EFE | COLPRENSA | LA PATRIA | MANIZALES
Las altas cortes del país fallaron ayer en contra de los intereses del Gobierno de Iván Duque. El primer golpe vino en el polémico caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, detenido por narcotráfico, delito que supuestamente cometió después de que entrara en vigor el acuerdo de paz con las Farc, y pedido en extradición por Estados Unidos, y a quien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó que se deje en libertad.
La decisión de la CSJ fue sustentada en el hecho de que Santrich goza de "fuero" como quiera que es de los escogidos por el partido Farc para ocupar los cinco escaños a que tiene derecho en la Cámara de Representantes por el acuerdo de paz, junto con cinco en el Senado.
Santrich no llegó a asumir su escaño el 20 de julio porque tres meses antes, el 9 de abril del 2018, fue detenido con base en una circular roja de Interpol a petición de Estados Unidos que lo acusa de tener un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a ese país.
En su fallo de ayer, la Corte Suprema consideró que aunque Santrich no asumió como congresista, sí fue acreditado como tal y por lo tanto es un "aforado constitucional", con lo cual es ese tribunal, y no la justicia ordinaria, la que debe llevar su proceso.
Por ello, "sería contrario a los derechos fundamentales del aforado constitucional mantenerlo privado de la libertad, cuando aquellos se han desconocido. Por eso, se impone otorgarle la libertad", sentenció la Corte.
"No podemos dejar de llamar a las cosas por su nombre, alias Jesús Santrich es un mafioso y las evidencias que conoce el país son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína", respondió Duque al referirse a la decisión de la Corte Suprema.
Pese a que la CSJ ordenó que se le deje en libertad, la Fiscalía, que lo tiene detenido, no le concedió la excarcelación inmediata y seguramente será hoy que el exjefe de las Farc saldrá libre para asumir su escaño como congresista, según anticiparon sus compañeros de partido.
"Muy contentos con esta decisión, nos parece que se restablecen los derechos de Jesús Santrich, que habían sido violados", dijo el senador de la Farc Carlos Antonio Lozada, quien agregó que ese partido está pendiente de "las gestiones que hay que hacer para que inmediatamente pueda venir a posesionarse en su cargo como representante a la Cámara".
Sin embargo, la Procuraduría General solicitó a la Corte Suprema que ordene de nuevo la captura de Santrich para que sea "escuchado en indagatoria por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado".
"En ese sentido también respaldo la solicitud que ha hecho la Procuraduría para que se proceda nuevamente con su detención. Los mafiosos tiene que estar en la cárcel y tiene que recibir una sanción ejemplar por parte de la sociedad colombiana", dijo el presidente.
Otro revés
En una tarde para olvidar para el Gobierno, la Corte Constitucional ordenó al jefe de Estado sancionar la ley estatutaria de la JEP, considerada la columna vertebral del acuerdo de paz, al considerar que las objeciones que presentó el 10 de marzo a seis de los 159 artículos de esta iniciativa fueron rechazadas en el Congreso.
"La decisión fue remitir el proyecto de ley al presidente de la República para su sanción y promulgación", dijo en una rueda de prensa la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz.
Con esto, la Corte Constitucional dio el carpetazo a la controversia que comenzó con las objeciones de Duque al considerar que los seis artículos vetados no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo con las Farc.
El 8 de abril la Cámara de Representantes rechazó las objeciones y el tramite pasó al Senado, en donde 47 senadores también las negaron, pero supuestamente les hizo falta un voto para la mayoría por una diferencia en la manera de calcular el quorum.
Como Gobierno y oposición tenían dudas matemáticas sobre la mayoría necesaria, el Senado dejó la decisión en manos de la Corte Constitucional.
Al final, en el alto tribunal prevaleció el criterio de que al total de 106 senadores se le deben restar 14 que estaban impedidos y que se registraron en la sesión del día, con lo cual quedaron solo 92 aptos para votar y por lo tanto 47 votos suponen mayoría absoluta.
Duque, que hace semanas había anticipado que sancionaría el original de la ley estatutaria de la JEP si se hundían sus objeciones en el Congreso, confirmó ayer que no la vetará.
"La decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia, una paz en la que todos creamos y así seguiré procediendo todos los días de mi vida", afirmó.
