El pasado 9 y 10 de diciembre se cerró el plazo que los grupos significativos de ciudadanos que recogían firmas para aspirar al Congreso y a la Presidencia entregaran estos apoyos a la Registraduría. Sin embargo, de 97 grupos que lo intentaron para el Legislativo, solo uno pudo hacerlo: el Uribe Centro Democrático, colectividad que se organizó alrededor de la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Para Presidencia, de 12 grupos que inscribieron sus respectivos comités promotores para recoger las firmas que respaldarían un nombre, solo dos hicieron el respectivo registro ante el ente electoral. Una vez más, el Uribe Centro Democrático, con el caldense Óscar Iván Zuluaga, así como el movimiento Colombia país de Regiones, con el exgobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Ambos tenían que recoger más de 500 mil firmas que la Registraduría deberá avalar para que puedan entrar en la contienda electoral.
¿Cómo se explica que la mayoría de grupos no pudiera hacerlo? En opinión del politólogo y profesor de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, Fernando Giraldo, la gran cantidad de grupos significativos de ciudadanos da cuenta del desgaste de los partidos tradicionales, desarraigo de la comunidad frente a dichos partidos y una incomodidad muy grande con los dirigentes políticos, por lo que existe una creciente necesidad contar con nuevas figuras en la política.
Agrega que el sistema político es muy inequitativo y no favorece la aparición de nuevas colectividades y alternativas: “Las normas para crear partidos o postular candidatos cada vez son más exigentes y difíciles de cumplir. El costo económico para recoger una firma y movilizar un grupo de personas en un movimiento está calculado más o menos en unos tres mil o cuatro mil pesos por firma”.
Los costos
Además, si estos grupos quieren participar en la contienda deben pagar una póliza de seriedad ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Para las elecciones presidenciales, esta cuesta alrededor de 270 millones de pesos que debe pagar el candidato o el Comité Promotor. Para las listas de Cámara y Senado el precio rodea los 400 millones de pesos, que deben dividirse por cada candidato. Para la Cámara este monto varía de acuerdo con el número de habitantes del departamento. Los precios los establece en cada elección el CNE.
“Si hay 30 personas más en la lista, cada uno tiene que pagar la póliza individualmente a un valor de cinco, seis, siete u ocho millones de pesos. Usted multiplica por 30 o 50 que estén en la lista y, fuera de eso, tienen que dar una prenda de garantía”, que debe ser otorgada por un banco antes de registrar las firmas ante la Registraduría.
De ahí que, de acuerdo con Giraldo, las personas naturales que estén inscribiendo firmas deban poner su patrimonio como garantía de pago. Es una forma que tienen las entidades bancarias para asegurar su dinero pues, debido a que los candidatos desconocidos no tienen asegurada una alta votación ni, por lo tanto, su elección. La entidad procede a ejecutar hipotecas.
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