Noticias de Manizales y Caldas,
Febrero 22 2025
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COLPRENSA | LA PATRIA
El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) un informe detallado sobre las medidas cautelares proferidas sobre el Asunto niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Riohacha y Maicao del pueblo wuayúu, asentados en el departamento de La Guajira, respecto a la atención que se les ha dado en la crisis social y alimenticia.
La Cancillería indicó que aunque el informe tiene carácter confidencial, reseña el trabajo adelantado por el Gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensoría del Pueblo y la Presidencia; los ministerios de Salud, Vivienda, del Interior y Agricultura; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Departamento para la Prosperidad Social, para adoptar las medidas necesarias para la protección de esta comunidad.
“El Gobierno colombiano, a través de la Cancillería, envió la respuesta en cumplimiento de los términos dados en la misma medida cautelar, que da un plazo de 15 días a partir de su fecha de emisión”, indicó un reporte oficial.
La crisis
La Cidh había pedido explicaciones al Gobierno debido a los últimos casos reportados de muertes de infantes por causa del hambre y desnutrición en La Guajira.
De acuerdo con las autoridades locales, desde 2012 han fallecido 249 menores en ese departamento, donde el 55 % de los pobladores subsisten en condiciones de miseria. La gran mayoría de las víctimas son indígenas, residentes en rancherías alejadas de los centros urbanos, sin agua potable, alcantarillado ni energía eléctrica.
A mediados del año pasado, Karen Abudinen, directora de Primera Infancia del Bienestar Familiar (Icbf), explicó que la entidad había realizado 100 operativos de vigilancia y control, con sanciones para los organismos que estaban fallando en el cuidado de los menores.
La Defensoría del Pueblo también emitió alertas tempranas, pero los problemas de fondo continúan.
Ahora el Gobierno espera que la Cidh revise su informe, de cara a saber si habrá condenas y sanciones al Estado por negligencia.
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