Con el objetivo de llegar a las zonas más afectadas por el conflicto, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la política de lucha contra la corrupción, que adelanta el Gobierno Nacional, tendrá un enfoque más territorial y sectorial.
Precisamente el capítulo colombiano de Transparencia Internacional, movimiento líder en la lucha contra la corrupción, le entregó al jefe de Estado un documento con los principales lineamientos para esta política durante el próximo cuatrienio.
El texto contempla las diversas formas en las que la corrupción se manifiesta en el país a través de la gestión de decisiones y de recursos públicos y privados, mencionados en el indice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional para el año 2013.
Así las cosas, además de señalar recomendaciones, advierte sobre problemáticas estructurales que facilitan la corrupción en el país, fenómeno que busca erradicar el gobierno en su carrera por construir un escenario de postconflicto.
Para la organización, uno de esos problemas es la falta de transparencia en el sistema político y electoral, así como el conflicto de intereses y las debilidades del sistema de pesos y contrapesos del Estado colombiano.
Para Elisabeth Ungar, Directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia, esta información se entrega con el propósito de fortalecer la corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad en la construcción de políticas efectivas para la lucha contra la corrupción.
“Con el documento de política pública también reiteramos nuestra disponibilidad para hacer los aportes que se consideren pertinentes de cara a erradicar la corrupción y alcanzar un país más justo, transparente e íntegro”, dijo Ungar.
LAS SOLUCIONES
Respecto a la financiación de los procesos electorales, el movimiento plantea limitar los ingresos privados a las campañas, así como la reglamentación de los aportes de financiadores privados y el estricto control a la utilización de recursos del Estado para campañas electoral.
En cuanto al fortalecimiento del sistema político, aseguran que deben impulsarse medidas para la reforma política, como el diseño de un Estatuto de Oposición, la reglamentación del cabildeo y la elaboración de un sistema óptimo de divulgación de acuerdos entre congresistas y el poder ejecutivo.
Finalmente, proponen elaborar un mapa de riesgos de corrupción para consolidar el manejo de los recursos del postconflicto, para fortalecer entre otras cosas, el control de la ciudadanía.
“Es indispensable que se adopten mecanismos de autorregulación para generar un entorno favorable que facilite alianzas público-privadas y la atracción de nuevas inversiones que favorezcan el desarrollo local”, planteó el movimiento.
Finalmente, de cara a las elecciones territoriales de 2015, se propuso establecer un plan de acción para minimizar riesgos de corrupción en la financiación de las campañas.
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