JEP acredita como víctimas a policías y militares secuestrados en la toma de Miraflores (Guaviare) en 1998

COLPRENSA | LA PATRIA | Bogotá 

La Jurisdicción Especial para la Paz acreditó como víctimas a los militares secuestrados en la toma guerrillera a Miraflores (Guaviare) perpetrada por la guerrilla de las Farc el 3 de agosto de 1998. Junto con los militares, la misma categorización la recibieron los familiares de los uniformados que sustentaron un grado de parentesco.

Los 20 uniformados acreditados son Juan Carlos Bermeo Covaleda, José Yesid Buitrago Burgos, Benjamín Buitrago Burgos, Carlos Javier Bernal Cantor, Rafael Antonio Rodríguez Basto, Jesús Geovanny Alvarado Alvarado, José Alexander Poveda Laverde, Helbert Antonio Torres Tunjacipa, Héctor Enrique Torres Tunjacipa, Pablo Arturo Chaparro Villarreal, Edisson Yemis Gil Lozano, Faber Antonio Salazar Villegas, Johnny Fernando Silva Peña, Libert Rodríguez Chaguala, Adolfo Villarraga Gerena, Jeovanny Sarmiento Vargas, Jamer Yair Riveros Silva, Rodolfo Humberto Páez, Jairo René Roa Sierra y Wilton Jamir Ávila Olmos.

“Tanto los uniformados y sus familias podrán ejercer sus derechos a recibir medidas de protección, conocer la verdad sobre lo sucedido, a que se haga justicia y se restaure el daño causado”, reseña un comunicado de la JEP.

Este reconocimiento de víctimas se hace dentro del expediente que analiza lo sucedido con los secuestros cometidos por esa guerrilla y que se conoce como el caso 001 que identifica a 8.163 víctimas de este delito.

“Esta acreditación garantiza su participación efectiva en todas las fases del proceso, con el fin de materializar el principio centralidad de las víctimas y el principio de justicia restaurativa que orientan todas las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz”, agrega la JEP.

Esta toma contra la base antinarcóticos de la Policía y una unidad militar fue perpetrada por guerrilleros del Bloque Oriental de esa guerrilla al mando del ‘Mono Jojoy’. Por cuenta del asalto subversivo, el Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de más de 8.000 millones de pesos como indemnización por los perjuicios que sufrieron 28 víctimas del secuestro (soldados y policías) y tres lesionados.

“Durante el tiempo que se prolongó la retención, los uniformados se vieron expuestos a tratos crueles, degradantes, negatorios de la dignidad humana, entre ellos inasistencia médica, alimenticia, sanitaria, torturas físicas y sicológicas, ubicación en sitios humillantes como lo que un soldado llamó campos de concentración”, dice uno de los apartes de la sentencia del alto tribunal.

Los casos fueron documentados por la Asociación Colombiana de Víctimas de Secuestro, Desaparición Forzada y Otros Hechos Victimizantes (Acomides).

Otras decisiones
En la misma providencia que acreditó como víctimas a los uniformados ya mencionados, la Sala de Reconocimiento de Verdad de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP también acreditó como víctimas a familiares de un exministro, comerciantes y agricultores.

Se trata de los familiares de Gilberto Echeverri (secuestrado y asesinado por las Farc-EP), de los comerciantes y agricultores huilenses Helí Ipuz, Eduard Ipuz Rojas, Guillermo Cordón Herrera, Reinaldo Cordón Herrera y Camilo Alejandro Casas Rodríguez, y a los parientes del teniente retirado Claudio Ariel Acevedo Dussán.