LA PATRIA | MANIZALES
El abogado Fernando Carrillo Flórez, procurador General de la Nación, habla del papel que tendrá este organismo en los próximos comicios en Colombia, que serán en 21 días.
Hace llamados a los partidos, a los políticos y hasta a las entidades bancarias, pero el principal es para los ciudadanos para que usen bien su voto.
LA PATRIA le envió un cuestionario de preguntas, que Carrillo Flórez respondió vía correo electrónico.
Voto limpio
- Como estrategia para vigilar la comisión de delitos en las elecciones que se avecinan a Congreso y Presidencia de la República han hablado de la cartilla de Control Electoral, ¿en qué consiste y cómo puede acceder a ella el ciudadano?
La cartilla es un texto virtual al que puede acceder cualquier ciudadano. Contiene temas como el manual de requisitos para acceder a los cargos de elección popular, las inhabilidades e incompatibilidades, las conductas disciplinarias por indebida participación en política y los delitos sobre los mecanismos de participación democrática; igualmente las principales tareas que deben cumplir los funcionarios de los entes de control y las autoridades en cuanto a la vigilancia de la logística electoral, inscripción de cedulas, financiación de campañas, propaganda electoral, inscripción de candidatos, jurados y testigos electorales; así como las tareas durante la jornada electoral.
- También contemplan el Manual de Control a los Escrutinios, una vez pasado el día de las elecciones, ¿cómo funcionará y quiénes lo aplicarán?
Busca garantizar la transparencia en ese proceso tan decisivo para la democracia. Contiene el procedimiento, las causales de reclamación, el agotamiento del requisito de procedibilidad, el momento en que deben alegarse, la legitimación, y las tareas que deben cumplir los funcionarios del Ministerio Publico en el desarrollo de esa etapa poselectoral. Estos textos virtuales pueden ser consultados en www.procuraduria.gov.co en el link control electoral.
- Qué esperan con la campaña Vota Limpio, ¿cómo pretenden hacer que los votantes la conozcan y la implementen?
Esperamos contribuir a reducir la abstención, promover el voto a consciencia, derrotar los viejos vicios que impiden el fortalecimiento de la democracia, contribuir a la formación de nuevos liderazgos, relegitimar el sistema político y recuperar la confianza en las instituciones. Esta campaña responde a la ola de indignación ciudadana contra la corrupción. Debemos romper el maridaje entre políticos y contratistas. De cada uno depende que Colombia espante en las urnas los fantasmas del populismo y el autoritarismo. La invitación de la Procuraduría es a destituir en las urnas a los corruptos. Hay que sanear la democracia votando limpio.
Tarea pendiente
- Por la Procuraduría pasó el chequeo de antecedentes de los candidatos a Congreso, ¿qué encontraron en el país?, ¿y en Caldas?
La Procuraduría está cumpliendo un papel decisivo en la erradicación de las viejas prácticas políticas. Hay que quitarle la política a los corruptos. El pasado 22 de diciembre, con el reporte de Control Electoral se puso en conocimiento del Consejo Nacional Electoral la lista de personas inhabilitadas para aspirar a Senado y Cámara. Arrojó 19 personas inhabilitadas para ejercer el cargo de congresista, pero esta información no contiene el departamento del aspirante, pues la base datos suministrada por la Registraduría no la aporta. Además realizamos 37 visitas en 6 departamentos a 11 partidos políticos y detectamos incumplimientos en el manejo de la cuenta única, el control de la publicidad exterior y la utilización del sistema que permite conocer el origen de los aportes recibidos. El llamado a los partidos, campañas y candidatos es a que cumplan la legislación electoral.
- ¿Cómo están las entidades públicas en Caldas frente al cumplimiento de la Ley de Garantías Electorales? ¿Se justifica mantener esa ley cuando ya no existe la reelección presidencial?
Observamos con mucha seriedad el cumplimiento de la Ley de Garantías. La propia Procuraduría está dando ejemplo en ese tema. Las procuradurías provinciales y regionales de Caldas tienen la orden de hacer una rigurosa vigilancia de la normatividad electoral. Con o sin reelección presidencial es menester mantener los ojos abiertos para impedir que los dineros públicos sean la caja menor de los corruptos en tiempos electorales.
- ¿Cree que ya es tiempo de que en Colombia se les permita a los funcionarios públicos hacer política, con reglas y un adecuado control?
