EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
La Justicia Especial para la Paz (JEP) pidió a Estados Unidos, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, las pruebas que tiene ese país para decidir si extradita o no al líder del partido Farc Jesús Santrich, detenido desde abril por el presunto delito de narcotráfico.
Así lo decidió el tribunal en un auto dado a conocer ayer en el que además señala que es competente para decretar pruebas para establecer si Seuxis Paucias Hernández, nombre de pila de Santrich, cometió delitos después del 24 de noviembre del 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz.
Santrich fue capturado por la Fiscalía el 9 de abril en Bogotá con base en una circular roja de Interpol a petición de Estados Unidos, cuya justicia lo acusa de tener un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína a ese país después de que las Farc firmaron el acuerdo de paz con el Gobierno.
Los delitos cometidos por los guerrilleros de las Farc antes de esa fecha no pueden ser juzgados por la justicia ordinaria, pero sí aquellos posteriores a la firma del acuerdo.
La JEP indicó en un comunicado que "para los mismos efectos, requirió a la Fiscalía General de la Nación para que por su conducto, y haciendo uso de los canales diplomáticos o enlaces que tenga a su disposición, realice las gestiones pertinentes".
Contrario a lo que ha sostenido la Fiscalía, la JEP subraya que, amparada por la ley, le corresponde evaluar si el delito por el que se pide en extradición a Santrich fue cometido luego de la firma del acuerdo de paz.
"Por lo tanto, la Sección ordenó tener como pruebas, entre otras, los audios de interceptación de comunicaciones recaudados en las investigaciones realizadas en contra del señor Marlon Marín Marín", quien está en Estados Unidos en calidad de testigo protegido.
Marín es sobrino del también líder del ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Iván Márquez y fue capturado en Bogotá junto con Santrich y Armando Gómez España, alias "el Doctor".
En junio Marín inició su proceso de colaboración con la justicia de Estados Unidos en un interrogatorio en Nueva York por corrupción en dineros del posconflicto y también en el caso de Santrich.
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