Justicia deja a Venezuela sin Parlamento

INDIRA GUERRERO

EFE | LA PATRIA | CARACAS

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tomó una decisión que dejó al país de un plumazo sin el Parlamento, que era visto por los opositores al Gobierno como el último reducto de democracia en la Venezuela chavista aunque no había podido ejercer poder alguno.

La decisión que sacudió a los Poderes Públicos del país la media noche del miércoles, no solo apaga la voz de la oposición dentro del Estado, sino que además convirtió al Judicial en un súper poder que decide las leyes y ejerce su cumplimiento, lo que es para el antichavismo una camisa hecha a la talla del Gobierno, un "autogolpe".

El TSJ mantenía en desacato a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) desde principios del 2016 luego de que la directiva de la Cámara decidiera juramentar a tres legisladores opositores indígenas cuya elección había sido suspendida por un supuesto fraude electoral.

La decisión de los opositores de investir a estos tres diputados pese a una prohibición expresa de la máxima corte fue la primera fisura entre los poderes públicos que alcanzó ayer el clímax de la crisis institucional.

El Poder Judicial ha sido desde hace un año la primera piedra de tranca y martillo de la AN, un escenario que la oposición vislumbró desde antes de asumir el Legislativo, cuando el chavismo -en pleno receso legislativo- después de perder las elecciones convocó a una sesión para designar una treintena de magistrados del TSJ.

El acto que decidió los nombres de muchos de los juristas que hoy controlan las salas de justicia fue el último que hicieron los chavistas luego de perder el control de la AN y con ello una hegemonía de 15 años.

Pese a que la oposición venezolana obtuvo una victoria contundente en las parlamentarias de diciembre del 2015 con 112 diputados electos (incluyendo a los tres que fueron suspendidos días después de ser elegidos), apenas gozó del poder unos cinco días antes de que se declarara su desacato y con ello la nulidad de todos sus actos.

Es así como todos los planes de los opositores de generar un cambio en el poder del país, desde hace 18 años en manos del chavismo, y la amnistía para los políticos presos, que fueron las mayores promesas de la campaña, quedaron frustrados en pocos días.

La victoria de los opositores aliados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la primera a escala nacional en el Parlamento, convirtió a la Cámara en el mayor bastión de poder del antichavismo que ve en el Judicial, el Electoral y el Moral a poderes al servicio del Ejecutivo.

La decisión que digieren los venezolanos supone también los primeros pasos de la nueva era de la Justicia en Venezuela, que eligió hace poco más de un mes al nuevo presidente del Poder Judicial, el magistrado Maikel Moreno.

El jurista, con 34 días al frente del sistema judicial ha concretado la delimitación de la inmunidad parlamentaria que dejó desde hace un día sin privilegios a los diputados para ser investigados, juzgados o encarcelados.

"Ordenó" a Maduro ejercer las acciones "pertinentes" para salvaguardar el orden constitucional, tomar medidas para evitar un estado de conmoción" y que se revisen leyes para "conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y aseguren la gobernabilidad del país".

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, había señalado en varias oportunidades y desde hace varios meses que la Asamblea se estaba "autodisolviendo" por no acatar los mandatos del Supremo y por tener diputados que actuaban para desestabilizar a su Gobierno.

Al mismo tiempo, el Gobierno y la oposición libran otra batalla fuera de la frontera, los primeros para defender al Estado venezolano como único garante de la democracia en el país, y los segundos asegurando que todo esto es mentira.

Apenas hace unos días en la OEA se daba un encendido debate sobre la crisis del país promovida principalmente por la AN aun a expensas de ser acusados de "traición a la patria" un delito por el que podrían ser castigados, especialmente ahora sin inmunidad.

La crisis agita todavía más el ambiente de un país azotado por la crisis económica que enfrenta una severa escasez de alimentos más básicos y medicinas, y agobiado por una inflación, factores que constituyen el martillo de los venezolanos sin poder ni privilegio.

Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile, México, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos se manifestaron en contra de la sentencia del Supremo venezolano. Piden respeto al orden constitucional y a la democracia.