Una tarea pendiente de Colombia es una reforma política integral que dé mayor claridad y ofrezca mayores garantías de participación de los funcionarios públicos en los procesos electorales. El país necesita avanzar hacia esa dirección ¿Cuánto falta para llegar ahí? Depende de la madurez política de los ciudadanos y de la fortaleza de nuestra democracia, con controles y contrapesos que impidan el abuso del poder de los funcionarios públicos a favor de una u otra campaña política. Hay que advertir que en aras de ampliar la participación, el país no puede caer en aventuras populistas o autoritaristas que pongan el Estado al servicio de una ideología dominante. Una reforma del Estado de ninguna manera podría permitir ese exabrupto.
-¿Le gusta la idea de eliminar la ley seca en elecciones?
No hay que tenerle miedo a la democracia y hay que confiar en la autorregulación de la ciudadanía y su responsabilidad frente a esos momentos decisivos. Esa será una prueba de fuego para la ciudadanía.
Ojo avizor
- Hicieron un llamado al papel de las instituciones financieras, obligadas a cumplir con lo previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como prevención a las actividades delictivas para las elecciones e informar de cualquier operación sospechosa de retiro de dinero en efectivo. ¿Qué reportes han tenido?
Hemos denunciado que 62% de las campañas al Congreso no han realizado la apertura bancaria de la cuenta única; el 70% de los candidatos no maneja sus ingresos a través de esa cuenta, pese a ser una obligación legal; el 30% de los aspirantes al Congreso que la abrieron la manejan solo de manera parcial, y el 100% de las campañas auditadas manifestaron dificultad en su apertura. Además, 76% de las campañas no lleva control de su publicidad exterior; solo el 25% de los candidatos tiene permiso de los alcaldes para instalarla y en un alto porcentaje se han violado las normas de la publicidad exterior. A pesar de ello, la Procuraduría no tenido reportes de manejo sospechoso de dinero en efectivo.
- Pretende investigar a los representantes de las EPS aduciendo que ellos, a pesar de ser entidades privadas, manejan recursos públicos, ¿no abriría esto un campo de acción demasiado amplio para la Procuraduría?
Las EPS prestan un servicio público a cargo del Estado y administran recursos públicos. Esto hace que por mandato jurídico, los representantes legales y los miembros de juntas directivas de estas entidades sean sujetos disciplinables. Los dineros de la salud no cambian su naturaleza pública por ser administrados por una empresa privada, ni el servicio público deja de ser tal, por ser gestionado por un particular. El derecho fundamental a la salud de los colombianos es un compromiso y una prioridad para la Procuraduría y seguiremos actuando de manera contundente, sin importar cuán amplio sea el campo de acción.
Casos en Caldas
* Solicitud al Consejo de Estado para aplicar la pérdida de investidura de la representante Luz Adriana Moreno, del Partido de la U, por no asistir a más de seis sesiones y no haber votado en varias de ellas.
"Se adujo que la inasistencia a la que se refiere la causal de perdida de investidura se configura no solo con dejar de ir a seis sesiones plenarias en las que se voten proyectos de ley, de acto legislativo o de moción de censura en el mismo período legislativo, sino también con el hecho de abstenerse de cumplir con el deber funcional de votar en dichas sesiones. Si bien la representante demandada asistió a la mayoría de las sesiones plenarias a las que fue citada, en cada uno de los períodos que integraban las legislaturas comprendidas del 20 de julio de 2015 al 20 de junio de 2016, y entre el 20 de julio de 2016 y el 20 de junio de 2017, lo cierto es que en seis o más sesiones plenarias de cada período dejó de votar todos los proyectos de ley que hacían parte del orden del día, omitiendo el cumplimiento de su deberes funcionales de congresista que le imponían la obligación de asistir y de votar".
* Suspensión por tres meses al director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en Caldas, Heynar Jaramillo Aragón, por no haber respondido unas tutelas.
"La Procuraduría Regional Caldas lo suspendió de manera provisional por la presunta falta disciplinaria de no responder 6 mil 950 derechos de petición de ciudadanos. Además no contestó dentro del término legal, peticiones desde el año 2013, de donde se tiene que existieron peticiones que fueron resueltas en un término superior a 540 días. La suspensión provisional fue revocada en grado de consulta por la Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Se encuentra laborando desde hace dos semanas. En este momento el proceso continúa en etapa probatoria".
* Investigación al alcalde de Villamaría, Juan Alejandro Holguín, por supuesta participación en política durante el proceso de solicitud de revocatoria de su mandato.
"La Procuraduría Provincial de Manizales adelanta actuación disciplinaria, que se encuentra en etapa probatoria. Se destaca que el quejoso no ha querido ratificar y ampliar su denuncia, a pesar de que se le han enviado múltiples requerimientos".
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