COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
El tiempo se ha vuelto un factor determinante para la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), ya que ayer la Cámara de Representantes levantó nuevamente la sesión con apenas 65 artículos aprobados, de los 163 que tiene la norma, y citó para el lunes, donde se espera que se termine de votar.
El próximo jueves vence el fast track, por lo que la ley debe quedar aprobada antes de esa fecha. Sin embargo, si se logra que el lunes sea votada la totalidad del articulado, para que se convierta en Ley de la República hará falta la conciliación de los textos en Senado y Cámara, proceso que también toma tiempo.
El ponente, el representante a la Cámara por Caldas Hernán Penagos, advirtió que si la iniciativa no se vota el lunes se hundirá por falta de tiempo. “Los tiempos son muy precarios. A estas alturas del debate no había votos suficientes para aprobar las proposiciones”.
Angela Robledo, del Partido Verde, aseguró que pese a que la plenaria aprobó un poco más de la mitad de los artículos, la decisión de levantar el debate fue una “práctica dilatoria del presidente de la Cámara, íbamos con celeridad a la aprobación del proyecto, pero la subcomisión tenía avances y acuerdos sobre por lo menos 40 artículos, pero nos levantaron la sesión”.
Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el Gobierno está seguro de que la iniciativa se votará y aprobará antes del jueves, “este proyecto estará aprobado el lunes para que esté conciliado antes de la fecha final. El 30 de noviembre haremos un corte de cuentas y miraremos que hacer en adelante”.
Así mismo, aseguró que el Gobierno está esperando el fallo del Consejo de Estado, donde el alto tribunal definirá si al fast track le queda un mes más de vida. “Como el Congreso no sesionó durante un mes, luego de que nosotros solicitamos la prórroga de este mecanismo, nosotros elevamos una consulta para que se nos diga si era válida nuestra interpretación. Serán ellos los que tengan la última palabra”.
Controversia
La Cámara inició a buen ritmo y ya había votado, gracias al informe de la subcomisión, un bloque de 22 artículos que tenían proposición de eliminación, luego las proposiciones que la subcomisión proponía negar por “impertinentes, reiterativas y contrarias a los actos legislativos 1 y 2 de 2017”.
El tercer punto fue el que desató la polémica, la subcomisión solicitaba votar en bloque cerca de 100 artículos que no tenían ninguna proposición, pero el presidente de la corporación aseguró que el artículo 101 estaba en ese bloque y que era esa disposición la que hablaba de las inhabilidades de los magistrados. Según dijo, fue esa la razón para que levantara la sesión, porque ese artículo como otros nueve debían discutirse uno a uno.
“Íbamos a parar después de aprobar este bloque de artículos, eso fue lo convenido con el ponente. El lunes con calma y deliberación se votaran los nueve artículos sensibles, que tienen que ver con la competencia personal, material, la persecución de activos de las Farc, la competencia de los jueces y el régimen de inhabilidades. Si hoy no levantaba LA sesión me iban a meter en un bloque de 100 un artículo muy sensible”, aseguró Lara.
A su turno, Germán Navas del Polo, arremetió a la salida de la plenaria diciendo que el presidente de la Cámara “está al servicio de Vargas Lleras y los congresistas son los responsables, si lo hubieran revocado el martes que estaba acordado, ya habríamos salido de estos proyectos”.
La voz de Navas fue secundada por la representante Angélica Lozano de la Alianza Verde, quien dijo que “volvieron las maniobras de Rodrigo Lara para hundir la JEP, el miércoles levantó la sesión a las 8:00 de la noche, eso es hora laboral para los congresistas, y hoy (ayer) nos manda para la casa a las 4:00 de la tarde con sobrado quorum”.
El ponente de la iniciativa aseguró que el quorum ya se había desintegrado cuando el presidente de la corporación decidió levantar la sesión. Además, dijo que “hay artículos polémicos que estamos tratando que sean votados uno a uno: los de máximos responsables, la participación política, el fuero constitucional, el régimen de condicionalidad y gradualidad. Creo que va a tocar votarlos de manera individual”.
Y agregó que no cree que la votación se esté dilatando: “llevamos dos días de sesión y eso en el Senado duró semanas, al contrario se me hace que la Cámara avanza de manera juiciosa”.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, se declaró satisfecho y aseguró que la polémica fue gracias a un error de digitación “en el grupo de artículos cuyas proposiciones se iban a negar estaba el artículo 101 y de la misma manera entre los que se iban a discutir individualmente, un error que se pudo haber corregido reabriendo la votación. Respetamos la decisión del presidente de la Cámara”.
Contrario a lo que sostiene Lara, el ministro asegura que el artículo en cuestión no corresponde al régimen de inhabilidades, “porque la ponencia no lo trae, el régimen de inhabilidades fue retirado de la ponencia y estoy seguro que de querer incluir ese artículo debería ser discutido como nuevo y los artículos nuevos se votan al final”.
El artículo de la polémica
El artículo 101 habla de los requisitos que deben tener los magistrados del tribunal para la paz “para ser magistrado de este tribunal deberán reunirse los requisitos mínimos para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. En ningún caso se aplicará el sistema de Carrera o las limitaciones de edad. Todos ellos deberán ser altamente calificados y deberán incluirse expertos en distintas ramas del derecho, con énfasis en conocimiento de DIH, Derechos Humanos y resolución de Conflictos”. Más adelante el artículo contiene un parágrafo donde asegura que además de las prohibiciones contenidas en la Constitución no podrán ser magistrados quienes hayan actuado judicial o administrativamente en hechos del conflicto o hayan realizado reclamaciones en contra del Estado en materia de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario.
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