JEP imputa a 2 coroneles y 13 militares por ejecuciones de civiles

EFE | LA PATRIA | Bogotá

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves a 2 coroneles y 13 militares más por 127 asesinatos y desapariciones forzadas en la región del Caribe colombiano, en el segundo auto del caso de ejecuciones de civiles conocidas como "falsos positivos", por el que la semana pasada ya acusó a 10 miembros del Ejército y a un civil.

"La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 miembros del Ejército por falsos positivos en la costa caribe, dos coroneles, seis oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados del batallón La Popa (que tiene sede en Valledupar, en el noreste)", dijo el magistrado Óscar Parra.

La JEP volvió a encontrar "patrones de macrocriminalidad" en la actuación del Ejército y alianzas con grupos paramilitares con el fin de atraer a jóvenes inocentes y asesinarlos para presentarlos como guerrilleros y así inflar las cifras de "muertes en combate" y obtener recompensas e incentivos de sus superiores.

"Estos hechos no hubieran ocurrido sin alianzas con miembros de grupos paramilitares y sin un conjunto de incentivos, amenazas y presiones que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate", consideró la JEP.

Ataques contra indígenas
Los tenientes coroneles Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suárez, así como el resto de implicados, fueron declarados máximos responsables e imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas y el crimen de guerra de homicidio.

"La sala determinó que existió un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en relación con estos hechos", aseguró el magistrado Parra, quien añadió que en este contexto de la región caribe demostraron que "los pueblos indígenas wiwa y kankuamo sufrieron particularmente un daño grave, diferenciado y desproporcionado por las acciones de esta unidad militar".

De esta forma, estos 15 presuntos responsables "hicieron parte de una organización criminal que se conformó en la unidad militar y a través de la cual se desplegó una conducta extendida y a gran escala para presentar resultados operacionales ficticios en los que se presentaron como bajas en combate a personas asesinadas en estado de indefensión por miembros del Ejército o paramilitares" de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

De todos los asesinatos, 75 ocurrieron bajo el mando de Mejía, quien ya fue condenado por la Justicia ordinaria en 2013 por nexos con el paramilitarismo justamente por casos relacionados con los "falsos positivos", y 52 bajo el de Figueroa Suárez, que no ha comparecido a las citaciones de la JEP.

Además, 58 de estos crímenes fueron investigados en la Justicia ordinaria y 13 por la militar, y estaban vinculados alrededor de 280 integrantes del Ejército, pero solo hubo 14 condenas sobre 5 de estos hechos y solo 7 fueron ejecutadas.

Segundo auto

El pasado 6 de julio, esta instancia transicional surgida del acuerdo de paz con las FARC decidió imputar a once militares y un civil por su "participación determinante en el asesinato de al menos 120 personas en estado de indefensión" en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, crímenes perpetrados entre enero de 2007 y agosto de 2008, además de otras 24 desapariciones forzadas.

Entre los once imputados se encuentra el brigadier general Paulino Coronado Gámez, que fue el comandante de la Brigada 30, y dos coroneles, Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, quienes fueron comandantes de la Brigada Móvil No. 15.

Este segundo auto -de al menos seis- se enmarca en el caso 03 de los "falsos positivos" y renombrado como "Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado", donde hay acreditadas a la fecha 1.043 víctimas, de las cuales 658 son mujeres, en lo que fue uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano y que involucra a unos 1.500 militares.

El pasado febrero, la JEP elevó a 6.402 las personas que "fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008", que corresponde con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

La JEP no impone penas privativas de la libertad si hay reconocimiento de la autoría de crímenes, pero en caso contrario los responsables pueden ser condenados hasta a 20 años de cárcel.

En caso de que los acusados reconozcan su responsabilidad y aporten verdad se impondrán sanciones especiales como limitaciones a la libertad de residencia y de movimiento, la realización de trabajos para reparar a las víctimas y la sociedad, por ejemplo la construcción de escuelas o vías, o la participación en programas de promoción medioambiental.