“Hay gente que no quiere reglas, pero son necesarias"

Sharon Ramírez Santamaría.

COLPRENSA | LA PATRIA

El alto Consejero para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Francisco Lloreda, asegura que por muchos años la Fuerza Pública ha carecido de elementos para actuar efectivamente. Por eso cree que con el proyecto de reforma del Código de Policía, radicado recientemente por el Gobierno en el Congreso, se establecerán reglas claras.

Lloreda tiene claro que algunas medidas generarán controversia y debate, pero confía en que tendrá un buen trámite y que los colombianos reconocerán su importancia. Recalcó que con la reforma se establecerá un sistema de multas que contempla hasta 32 salarios mínimos vigentes (cerca de $18 millones).

En entrevista con Colprensa, se refirió a los resultados de la Encuesta Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que se llevó a cabo en 25 ciudades e indagó por cinco delitos: hurto a residencia, hurto a personas, hurto a vehículos, lesiones personales y extorsión.

- Ha dicho que con la reforma al Código de Policía la Fuerza Pública tendrá instrumentos para intervenir en situaciones que la regulación actual no tiene en cuenta. ¿Cuáles son y por qué son importantes?

El propósito es velar por los derechos de las personas, para que no sean lastimados. Era necesario trabajar un nuevo Código porque el vigente tiene más de 40 años y en ese tiempo el país cambió, se requieren unas normas de convivencia que se adapten a la sociedad de hoy. El Código incluye medidas correctivas. Se incluyó un sistema nacional de multas, la gente está acostumbrada a no pagar multas y no pasa nada. No seguirá pasando eso, pues una parte de las medidas va acompañada de multas y mecanismos para exigirlas. No se trata de que paguen una multa y que el ciudadano se cruce de brazos pensando que nada pasa si no la paga.

- Hay medidas polémicas, como que la Policía pueda entrar a los domicilios para apagar los equipos de sonido…

Es claro que una porción de la ciudadanía no quiere reglas, pero son necesarias. Otra parte, al contrario, las exige. Es natural que se genere polémica, la discusión será bienvenida y no negamos que algunos puntos susciten debate.

- ¿Qué puntos podrían generar más debates?

El Código establece todo un capítulo dedicado a la privacidad e intimidad de las personas. Los que organizan espectáculos públicos o conciertos deberán pagar los gastos de seguridad, porque no continuaremos sacando los policías de los barrios para que vayan a cuidar conciertos. Eso les corresponde a los organizadores. Se establece toda una regulación con grupos vulnerables como niños, adolescentes, mujeres, comunidad LGBTI, población en situación de prostitución, entre otros.

- Otra medida es la relacionada con el matoneo en los colegios. Para algunos especialistas, más allá de las multas propuestas, debe existir asesoría a víctimas y victimarios...

Hay un capítulo dedicado a la convivencia en el entorno educativo, que tiene que ver no solo con lo que ocurra dentro de los planteles, sino por fuera. Las medidas que trae el Código aplican para ambos contextos. Para el matoneo se establece que cuando lo comete un menor de edad, se impone un programa pedagógico, no una multa. Esta se aplica cuando la falta la cometen mayores de edad, alrededor de 302 mil pesos de acuerdo con el salario mínimo vigente.

- ¿Cómo sería el seguimiento a los menores de edad?

Se espera que sea la institución educativa la que contribuya en la identificación de comportamientos.

- ¿Qué tipo de multas se contempla?

Dos tipos: las generales y las especiales. Las primeras son hasta de 32 salarios mínimos vigentes, sin perjuicio de que se apliquen varias medidas correctivas al tiempo y las conductas estén tipificadas en el Código Penal. Es decir, las medidas correctivas del Código no son incompatibles con otras de carácter penal y disciplinario establecidas en otros códigos.

La encuesta de seguridad

- ¿Qué impresión le dejaron al Gobierno los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana?

Hay ciudades como Pasto (Nariño) que tienen problemas serios de victimización, pero también hay ciudades de la Costa Atlántica que están bastante mejor. Si nos comparamos con otros países, estamos en mejores condiciones. Tenemos un desafío grande frente al hurto de personas, una victimización del 13,2 por ciento frente al promedio internacional, que es de 6,8 por ciento. Aunque la extorsión es muy alta, es bastante menor de lo que imaginábamos porque indica que solo el 0,8 por ciento la sufre. No digo que sea bajo porque son más de 125 mil personas, pero sí menos de lo que creíamos.

- ¿Ha mejorado la percepción de seguridad?

La percepción de inseguridad en la totalidad de las ciudades es muy superior al nivel de criminalidad. Hay casos como el de Cartagena, donde mientras la percepción de inseguridad es del 62 por ciento, es una de las ciudades con menor criminalidad real medida por la victimización, que es del 7,3 por ciento. Es una diferencia abismal. Esto ocurre en otras ciudades, lo que nos lleva a preguntarnos qué otros factores inciden en la percepción de inseguridad además de la criminalidad, y eso nos obliga a entender aspectos como la credibilidad en las instituciones como la Policía, alcaldes y gobernadores

- ¿Cómo se ha coordinado el Gobierno central con las regiones?

No existe una división. A las ciudades las hemos acompañado y se han estructurado acuerdos mutuos de seguridad y convivencia.

La expectativa

El alto consejero para la Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda, manifiesta que espera una buena acogida en el Congreso del proyecto de reforma al Código de Policía, aunque no descarta debates sobre temas álgidos.