El 2018 empezó con el anuncio de una de las decisiones más esperadas en el caso de corrupción de Odebrecht: la definición de la situación jurídica de Roberto Prieto Uribe, quien había sido mencionado por varios testigos de hacer parte de la trama de influencias ejercidas por servidores públicos en favor de la multinacional brasileña.
Con un interrogatorio encima, desde agosto se empezó a perfilar públicamente la investigación de la Fiscalía General de la Nación en contra de Prieto Uribe, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en las elecciones de 2010.
Esto, desde que se supo que el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, será testigo de cargo en su contra, como parte del principio de oportunidad que el exfuncionario, ya condenado, alcanzó con la entidad.
Ese mes igualmente se conoció qué enlodaba a Prieto: el testimonio del empresario Eduardo Zambrano, quien indicaba que Prieto habría recibido dinero a cambio de hacer lobby ante la Agencia Nacional de Infraestructura en favor de Odebrecht para conseguir recursos para el diseño del Puente Plato, un tramo de la Ruta del Sol III.
Ayer con el anuncio oficial de la Fiscalía, Prieto Uribe dejó de ser un ‘intocable’ para convertirse en uno más de lo señalados de participar, supuestamente, en el bochornoso escándalo de corrupción que toca a altos funcionarios, y a sus hombres de confianza, en toda América Latina.
Prieto Uribe, economista de la Universidad Externado de Colombia, hijo del caldense político liberal Luis Prieto Ocampo, trabajó en la Fundación Buen Gobierno de Santos Calderón antes de iniciar con este la contienda electoral a la presidencia y para la reelección. Igualmente, fue presidente entre el 2004 y el 2010 de Marketmedia Communications Inc y director Ejecutivo de Colombia y Perú en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta el 2013.
De hombre de confianza del presidente Santos, Prieto Uribe pasó a reconocer en medios de comunicación en marzo del año pasado que en la financiación de la campaña 2010 hubo una operación irregular por unos afiches que pagó la empresa. “Yo ordené los afiches y me dijeron que (la plata) salió de Odebrecht. Les envié la factura”, dijo Prieto a Blu Radio, justo cuando se conoció que la campaña Santos habría recibido 400.000 dólares.
Prieto Uribe tendrá que acudir a los juzgados de Paloquemao en Bogotá el próximo 26 de febrero para escuchar a la Fiscalía General imputarle los delitos de tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado.
La Fiscalía, que pedirá cárcel para Prieto, asegura que este habría “influido de manera determinante ante la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, con el fin de lograr la adición del contrato Ruta del Sol III a cargo de Yuma Concesionaria S.A., liderada por la empresa Salini Impregilo Spa sucursal de Colombia, para la construcción del puente Plato (departamento de Magdalena) en ese proyecto”.
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