COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Aunque el fiscal Francisco Barbosa dijo en la tarde de este sábado que entre jueves y viernes realizaron una “inspección judicial” a las instalaciones de la Dijín de la Policía para recuperar los audios del caso del Ñeñe Hernández, porque, según sus palabras, esos nunca estuvieron en el búnker, un oficio radicado ante la Fiscalía 21 de crimen organizado daría cuenta de que dichas interceptaciones sí estuvieron en el búnker.
El oficio con el que se remitió la información fue elaborado el 28 de agosto de 2019 y fue dirigido a Miguel Olaya Cuervo, que para esa época estaba en la mencionada unidad de la Fiscalía ubicada en la sede principal del ente investigador, es decir, en la avenida La Esperanza con carrera 50 en Bogotá.
La radicación se hizo al día siguiente y fue recibida por una funcionaria llamada Tatiana Ulloa que recibió el documento a las 9:30 a.m., conforme consta en su firma.
El oficio describe que la encargada de hacer la interceptación fue la sala Sacom Dijín 4 y que la orden de las escuchas fue proferida el 26 de mayo de 2018 y se extendió hasta el 19 de noviembre del mismo año bajo orden proferida por el juzgado 12 de garantías.
Estas fechas coinciden con las que dijo el fiscal Barbosa en su declaración de este sábado cuando señaló que las grabaciones que presuntamente recuperaron corresponden a llamadas que se hicieron desde el 26 de mayo al 19 de noviembre de 2018.
En uno de los recuadros del oficio dice que el informe que llegó a manos del fiscal 21 contiene 23.716 grabaciones.
Barbosa también dijo que las comunicaciones obtenidas serán remitidas el lunes a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y al Consejo Nacional Electoral.
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