“Frente a los crímenes atroces se requiere cárcel efectiva”: procurador

 Alfonso Ospina Torres

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

El procurador general de la Nación sigue siendo un crítico severo de la forma como marcha el diálogo entre el Gobierno y las Farc. Mientras espera que el presidente Santos le responda las 45 preguntas que hizo sobre ese proceso, también lanza señales conciliatorias, como que “el mecanismo de refrendación no puede ser un escenario de una nueva guerra entre los partidarios y críticos de lo que se acuerde”.

Al tiempo, descarta las insinuaciones de que hace o va a hacer trabajo político y se sorprende del afán del presidente de candidatizarlo. "Se lo agradezco, pero no. La única candidatura que acepto es la de ser el mejor procurador”.

Alejandro Ordóñez Maldonado también habló sobre la crisis en la alta justicia, de la que dijo estar convencido de que no se soluciona únicamente con nuevas normas. Y expresa “muchísima preocupación” porque en la reforma de ‘Equilibrio de poderes’ se proponga que el presidente terne al procurador general. “Esto significa convertirlo en un ministro más del Ejecutivo”.

Barbarie

¿Qué piensa del ataque cometido esta semana por las FARC contra el Ejército, en el Cauca?

Es un nuevo acto de barbarie que nos arrebató a once miembros del Ejército Nacional; ratifica el por qué la sociedad tiene desconfianza y plantea inquietudes frente al proceso de paz. Es un hecho que enluta a todo el país, el cual rechazo y condeno. Y dejo una reflexión: si el secuestro del general Alzate significó la suspensión del proceso de paz, ¿qué puede significar el cruel asesinato de 11 soldados de la patria?

Es clara su posición sobre “la paz sin impunidad”. ¿cuál será la propuesta de la Procuraduría sobre el castigo que deben tener miembros del Secretariado y comandantes de frentes?

Muy sencillo. En materia de justicia transicional hay que aplicar las dos sentencias de la Corte Constitucional relativas al Marco Jurídico para la Paz y que hoy las quieren birlar, las quieren quitar del camino con malas artes. Debe haber proporcionalidad entre la pena a imponer y la gravedad del crimen cometido, como indicó la fiscal ante la Corte Penal Internacional. Eso implica que la cúpula no puede gozar de penas simbólicas como trabajo comunitario o excusas públicas. Frente a los crímenes atroces se requiere cárcel efectiva. Y no nos engañemos, cárcel es cárcel, no construir una nueva ‘Catedral’ para los responsables de tanta barbarie.

Si el presidente Santos cumple su petición de responder las 45 preguntas formuladas sobre la negociación con las Farc, ¿la Procuraduría quedará tranquila y apoyará el resto de ese proceso?

La respuesta puntual y precisa a las 45 preguntas no es un peaje para apoyar o criticar el proceso. Es una obligación constitucional del señor presidente. Es, además, una oportunidad que tiene el Gobierno para generar confianza ciudadana en las conversaciones con las Farc. Si el presidente insiste en negarse a contestarlas le hace un mal al proceso, afecta su transparencia y aumenta el escepticismo.

¿Mantiene usted su sensación de “perplejidad” sobre la exclusión de los diálogos de los negociadores Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo, ahora que se sabe que ellos volvieron a la Mesa?

La Procuraduría pidió al presidente claridad sobre la participación de los dos generales en un momento en que la opinión pública la requería.

Consensos

Sobre el mecanismo de ratificación (consulta popular, referendo o constituyente) para los acuerdos a los que lleguen el Gobierno y las Farc, ¿cree que los colombianos que no están de acuerdo tendrá manera de ser escuchados?

El mecanismo de refrendación no puede ser escenario de una nueva guerra entre los partidarios y críticos de lo que se acuerde. No debe profundizar las diferencias, sino contribuir a la construcción de consensos. Tampoco puede jugar a barrer a los críticos con la excusa de la paz. La firma de un acuerdo o inclusive su refrendación no es garantía de reconciliación; por el contrario, si se hace con torpeza puede ser fuente de nuevos conflictos y divisiones en la sociedad.

¿Cómo analiza la reciente decisión de la Corte Constitucional sobre los mecanismos de participación ciudadana? ¿Le abre camino a una constituyente para ratificar esos acuerdos con las Farc?

Más allá del debate jurídico, es conveniente que resulte de un Pacto para la Paz entre todos los sectores de la sociedad colombiana, incluidos de forma principal los críticos del proceso. Hay que pensar cómo blindar los acuerdos y la única forma posible es un candado jurídico–político, precisamente un Pacto para la Paz entre los críticos del proceso y sus defensores.

