Incierto el futuro del acuerdo en el Congreso

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Después de la firma del primer acuerdo de paz con las Farc, el 26 de septiembre en Cartagena, nada salió como se esperaba. Aunque se logró la renegociación y parece que en definitiva se llegará a la implementación en el Congreso de la República, no está vigente el ‘seguro’ que se había creado en el Acto Legislativo para la Paz. Ahora, del buen ánimo político y de la discusión entre los partidos que conforman el legislativo depende la implementación del Acuerdo del Teatro Colón.

Todo empezará mañana con el debate de Senado, en donde se votará la proposición que les preguntará a los congresistas si refrendan o no el Acuerdo, en medio de las críticas porque ésta sea la entidad que haga este proceso.

Incluso, ya se interpuso la primera demanda contra el presidente, Juan Manuel Santos, por escoger al Legislativo y no un mecanismo de participación ciudadana. Sobre ella Mauricio Lizcano, presidente del Congreso, reconoce que será la primera de muchas: "Esa es temeraria, porque va en contra de la Constitución y de la ley. Nos tendremos que acostumbrar a que permanentemente van a poner obstáculos a la paz, van a poner demandas y contrademandas, pero la paz va a seguir adelante, porque la refrendación de los acuerdos va ligada al artículo tercero de la Constitución y a la Ley Quinta, luego, es una demanda que no tiene ninguna posibilidad de prosperar".

Tiene razón, lo que se vendrá tras este escenario por la pérdida del plebiscito será una serie de discusiones jurídicas empezando por este procedimiento, por ejemplo, para el constitucionalista Juan Manuel Charry, que el Congreso refrende por medio de una proposición "podría ser inconstitucional porque a las cámaras les está prohibido dar votos de aplauso a las actividades del Gobierno".

Claro que en el ámbito político todavía no se puede dar por ganada la refrendación. El Partido Conservador debatió anoche en su convención, máximo órgano de la colectividad, si participaban o no en la refrendación. La decisión la dejaron para el próximo martes.

Un problema considerando que los conservadores tienen en la Cámara de Representantes 28 curules y en el Senado 18, pero además, tienen que cumplir el mandato pues si no lo hacen podrían ser demandados y las consecuencias podrían ser la pérdida de investidura.

Aun así se espera que las mayorías le den el visto bueno a la refrendación, que se haría esta semana para que, tras ella, se pueda iniciar la próxima semana la implementación.

Sin el acto legislativo para la paz

El Acto Legislativo para la Paz especificaba varios puntos además de las facultades especiales del presidente para expedir decretos con fuerza de ley. Tenía entre otras cosas el procedimiento legislativo especial que reducía el tiempo del trámite, pero sobre todo la condición de que el Congreso no podía modificar las normas sin llegar a un acuerdo con el Gobierno, entonces, los congresistas solo podrían decir Sí o No.

Al respecto, el presidente del legislativo afirma que hay un compromiso básico de ser fieles a lo acordado: "La implementación en el Congreso tiene manejo, en algunas normas que están claras en los acuerdos, pero que necesitan unos procedimientos en donde el Congreso va a jugar, es decir, en la implementación el Congreso es protagonista, no va a ser simplemente un notario".

Como algo obvio también lo califica el senador Luis Fernando Velasco, pese a que reconoce que constitucionalmente los congresistas pueden modificar lo que quieran: "El Congreso está facultado constitucional y legalmente para implementar todo el acuerdo, pero hay un elemento que hace parte del Estado y las Farc. Lo acordado tiene que ser incorporado por el Congreso y políticamente es evidente que le queda difícil modificar lo acordado, porque evidentemente los negociadores estaban negociado a nombre del Estado".

Manejar con paciencia, respeto y estrategia los debates, es la tarea que, dice Lizcano, tendrán que hacer, más cuando estarán en medio de discusiones de las que depende la implementación efectiva.

Juan Manuel Charry afirma que serán tres los campos de discusión que se verán en el Congreso: "Uno de si las formas de implementación se ajustan o no al acuerdo; dos, cómo se debe entender unas normas respecto de otras y van a haber contradicciones porque se prevé la amnistía, pero todavía no está la justicia especial de paz, va a haber una cantidad de andamiaje jurídico muy grande; tres, la constitucionalidad de las leyes de la implementación e incluso si hay sustituciones o no respecto de las reformas constitucionales".

