Las autoridades prefieren manejar con cautela las hipótesis sobre las causas de la masacre de 10 campesinos en el municipio antioqueño de Santa Rosa de Osos, perpetrada el pasado miércoles en la tarde y conocida ayer por la opinión pública. Incluso hay reservas para definir a qué grupo armado ilegal pertenecen los tres hombres que perpetraron el crimen en el corregimiento San Isidro, de esa localidad.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón indicó que los primeros indicios apuntan a la responsabilidad de las bandas criminales que delinquen en la zona, que son los Rastrojos y los Urabeños.
Entre la comunidad y los trabajadores de las fincas se incrementaron las denuncias sobre extorsión a las que están siendo sometidos. Sin embargo, el comandante de la Región 6 de la Policía, general José David Guzmán Patiño, prefirió ser prudente: "estamos trabajando sobre varias hipótesis, tenemos una información importante que nos ha suministrado la comunidad y una persona que resultó lesionada en el lugar de los hechos, y esperamos que con el apoyo que viene de Bogotá esclarezcamos rápido esta situación".
Aceptó que en esa región, además de bandas criminales, delinquen las Farc. "Estamos trabajando en el área con personal de la Policía Judicial de la región. Estamos haciendo operaciones conjuntas con el Ejército para recolectar evidencias".
El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, no descartó que haya sido la extorsión el origen del múltiple asesinato, aunque también considera que es muy pronto para dar versiones definitivas.
Recordó que la semana pasada se adelantaron varias operaciones en esa zona que desembocaron en la captura de presuntos integrantes de la banda criminal los Rastrojos, así como en el hallazgo de caletas y laboratorios para el procesamiento de droga.
El secretario presidió ayer un consejo de seguridad con el alcalde del municipio, Francisco Jaír Palacio; el general Guzmán y las autoridades locales. Hoy harán otro presidido por el ministro de Defensa.
Temores
La comunidad insiste en denuncias sobre la presencia en los últimos meses de "gente foránea". Los pobladores añaden que no en vano se han registrado homicidios selectivos en la zona urbana y asesinatos de campesinos y administradores de fincas.
Ante ese panorama, un grupo de por lo menos 100 campesinos ya se desplazó al parque principal. Abandonaron sus lugares de trabajo por temor a que se repita el hecho.
El general Guzmán reiteró: "aquí estamos ofreciéndoles acompañamiento con el Ejército para garantizarles la seguridad y que regresen a trabajar".
Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita aclarar el crimen, ocurrido en la vereda Aguaditas.
Hoy se realizará un sepelio colectivo de siete víctimas. Los 10 cadáveres (nueve de hombres y uno de una mujer) fueron trasladados de la vereda a la cabecera municipal. El labriego que resultó herido permanece hospitalizado, aunque se encuentra fuera de peligro, de acuerdo con el último parte médico.
"El infierno"
En su cuenta de Twitter, el Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, condenó el hecho: "Mal día. 10 personas asesinadas en una vereda de Santa Rosa de Osos, ayer en la tarde-noche. Infamia. La batalla contra las bacrim es larga".
Luego añadió: "me escribe el secretario de gobierno al llegar al sitio de la barbarie: 'Esto es el infierno Gobernador'. Los enemigos que enfrentamos. Dolor".
Condena de la ONU
Todd Howland, representante en Colombia del Alto Comisionado de la Naciones Unidos para los Derechos Humanos, manifestó que “asesinar campesinos para enviar un mensaje a otras personas reviste un grave peligro para los derechos humanos y para el futuro del país (…) Todos tienen la obligación de respetar los derechos humanos”.
Agregó que el Estado tiene una obligación mayor, pues no solo es el primer responsable de respetar los derechos humanos, sino también de garantizarlos y protegerlos, por lo que se deben hacer efectivos los mecanismos para que masacres como estas no se repitan.
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