Un nuevo choque de trenes entre la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación parece haber quedado planteado ayer, luego de que el ente acusador ordenó inspeccionar la sede del Ministerio Público para recaudar pruebas con relación al proceso que se le sigue al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Durante una conferencia en el Club el Nogal, al norte de Bogotá, el fiscal General, Eduardo Montealegre, anunció que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) se había encargado de la diligencia ayer en la mañana, tras conocerse la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar por 15 años al mandatario por la improvisación en la implementación del nuevo esquema de basuras. “Es para mirar qué tipo de pruebas se practicaron después del pliego de cargos contra el alcalde, y para mirar los argumentos que tuvo la Procuraduría para tomar esa decisión”, explicó Montealegre, quien calificó la destitución como inquisidora.
Fuentes le indicaron a Colprensa que el grupo delegado para la inspección solicitó un documento, que sería el fallo en el que consta la decisión del Ministerio Público.
El fiscal recordó que las investigaciones contra el mandatario por dicho escándalo ya fueron radicadas ante el despacho del vicefiscal General, Jorge Perdomo, por lo cual otro paso que sigue sería “ordenar nuevas pruebas, entre las que se encuentra la verificación de la decisión del Procurador”. Fue una sala disciplinaria la que tuvo la última palabra en la destitución del alcalde, a pesar de que la decisión la anunció el procurador. "Vamos a verificar y a examinar el expediente muy detenidamente”.
Las diferencias entre los dos altos funcionarios no son nuevas. Ya han tenido varios rifirrafes, especialmente en eventos académicos, por cuenta del proceso de paz, la aplicación de la justicia transicional en dicho proceso, el Marco Jurídico para la Paz y más recientemente por la solicitud que le hizo el Procurador General a la Corte Penal Internacional para que intervenga en caso de que en Colombia se firme un acuerdo de paz "con impunidad".
El nuevo embajador
Kevin Whitetaker, nominado como nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, expresó ayer que la decisión contra Petro "podría erosionar" el proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con las Farc.
“Conozco el caso. Aquí hay una pregunta fundamental sobre pluralismo político. Colombia está en medio de un proceso muy importante para encontrar cómo manejar el conflicto interno y no es por accidente que el segundo punto de las negociaciones fue el pluralismo político. Cómo integrar en el proceso democrático a individuos desarmados de la izquierda”, declaró Whitetaker en el Senado de su país.
Y agregó: “Si individuos en Colombia concluyeran, basados en este decisión, o en otras, que este espacio no existe, entonces las condiciones básicas para la paz podrían erosionarse de alguna manera”. Está claro que el funcionario tuvo en cuenta el hecho de que Petro sea desmovilizado de la guerrilla del M-19.
Las Farc, por su parte, han criticado al procurador por la decisión y lo han tildado de fanático. También aseguraron que la destitución de Petro podría afectar el proceso.
"Fue un complot"
Emilio Tapia, testigo de la Fiscalía en el caso del carrusel de la contratación de Bogotá, le aseguró a El Espectador que tras la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hubo un complot fraguado por los operadores privados que venían prestando el servicio de recolección de basuras, que se aliaron para generar el caos que vivió la capital el 18 de diciembre del año pasado, cuando el negocio lo asumió la Alcaldía. “Si bien es cierto que hubo omisiones o errores en el tema de las basuras, hay un antecedente muchísimo más grave”, pues según Tapia, “hubo un complot contra el alcalde de Bogotá, por los intereses que tenían los operadores privados en su momento, estos se juntaron para no aceptar del distrito la última prórroga que se les iba a hacer al contrato, con el fin de que se generara un caos en la recolección de basuras, caos que efectivamente se dio. Todo esto fue premeditado”.
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