Análisis
El panorama para el jefe de Estado no es fácil, partiendo de la base de que hace pocos días no llegó a un acuerdo con los partidos de Gobierno e independientes que le permitiera sacar adelante un pacto nacional con el fin de reformar aspectos relacionados con el narcotráfico y la extradición incluidos en el acuerdo de paz con las Farc. La permeabilidad de las posiciones de las colectividades dependía del fallo de la Corte Constitucional.
Para el analista político Mauricio Jaramillo, el presidente sabía que no tenía margen de maniobra para que las objeciones pasaran en el Congreso ni en la Corte Constitucional, pero pese a esto decidió seguir la petición de su partido, el Centro Democrático, debido a que fue una promesa de campaña y quería mostrar coherencia política, pero la estrategia le salió mal.
Jaramillo señala que el costo político no solo es para el presidente sino para la Corte Constitucional, debido a que profirió un fallo que ahonda mucho más su impopularidad. Sin embargo, asegura que al Gobierno se le seguirá desgastando más su agenda legislativa, que ya está empantanada, porque no ha podido conseguir consensos en la coalición.
No obstante, destaca que la derrota de Duque significa una victoria para aquellos que defienden el acuerdo de paz, tal y como estaba cuando se firmó. Agregó que también es una ganancia para el Estado, que tenía la palabra empeñada en este sentido.
Carlos Andrés Arias Orjuela, analista político, señaló que la factura política que tendrá el presidente se verá reflejado en la deslegitimidad que se reafirmará en el Legislativo, donde la mayoría de las iniciativas importantes para el Gobierno no han pasado. Esto, según el experto, se sumó al reciente escándalo mediático que tuvo el Ejecutivo alrededor de las supuestas directrices al interior del Ejército, que estarían en la misma línea de acción que condujo a los falsos positivos.
“Al presidente no le sale nada. Lanzó las objeciones porque esperaba que el Congreso las refrendara. Quería tener la posibilidad de que por decreto se aprobaran, pero el Congreso al no darle el aval y devolver todo el proceso a la Corte, estas se convirtieron en un saludo a la bandera”, agregó Arias.
El analista John Mario González explicó que las consecuencias políticas del presidente van a ser grandes, no solamente por la falta de tacto y de sentido común jurídico del Gobierno, sino por lo testarudo que fue al intentar presentar como un triunfo unas objeciones que evidentemente fueron negadas.
González añadió que esta decisión fue consecuencia de la falta de brújula que tiene el Gobierno, del doble discurso y de siempre intentar ponerle zancadillas al proceso de paz, mientras por otro lado decir que lo defiende. Dice que la sentencia que avaló el proyecto de ley estatutaria de la JEP era muy sólida y por eso el Gobierno se metió en un callejón sin salida, que ahora queda en evidencia frente a la opinión pública.
“Creo que el Gobierno inicialmente fue torpe, no miró las instancias jurídicas que había para la viabilidad de las objeciones, pero eso se conjugó con el deseo del Gobierno de mandar un mensaje al Centro Democrático, a los sectores conservadores y al sector duro de la opinión pública que no avala todo lo que se había acordado en materia penal y de justicia en el acuerdo de La Habana”, aseguró el analista.
Afirmó el experto que el mandatario no se imaginó la constancia de las posiciones de los partidos independientes, por estar en la burbuja de cinco asesores que lo mantienen sin saber a dónde va.
Para Mauricio Jaramillo la única manera de que el mandatario colombiano recupere el control legislativo es que vuelva a convocar un pacto nacional, pero aseguró que debe dar un cambio radical en la manera como ha venido actuando. Añadió que le ayudaría mucho cambiar su gabinete.
Reacciones
Roy Barreras, senador del Partido de la U
Gana la paz y la justicia porque con la ley estatutaria la JEP podrá actuar con mayor rapidez y seguridad. Quedó además demostrado que la Corte Constitucional ya había fallado desde agosto del 2018. Fueron nueve meses perdidos con las inútiles objeciones.
Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático
La Corte Constitucional nos dio la razón a las mayorías del Senado al resolver que 47 sí eran los votos suficientes para hundir las objeciones de Duque a la JEP. Duque debe sancionar la ley. Triunfo democrático en la forma y en el fondo.
Santiago Valencia, senador del Centro Democrático
Lo sucedido con Santrich y con las objeciones presidenciales a la JEP ratifican la necesidad de la Constituyente.
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