COLPRENSA | LA PATRIA
El caso del general Mauricio Santoyo continuó estremeciendo ayer el ámbito judicial. El presidente de la República, Juan Manuel Santos y el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, solicitaron que tan pronto cumpla la pena que deberá pagar en Estados Unidos el oficial retirado de la Policía sea devuelto a Colombia para que también pague por sus delitos. El procurador Alejandro Ordóñez pidió los elementos probatorios para abrir las investigaciones a que haya lugar.
Mientras eso ocurría, el abogado del expresidente Álvaro Uribe radicó en la Fiscalía una solicitud para que ese ente establezca la responsabilidad del exmandatario, que tuvo a Santoyo como jefe de seguridad. Además, las miradas del país continúan buscando posibles involucrados con el oficial en la comisión de las conductas ilegales, y tratando de establecer la responsabilidad de algunas autoridades que, por acción u omisión, lo dejaron avanzar tanto en su carrera policial como en la delictiva.
El presidente Santos les pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que aceleren las investigaciones para que, si hay elementos de juicio suficientes, le imputen cargos al oficial y se pida en extradición.
El mandatario reconoció que es muy grave que el encargado de la seguridad del Gobierno haya resultado involucrado con grupos al margen de la ley. “Él asistió a los consejos de seguridad donde se compartía y se hacía referencia a operaciones concretas”, recordó Santos.
Cuatro investigaciones
El Fiscal General anunció que Santoyo sería pedido en extradición por Colombia "en el evento en que se profiera en su contra una medida de aseguramiento por hechos distintos a los cuales está juzgado en Estados Unidos, y tendría que hacerse efectiva esa medida cuando cumpla la pena allí”.
“Hay cuatro investigaciones contra el general con paramilitares y grupos de narcotraficantes, y por esta razón vamos a unificar todos los procesos”, anunció el jefe del ente acusador, quien aseguró que sobre los cuatro procesos la Fiscalía tomará decisiones antes de cuatro meses.
“Vamos a revisar la posible reanudación de procesos que hayan sido cerrados, de acuerdo con las nuevas pruebas que vayan apareciendo”, añadió.
El Procurador aseguró que el Consejo de Estado no ha fallado en el proceso que reposa en ese tribunal. “Todavía se está implementando la decisión. Entonces la destitución del general está suspendida en los efectos legales, pero no está anulada”.
Por esta situación, Santoyo demandó a la Nación por daños morales por 153 millones de pesos y la devolución de los sueldos adeudados, así como volver a su condición de oficial.
“Primero debemos conocer los insumos probatorios que tiene la justicia norteamericana. Después tenemos que evaluar y valorar, en lo que tiene que ver con la Procuraduría, los términos y la existencia de los hechos que se le imputan o que reconozca haber cometido para hacer las distinciones del caso. He solicitado esos insumos probatorios para adelantar las investigaciones pertinentes”.
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Jaime Granados, abogado defensor del expresidente Álvaro Uribe, radicó ayer un escrito en la Fiscalía en el que le solicita al ente acusador que, con base en la cooperación internacional, establezca la responsabilidad del exmandatario en los hechos por los que es juzgado Santoyo en Estados Unidos.
El pedido también va dirigido a las autoridades de Estados Unidos. “Es para que no quede duda de lo que sucedió. Hay que establecer la verdad porque está comprometida la credibilidad del aparato de inteligencia y contrainteligencia de la Policía”, indicó Granados, quien espera una respuesta en 15 días.
Añadió que Santoyo fue escogido como jefe de seguridad del candidato Álvaro Uribe por el mando de la Policía, y que como jefe de seguridad de la Casa de Nariño fue seleccionado por el Ministro de Defensa de la época.
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