COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá
Un reciente estudio realizado por el Centro de Proyectos para el Desarrollo - Cendex, de la Universidad Javeriana, a petición de la Procuraduría General de la Nación, reveló que si bien la mayoría de colombianos repudia la corrupción pública, muchos tienen la costumbre de infringir las normas en su vida personal.
Para el estudio se tomó una muestra de 1.705 servidores públicos de 14 entidades territoriales del país, así como de representantes de las veedurías ciudadanas, líderes comunitarios, integrantes de organizaciones de la sociedad civil. El análisis demostró que las circunstancias de cada quien influyen sobre la relación entre una persona y las normas que le rodean.
El término “normas” no solo hace referencia a las normas formales como las leyes y los reglamentos internos de cada institución, sino también a las informales, como el comportamiento en sociedad y el respeto a vecinos y amigos.
Entre los encuestados se encontró que la mayoría rechazó de manera contundente la corrupción y mostró una percepción negativa de políticos, servidores públicos y de las instituciones involucradas en estos hechos, reconociendo el daño social que producen.
Adicionalmente, cuando se indagó por el comportamiento personal de cada quien, la autovaloración fue muy positiva. De acuerdo con el estudio, para los encuestados “los pequeños actos de ilegalidad de la vida cotidiana” como colarse en una fila, llevarse algunos materiales de la oficina para la casa o fingir enfermedad para no ir al trabajo no son reconocidos como acciones de transgresión de las normas que generen daño alguno.
Así, el estudio demuestra que el problema de la corrupción en Colombia no es solo un asunto que corroe las relaciones entre el sector público y privado en el marco de las grandes contrataciones con recursos del Estado, sino que encuentra sus raíces en las creencias, los valores y en las prácticas sociales de las personas comunes y corrientes.
El estudio también preguntó si las personas sancionan socialmente ciertos comportamientos de ilegalidad de la vida cotidiana como comprar piratería, conducir alicorado, quedarse con vueltas de más al hacer una compra. Allí se encontró que solo el 42,5% de los encuestados afirmó que, cuando son testigos de un acto como estos, le llaman la atención a los infractores.
En infracciones cotidianas como la compra de piratería, se encuentra que en una escala de 1 a 5, donde 5 es muy grave, tiene un nivel de gravedad de 2,5. La infracción cotidiana con mayor porcentaje de sanción social es la de colarse en una fila: 66% de la población reclama cuando esto ocurre. La menos sancionada socialmente es la de estacionar automóviles en zonas prohibidas.
También se indagó sobre las raíces de la corrupción en los valores y creencias personales de cada individuo. En gran parte, se ha encontrado que en las personas está muy arraigado el imaginario de que “ser legal no paga, es demasiado costoso o poco ventajoso”.
Otro aspecto que influye en esto es que, para mucha gente, la aplicación de la ley en lugar de garantizar condiciones de igualdad ha privilegiado los intereses de unos sobre otros. Según el estudio, en casos donde la sanción legal es más frecuente o más fuerte, la gente tiende a ceñirse más a la ley. Como ejemplo cita a infracciones de tránsito como conducir bajo el efecto del alcohol, donde el peligro de perder la licencia de conducir actúa como desmotivante.
Sin embargo, en casos donde la ley es más flexible o la sanción legal es menos frecuente, la gente tiende a normalizar la infracción de las normas, endilgando su comportamiento a “la cultura popular”.
Así, se encuentra que el 63% de los encuestados percibe que las leyes benefician los intereses de los políticos corruptos y para el 65% están diseñadas para favorecer “a los ricos” y poderosos.
De acuerdo con Julia Isabel Eslava, una investigadora responsable del informe, “este tipo de infracciones pequeñas son normalizadas por la sociedad, conduciendo con el tiempo a que se acepte también la corrupción en instancias públicas”.
Según ella, “la sociedad necesita una transformación cultural que empiece a infundir las normas básicas de convivencia desde la más temprana infancia, procurando generar el mayor impacto entre la población”. De no hacerse esto, dice, “la cultura de la corrupción se profundizará en la mente de las personas cada vez más”.
Eslava concluye diciendo que “más allá de la efectividad de las sanciones legales, cada uno de nosotros tiene que aprender a percibir cómo las acciones propias afectan a su sociedad”.
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