Judicatura aplazó anuncio de decisión sobre Petro

COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá

Pese a que se daba como un hecho que ayer se conocería un fallo, nuevamente fue aplazado el anuncio de la decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al estudio que hizo a las 300 tutelas de ciudadanos que quieren impedir la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.

Cuando ya se mencionaba que la determinación es no aceptar las tutelas, casi sin explicación (apenas un comunicado de tres puntos) la presidenta de esa Sala, María Mercedes López, decidió aplazar la rueda de prensa que estaba programada para el mediodía de ayer.

A esa hora, magistrados (incluido el propio presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Ricaurte) habían dicho públicamente que ya se alcanzaron las mayorías necesarias en apoyo a la ponencia que presentó el magistrado Pedro Alonso Sanabria, según la cual en este caso no fueron vulnerados los derechos políticos de los ciudadanos que interpusieron las tutelas.

A revisión

En concreto, el presidente Ricaurte dijo que “la decisión que tomó la sala jurisdiccional disciplinaria se enviará para su eventual revisión a la Corte Constitucional, que será en última instancia la que tendrá la palabra en este tema. Se negaron las tutelas que venían favoreciendo la suspensión de la decisión de la Procuraduría en el caso del alcalde de Bogotá. La ponencia no se conoce aún, sólo la decisión. Tengo entendido que salió esta mañana mientras me encontraba en este foro”. Se refería al que convocó el Ministerio de Justicia para analizar lo que ha sucedido durante los ocho años de aplicación de la figura de Justicia y Paz.

Pese a la certeza sobre el resultado del análisis hecho en la Sala de la Judicatura, se supo que al final de la sesión el magistrado Ovidio Claros Polanco solicitó estudiar con más detalle un aspecto de la ponencia, lo que tiene retrasada la expedición final de la sentencia.

Según los hechos conocidos, la decisión de la Sala es revocar el fallo de la Seccional de la Judicatura de Bogotá, que concedió la protección solicitada por los ciudadanos y suspendió los efectos de la destitución, hasta que se fallara de fondo una acción de nulidad y restablecimiento de derecho que el alcalde Petro debía presentar.

La ponencia

La ponencia del magistrado Sanabria, de 39 páginas, señala básicamente que los derechos políticos de las 300 personas que interpusieron tutelas en este caso no fueron vulnerados por la Procuraduría General de la Nación. “(…) Porque esos derechos no tienen carácter absoluto y, por tanto, de ninguna manera su ejercicio puede impedir la existencia de procesos disciplinarios y la imposición de las sanciones que en derecho correspondan”.

Para decir eso, el magistrado Sanabria se basa en el artículo 277 de la Constitución Política, que señala las funciones del Procurador general de la Nación, entre las cuáles está la de ejercer vigilancia de los servidores que ostentan funciones públicas.

Igualmente, la ponencia cita un pronunciamiento de la Corte Constitucional que indica que el derecho a elegir y ser elegido no es absoluto, ya que debe ser entendido como derecho y función, y “de ninguna manera puede inmiscuirse en otros mecanismos de control para el buen funcionamiento del Estado, previstos en la propia Constitución y en la ley, como sucede para el caso analizado”.

En la ponencia además se dice que los terceros que presentaron las tutelas no tienen la calidad de sujetos procesales y en ese sentido no podían alegar la vulneración al derecho del debido proceso del alcalde Petro.

Si así sucede, la salida de Gustavo Petro de la Alcaldía se daría en cuestión de semanas, a menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie y dicte medidas cautelares a su favor.

Pocas opciones

Con esta determinación, las herramientas jurídicas se le están agotando al alcalde de Bogotá. En la instancia del Consejo de Estado, Petro espera que la Sala Plena firme la decisión que le negó la tutela que él había presentado en contra del fallo del Ministerio Público. Lo que falta es un solo trámite.

Allí mismo, a Petro le resta esperar que el Consejo de Estado falle, en decisión unificada, sobre las tutelas que presentaron otros ciudadanos y que en primera instancia sí suspendieron los efectos de la destitución y frenaron un paso esencial, que es la notificación al presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre la destitución.

Por eso, cuando se ratifique el sentido del estudio hecho por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la salida de Gustavo Petro de la Alcaldía se daría en cuestión de semanas, a menos de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie y dicte medidas cautelares a favor del mandatario distrital.

En todo caso, los distintos fallos de tutela que se han dado en este caso del alcalde podrían llegar a revisión a la Corte Constitucional, que es la que daría la última palabra, aunque mientras hace los estudios tendrían que hacerse efectivas la destitución y la inhabilidad proferidas por la Procuraduría.