Charry asegura que esos tres campos implicarán grandes problemas si no se saben manejar. "Incluso podría haber casos en los que no se lograra la implementación correctamente".

Pero ser fieles a lo acordado, y hacer bien las normas para que por ejemplo la Corte Constitucional no las llegue a declarar inexequibles, no son los únicos problemas. Están los tiempos que van ligados a la efectividad del manejo de los debates, que por su naturaleza suelen ser demorados.

El plan de Lizcano es que la mayoría de las leyes se tramiten en un plazo de ocho meses, eso si la Corte no elimina la condición de la refrendación para que el acto legislativo para la paz entre en vigencia, y se pueda hacer uso del procedimiento legislativo especial conocido como Fast Track.

"Ese es un proceso entre seis y ocho meses para la mayoría de las leyes, es posible que alguna se vote después. Eso no quiere decir que las Farc no hayan dejado las armas y que no estamos disfrutando de la paz sino que con la amnistía ya las Farc empiezan a entregar las armas y el resto de las leyes se van implementándose", dice.

La necesidad del pacto político

Aunque el Centro Democrático dice que la opción del pacto político fue rechazada, en el Congreso todavía está la intención de lograrlo en la implementación, y si se puede, dice el senador Velasco, en la refrendación.

"Se puede hacer un pacto político de acuerdos y desacuerdos. Muchos de los temas que motivaron a una campaña democrática importante frente al No fueron recogidas y si esos temas fueron recogidos pues que ese pacto político diga: esos temas que se recogieron votémoslos todos juntos rápidamente. Si podemos hacer ese pacto político dentro del Congreso podemos agilizar muchísimo la implementación", dice el senador liberal.

Lizcano también dice que estarán dispuestos a conseguirlo, eso sí deja claro que el acuerdo no se puede modificar: "Hoy el acuerdo es final definitivo y sobre eso es imposible que haya un nuevo acuerdo, pero sobre la implementación es sobre lo que se puede llegar a acuerdos políticos, yo estoy listo, estamos abiertos al tema y eso es lo que quiere el país".

La ley de amnistía

Pero independientemente del pacto, de los tiempos y de las discusiones, el objetivo que tienen es que la Ley de Amnistía se apruebe este mismo año, pues es la que garantizará la permanencia de los guerrilleros en las zonas veredales transitorias. Teóricamente los insurgentes se empezarían a mover a ellas cinco días después de la refrendación, pero la guerrilla ha insistido que sin esa ley no se moverán.

"La amnistía sí se puede hacer muy rápidamente porque es una ley que se puede convocar con mensaje de urgencia y eso significaría una votación en las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado y a los 15 días la votación en la plenaria. De manera que en menos de un mes se puede votar una amnistía", dice Velasco.

Lizcano dice que esperan que el Gobierno la radique lo más pronto posible y con mensaje de urgencia se podría estar votando en la primera semana de diciembre: "Yo creo que sería aprobada con esa urgencia el 20 de diciembre con sesiones extras".

Esto, dice el presidente, pese a que coincide con el trámite a la Reforma Tributaria: "El Congreso va a cumplirle al país. Se hará una reforma tributaria justa y equitativa, con una paz estable y duradera. Tenemos todo planeado para hacer las dos cosas".

¿Si recobra vigencia el Fast Track?

"Al tener un trámite distinto se puede optar por hundir las leyes que se están estudiando y tramitarlas por el nuevo procedimiento y las que ya estén aprobadas tendrían vigencia", dice el senador Luis Fernando Velasco.

"Si empezamos por la ley ordinaria, tendremos que seguir por la vía ordinaria. Pero las nuevas leyes, como los actos legislativos para la justicia especial para la paz, la participación política y todo lo demás, pues lo haríamos por Fast Track, lo que implicaría que podríamos citar a extras y votar actos legislativos. Así, en marzo podríamos tener casi la mayoría de las leyes aprobadas", confía el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano.

Destacado

La figura del Fast Track establece una reducción en el número de los debates en el Congreso para avalar la implementación del acto legislativo para la paz. En este casi serían cuatro y no ocho debates los que se deberán surtir para aprobar la ley que implementa de manera automática en el acuerdo firmado entre las Farc y el Gobierno.