La eterna puja del salario mínimo

A pocos días de que inicie la puja por el aumento al salario mínimo legal (SML) del próximo año, distintos sectores hacen sus propuestas sobre cuál debería ser el pago que cada mes reciban los 1.166.565 trabajadores colombianos que tienen esa asignación.

El centro de investigación económico y social Fedesarrollo ha manifestado que es tiempo de que Colombia evalúe la posibilidad de establecer un salario mínimo regional, pues ello “incrementaría las posibilidades de empleo formal a los trabajadores de las regiones con menor productividad”.

La propuesta no ha caído en tierra fértil en sectores como la Asociación Nacional de Instituciones Financiera (ANIF). Su vicepresidente, Alejandro Vera, considera que, en dicho caso, “no se puede bajar el salario a unas regiones para que haya una diferenciación, hay que subírselo y, si se sube más de lo que está estipulado, lo que va a generar es informalidad y desempleo”.

A la par, el senador del Polo Democrático Mauricio Ospina se refirió a la propuesta para decir que: “Hay que buscar la forma en que más se favorezcan las comunidades, entendiendo los diferentes niveles de vida en el país, pero sin ir en declive de las mejoras alcanzadas. Ojalá se hiciera un salario diferencial positivo para esas ciudades que son tan costosas, pero no podemos permitir que bajo este argumento la gente de regiones con menor costo de vida se vean perjudicadas por esa diferenciación”.

El salario mínimo en el país es definido teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la meta de inflación para el siguiente año, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y la productividad de la economía.

Bajo esa fórmula las agremiaciones, trabajadores y el Gobierno Nacional, que conforman la comisión de políticas laborales y salariales; se reúnen cada diciembre a discernir, negociar y concertar cuál debe ser el aumento para el año siguiente.

Dicho esquema, según el congresista Ángel Custodio Cabrera, “hay que replantearlo”, pues “el Gobierno Nacional debe revisar el procedimiento para el cálculo del salario mínimo e incluir una cantidad de factores que permitan avanzar más y mirar cómo de alguna manera el SML lo podemos hacer mucho más rentable”.

Para el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Luis Alejandro Pedraza, “el modelo está bien concebido, porque está sobre la base del tripartismo”. Sin embargo, dijo, “en la práctica los empresarios y el Gobierno hacen causa común y éste último no hace el papel de garante, sino el de estimulador a las posiciones de las agremiaciones, pues le importa mucho el control de la inflación”.

Otro de los factores que no le cuadran al presidente de la CUT es la facultad que tiene el Ejecutivo para fijar el salario mínimo por medio de decreto, lo que sucede con mayor frecuencia, pues de las últimas catorce negociaciones, en diez el Gobierno ha utilizado dicho mecanismo, luego de no lograrse una concertación entre las partes.

“Eso siempre ha significado que los empresarios fijan su posición, se paran en ella y como los trabajadores no la aceptamos, pues el Gobierno decide el incremento fácilmente”, apuntó Pedraza.

Pese a la aparición de opiniones que piden revisar el mecanismo para el reajuste del mínimo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, aseguró que el Gobierno “en este momento no tiene previsto cambios metodológicos” y que está haciendo los estudios y trabajos basados “en la metodología que está definida en la Ley”.

¿AUMENTO DE CUÁNTO?

Más allá del debate sobre la forma en que fija la remuneración vital de los colombianos, la preocupación mayor gira en torno a cuánto debe ser el aumento para el 2014.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras ha dicho que el aumento no debería pasar del 3,9 por ciento, puesto que, según ANIF, un reajuste superior generaría “perversos” efectos sobre la generación de empleo formal y la competitividad de Colombia. Además, dice que representaría un riesgo para la formalización laboral durante el 2014-2015.

Fedesarrollo, entre tanto, propone un aumento del 3 por ciento, al considerar que éste es el incremento que más se ajusta con los objetivos de empleo, crecimiento económico y reducción de la pobreza.

Desde el seno del legislativo, el representante Ángel Custodio Cabrera dijo que el aumento del mínimo debe ir en la misma dirección del crecimiento y el buen momento que atraviesa la economía del país, por lo que le apostó a un incremento del 5 por ciento.

“Si lográramos terminar el año con un crecimiento económico superior al 4 por ciento, creería que el salario mínimo debe ir en esa misma línea y que debe estar por encima del 5 por ciento”, señaló. Además, instó al Gobierno a apostarle a un reajuste justo para los trabajadores: “El Gobierno tiene que hacer un cálculo real y reconocerles lo que tiene que ver con la productividad”.

Aunque no hay apuestas coincidentes entre los analistas más consultados, ninguna se ajusta a lo anhelado por los trabajadores, pues el presidente de la CUT aseveró que el aumento debería ser del 11 por ciento, ya que esa cifra permitiría recuperar el poder adquisitivo que ha perdido el salario mínimo en la última década.

El Gobierno no se ha pronunciado sobre cuánto estaría dispuesto a incrementar el SML, sólo el vicepresidente, Angelino Garzón, instó al Ejecutivo a ser igual de generoso con los trabajadores como con los congresistas, refiriéndose al decreto que les devolvió a los parlamentarios la prima de salud y localización.

Mientras tanto, el jefe de la cartera de Hacienda aseguró que “vamos a tener nuestros puntos de vista preparados para entrar al diálogo directo, con la expectativa y la confianza de que este año podamos llegar a una solución concertada”.

Se estima que el debate de este año gire en torno a si el buen momento que atraviesa la economía del país se verá reflejado en el incremento porcentual del mínimo y sobre si la coyuntura electoral podría influir en la propuesta con la que llegue el Gobierno a la comisión tripartita.

(((DATO)))

Según el Ministerio del Trabajo, el Salario Mínimo Legal en el país representa el 60% del producto interno bruto -PIB- per cápita mensual; por encima del de México (20% del PIB per cápita mensual), Brasil (31%), Chile (38%) y Argentina (45%).