¿Qué responde a las afirmaciones (entre ellas del presidente Santos) de que usted está haciendo política? ¿Piensa ser candidato presidencial?

Me llama la atención el afán del presidente Santos de candidatizarme. ¡Lo veo muy entusiasta! Se lo agradezco, pero no, muchas gracias. La única candidatura que acepto es la de ser el mejor procurador. Esa es mi tarea y a eso estoy dedicado. Como dije hace algunos días, cuando recordaba alguna frase de una canción de Shakira y Alejandro Sanz: ‘Te lo agradezco, pero no’.

La crisis en la justicia

Otro asunto polémico que no puede olvidarse es la crisis en la Corte Constitucional. Usted ha criticado a quienes pidieron la renuncia al magistrado Jorge Pretelt. ¿Cree que en ese caso hay motivaciones políticas?

No es correcto que haya peticiones de renuncia a un magistrado por parte de funcionarios públicos. No es aceptable en un Estado de derecho responsabilizar a alguien sin que se adelante un juicio y se ejerza el derecho a la defensa. Corresponderá a las autoridades competentes tomar las decisiones que la justicia demanda. Sobre las motivaciones ocultas, no me corresponde opinar. El magistrado Pretelt ha dicho públicamente que existen tales motivaciones, con señalamientos muy graves. Deberá la justicia esclarecerlas.

La procuradora de Familia Martha Ligia Patrón está involucrada en ese escándalo, por una investigación que la podría relacionar con desplazamiento y despojo de tierras, crímenes sobre los que usted ha insistido que deben ser severamente castigados. ¿La Procuraduría tomará acción sobre su funcionaria?

A todo investigado, inclusive a la doctora Martha Ligia Patrón López, debe garantizársele la presunción de inocencia y el debido proceso. Si llega el momento, deberá la Procuraduría pronunciarse sobre si las acusaciones por las cuales se le investiga en lo penal guardan alguna relación con el deber funcional de la doctora Patrón, para que sea disciplinable.

¿Cómo se puede conjurar la crisis de credibilidad en las altas cortes y en los tribunales?

Estoy convencido de que la crisis no se soluciona únicamente con nuevas normas. La solución tiene otras dimensiones. Una de ellas es la formación de nuestros jueces, la cual debe estar marcada por la eticidad. Si queremos decisiones justas debemos tener jueces éticos. Si no contamos con jueces celosos del bien común, fácilmente vemos a jueces presos de sus intereses privados.

¿La reforma al equilibrio de poderes solucionará la crisis de la justicia? ¿Qué implicaciones tiene esta reforma para la Procuraduría?

La solución al problema de la crisis de la justicia no está exclusivamente en las normas, pero estas pueden ayudar en alguna medida a rescatar la credibilidad institucional, claro está, si se hacen bien. Y parece ser que éste no es el caso. Me preocupa muchísimo que en la reforma denominada ‘Equilibrio de poderes’ se proponga que el señor presidente sea quien terne al procurador general. Esto significa convertir al procurador en un ministro más del Ejecutivo. Ello rompería el equilibrio entre los poderes, pues el controlador del gobierno termina siendo un apéndice del mismo. En concreto, no debería el presidente incidir en la elección de magistrados, ni del fiscal ni del procurador. Así tal vez habría en realidad equilibrio de poderes.

¿El llamado lobby de abogados, denunciado sobre las cortes, sucede en otras entidades? ¿La Procuraduría está blindada contra eso?

Mentiría si afirmo que la Procuraduría está exenta de este fenómeno, porque es humanamente imposible controlar absolutamente a todos los servidores de la Entidad. Sin embargo, debo decir con claridad que todos los días hacemos grandes esfuerzos administrativos y disciplinarios para evitar que nuestros funcionarios flaqueen al lobby que hacen los abogados.

¿Qué responde ante los señalamientos de supuestos intercambios de favores (a través de nombramiento de funcionarios) entre la Procuraduría y algunas cortes?

La suspicacia que se quiere plantear de “intercambio de favores” no es fundada. En la Procuraduría se reciben aspiraciones de los más disímiles sectores, pero ello no significa que cada nombramiento sea por intercambiar favores con esos sectores, así como tampoco puede significar que no nombrarlos sea una negación de favores.

La respuesta puntual y precisa a las 45 preguntas no es un peaje para apoyar o criticar el proceso.

Hay que pensar cómo blindar los acuerdos y la única forma posible es un candado jurídico–político.