y la sociedad civil, en los que la misma UE participa para garantizar sus derechos".
"El compromiso del Gobierno es indeclinable para combatir cualquier forma de impunidad en los delitos cometidos contra los sindicalistas colombianos", remarcó el ministro.
En la misma entrevista, Díaz-Granados afirmó que el TLC con la UE es un "gana gana", aunque reconoció que para algunos sectores la competencia "será más fuerte".
Se refirió en concreto a los lácteos, para los que "se pactó una desgravación de 18 años", lo que "permite maniobrar con suficiente antelación para corregir vicios y defectos en la productividad".
Según el comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, el Parlamento Europeo votará este año la aprobación del TLC con Colombia, y si emite un "dictamen conforme" y hacen lo propio las instituciones de Colombia y Perú, empezará a aplicarse de forma provisional hasta que los legislativos nacionales de los Estados miembros de la UE adopten el texto en una fase posterior.
El objetivo del acuerdo es eliminar aranceles en los productos industriales y pesqueros, ampliar el acceso al mercado de productos agrícolas y mejorar el acceso a los contratos públicos, los servicios y los mercados de inversión.
Además, reducirá aún más los obstáculos técnicos al comercio y establecerá disciplinas comunes, entre otras cosas, en materia de derechos de propiedad intelectual, transparencia y competencia.
Incluye también cláusulas para la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho, así como compromisos para aplicar efectivamente los convenios internacionales en materia de derechos laborales y protección del medio ambiente.
Las organizaciones de la sociedad civil también tendrán garantizada participación sistemática en el control de la aplicación de dichos compromisos, que también estarán sujetos a un sistema de arbitraje, indicó la Comisión.
De Gucht dejó claro que el tratado prevé su suspensión unilateral si alguna de las partes observa violaciones de los derechos fundamentales.
Para ello, se creará un órgano que vigilará el cumplimiento de los derechos laborales y medioambientales. En la UE, si se da cuenta de irregularidades, el acuerdo podría ser suspendido a propuesta de la Comisión y con el respaldo de una mayoría cualificada de los países en el Consejo, explicó.
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