Invertir en San Andrés, primer paso para mitigar el golpe

COLPRENSA | LA PATRIA

“No pudimos pescar porque nos dio miedo ver embarcaciones nicaragüenses”. Esta fue una frase repetida por habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina al presidente Juan Manuel Santos, luego de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del lunes pasado.
El mismo Santos resaltó otra frase de un poblador, que según él resume lo que sintió cuando habló con raizales, pescadores y comunidad en general: “A mí me dolió mucho, hace algún tiempo, la muerte de mi madre, pero lo que está pasando me está doliendo casi lo mismo”.

Su respuesta: el denominado Plan San Andrés. Hasta el momento se habla de una inversión aproximada de 170 mil millones de pesos, los cuales, prometió Santos, servirán para hacer realidad proyectos que siempre han soñado los pobladores de la isla, pero que se han quedado en ejecución.

Sin embargo, este plan parece ir apenas en el primer peldaño de su construcción. Los anuncios del Jefe de Estado solo se relacionan por ahora con una posible declaratoria de emergencia social y económica que permita atender con mayor rapidez y eficacia las necesidades del archipiélago. Todo lo demás está por definir.

Parece claro que para los proyectos que se van a implementar habrá participación de la comunidad en su etapa de elaboración, pero aún se desconocen los montos específicos que se destinarán para sectores como infraestructura, salud, educación y pesca.
Para poner en marcha el plan se fijaron reuniones diarias, a partir del 26 de noviembre, con autoridades y representantes de la comunidad.

Ideas por concretar

Las voces que más se han hecho sentir provienen de los pescadores. La nueva frontera marítima que trazó la CIJ cambia el mapa colombiano, pues borra la zona conocida como Luna Verde, en la cual se pueden encontrar langostas y caracol pala. En ese área los sanandresanos sacaban el 90 % de la langosta que vendían a la Colombia continental o en exportaciones.

Además, la pesca en el archipiélago es la base alimenticia de sus habitantes. Se calcula que con la decisión se está afectando a 400 familias de pescadores en San Andrés y 300 en Providencia.
¿Qué hará el Plan San Andrés para contrarrestar esos efectos? El propósito, según el Gobierno, es ejecutar proyectos productivos que permitan garantizar las fuentes de ingreso perdidas por los pescadores. De nuevo, aún no se sabe con certeza qué tipo de iniciativas se van a llevar a cabo.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, aseguró que el Gobierno está en la tarea de evaluar los alcances de la sentencia, para así elaborar un gran programa de actividad económica que contemple un importante apoyo a la pesca artesanal. Según se informó desde esa cartera, las iniciativas que se desarrollarán estarán listas mañana.

“El 80 % o 90 % de la riqueza pesquera siempre se ha explotado legítimamente en lo que siempre fueron nuestras aguas territoriales y soberanas. Eso se vuelve complejo con este fallo (…) Una gran parte de los bancos de riqueza pesquera que han utilizado ancestralmente los nativos y las empresas pesqueras que allá trabajan, quedan comprendidas dentro de la jurisdicción que le otorga la Corte a Nicaragua, que es un tema preocupante”, indicó Restrepo.

No obstante, la actividad económica en San Andrés, explicó el viceministro de esa cartera, Ricardo Sánchez, no se restringe solo a la pesca. También se les debe prestar atención a la agricultura y a otras actividades económicas.

"Como Ministerio estamos trabajando de la mano del Incoder, para implementar proyectos productivos allá y en temas sanitarios con la Dirección de Pesca, en lo que va a ser el apoyo a los pescadores artesanales, pero no tenemos claridad de los recursos que se van a destinar”, indicó.
Cifras preliminares indican que se tiene prevista una inversión mayor a los 120 mil millones de pesos para apoyar a los que realizan pesca artesanal y pesca industrial.

El plan de seguridad

Las medidas económicas que espera implementar el Gobierno estarían acompañadas de otras en materia de seguridad. Se contempla un aumento del pie de fuerza para ejercer, por ejemplo, un mejor control al narcotráfico.
Para el analista Alfredo Rangel, ese último tema se convertirá nuevamente en una gran preocupación para el país, pues dejamos de tener, con el fallo, la posibilidad de controlar una zona que durante años ha sido utilizada por el narcotráfico para enviar cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y luego a Estados Unidos. “Creo que el tráfico de armas y el tráfico de droga se pueden incrementar porque Nicaragua no tiene recursos”.

Otros recursos serían destinados a la adecuación del Hospital de San Andrés y puestos de salud. También se está pensando en otorgar exenciones tributarias a los habitantes de la isla e incluso en eliminar el IVA para los productos que San Andrés compre en el país y a aquellos que se fabrican allí mismo.

De hecho ya la Comisión Tercera de Cámara aprobó un proyecto de ley de urgencia para otorgar beneficios económicos y tributarios a San Andrés.
"La exclusión del pago se aplicará a las ventas dentro del territorio del Archipiélago de los bienes producidos allí, así como las ventas que se hagan en el territorio nacional con destino al Archipiélago", explicó el representante liberal Jack Housni Jaller, del Archipiélago y promotor de la iniciativa.

El paquete de medidas que se implementarán aún no ha sido dado a conocer claramente. Por eso se espera que en los próximos días los diferentes ministerios presenten, desde sus áreas, las iniciativas que puedan ayudar al desarrollo de las islas. Entre tanto, será inevitable que los analistas sigan dividiendo sus calificaciones a las acciones del Gobierno desde como “patadas de ahogado”, hasta como “necesarias”.

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Hablan analistas
Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado

Hay muchas dudas sobre la atención del Gobierno a ese territorio insular y decir que ahora sí vamos a atender a San Andrés suena a fábula. Son patadas de ahogado y la verdad no entiendo, los raizales que conocen la historia de la isla no fueron nunca oídos ni atendidos, incluso nosotros solicitamos que ellos intervinieran ante La Haya, pero la respuesta fue que ese tribunal tan sacro no se podía poner a oír negritos.

Pedro Estupiñán, analista y politólogo
Es normal que el Gobierno quiera buscar estrategias para atender lo más pronto posible las consecuencias del fallo. Es normal también que el Gobierno sea criticado por todo lo que pasó, pero lo que realmente esperamos es que ese plan que está diseñando lo implemente lo más rápido posible. Los ojos de los colombianos están puestos en San Andrés y el presidente sabe que se tiene que hacer algo como sea.