Flip denunció 11 ataques a periodistas entre octubre y noviembre

Durante octubre y noviembre, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), registró 11 ataques y 14 periodistas víctimas. Esta fundación ha documentado 122 casos de restricciones a la libertad de prensa, donde los principales agresores son alcaldes, policías y personal administrativo. 

El hecho más reciente fue el panfleto amenazando a Reporteros Sin Fronteras, Canal Capital y Telesur, que era firmado por el grupo paramilitar 'Águilas Negras', en el cual amenazaban de muerte a los periodistas de estos tres medios. 

"No crean que pueden ir enlodando con sus basuras de investigaciones a los héroes de la patria, a los colombianos que quieren ver libre del terrorismo al continente latinoamericano". Esta mención la hicieron refiriéndose al cubrimiento que han realizado estos medios sobre el proceso de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, y al reciente secuestro contra el general Rubén Darío Alzate. 

“La FLIP expresa su preocupación frente a los reincidentes hechos de ataque, estigmatización y amenazas contra Canal Capital y sus periodistas, los hechos registrados durante el año marcan una atmósfera adversa para el ejercicio periodístico desde este canal, su agenda informativa, los espacios de opinión y su línea editorial”, aseguró la fundación. 

Por otro lado, citan el caso del alcalde de Puerto Berrío, en Antioquia, Robinson Baena, quien señaló públicamente al periodista Benjamín Pelayo, corresponsal de Teleantioquia de morboso y que lo que hace con su ejercicio periodístico es desinformar a la audiencia, el periodista hizo una nota sobre los problemas que tiene una obra pública que no se ha llevado a cabo. 

“El corresponsal de Teleantioquia advirtió que después de las declaraciones del alcalde, él y su esposa fueron seguidos por un desconocido cuando se dirigían del centro del municipio a su casa”, indicó la FLIP 

Mencionan también la crisis de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El pasado 6 de noviembre, el Gobierno manifestó complicaciones para la solución a la crisis presupuestal del sistema de protección, 
el director de la UNP solicitó al Ministerio de Hacienda que le diera una adhesión presupuestal, pues de no ser así los beneficiarios del programa dejarían de tener sus esquemas. 

“A pesar de que el episodio tuvo solución aparente, esto fue temporal y la crisis de la UNP continúa. Las recientes políticas de la UNP, dirigidas a negar la autorización de viáticos y de desplazamientos de los esquemas de seguridad afectan de manera directa el ejercicio de los periodistas, además de vulnerar el derecho a la protección que tienen los beneficiarios”, precisa la FLIP. 

En Bucaramanga asesinaron a una abogada y periodista, Mónica Andrea del Pilar Rocha, quien trabajó en el canal local de televisión TVC durante el año 2000 y 2004, como productora y reportera para diferentes programas. Desde hace varios años había dejado de ejercer el periodismo y trabajaba como abogada litigante. La FLIP conoció que no había presentado antecedentes de amenazas. 

Otro de los preocupantes casos que menciona la fundación es la restricción al acceso a la información en audiencias públicas que se ha generado por parte de funcionarios públicos sin el pleno 
cumplimiento de los requisitos legales. 

En Caucasia, Antioquia, se presentó uno de esos casos, un grupo de periodistas tuvieron dificultades para hacer el cubrimiento de una audiencia de legalización de captura el pasado 29 de octubre. 

Episodio similar se registró en Cartagena, cuando uno de los periodistas del diario El Heraldo fue obligado por el Fiscal especializado de antinarcóticos a retirarse de la sala, pese a que el Juez de Garantías había autorizado al comunicador para que tomara notas. Además, el Fiscal exigió al periodista identificarse con nombre, documento de identidad, dirección y demás datos personales. 

Como estos casos asegura la fundación que se presentan cientos en el año, razón por la que le pidió al Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía incorporar criterios y prácticas de apertura informativa para que las audiencias públicas se puedan cubrir sin inconvenientes por parte de los periodistas.