EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, se declaró ayer impedido para investigar a dos exministras que fueron denunciadas por estar presuntamente involucradas en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Las exministras de Transporte Cecilia Álvarez Correa (2012-2014) y de Educación Gina Parody (2014-2016), quienes son pareja, fueron denunciadas el pasado 26 de enero por presunta corrupción por el partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe.
La denuncia se presentó luego de que el expresidente Uribe (2002-2010) aseguró que la familia de Parody tiene intereses en el Tramo II de la Ruta del Sol toda vez que construye un puerto en esa zona.
La Fiscalía indicó ayer en un comunicado que, en ejercicio de su actividad profesional, Martínez emitió un concepto en septiembre del año 2012.
Por el escándalo de los sobornos pagados por Odebrecht en Colombia está detenido el exsenador Otto Bula, quien admitió haber recibido 4,6 millones de dólares por intermediar en la consecución de contratos para esa firma en el país.
También está tras las rejas el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, quien reconoció haber recibido 6,5 millones de dólares en sobornos.
El tercer detenido es el contratista Andrés Cardona, por su presunta participación en la celebración irregular y ejecución de un contrato entre la compañía brasileña y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de la capital del país para obras en el río Bogotá.
A Prieto le imputarán cargos
La Fiscalía llamó a imputación de cargos al exgerente de la campaña Santos Presidente 2014 Roberto Prieto, por el delito de fraude procesal.
La Fiscalía iba a radicar ayer la solicitud de imputación en los juzgados de Paloquemao, para que se cite una fecha para la diligencia.
Se conoció que la entidad pedirá una medida de aseguramiento no restrictiva de la libertad en contra de Prieto.
Esto, luego que Prieto reconociera que a la campaña a la Presidencia de Juan Manuel Santos en 2010 entró un aporte de 400.00 dólares de Odebrecht, para la impresión de unos afiches, dinero que no habría sido reportado al Consejo Nacional Electoral.
“Fue una operación irregular y la campaña lo va a aceptar, pero Juan Manuel Santos no tuvo nada que ver. El comité debe aceptar que hicimos quedar mal a Santos. Hay que sacar un comunicado donde se acepte que la operación fue irregular y que Juan Manuel Santos no sabía nada”, reconoció Prieto en su momento, sobre el pago de la firma brasileña para el suministro de afiches por medio de la empresa Impressa Group.
Destacado
El CTI capturó ayer al fiscal delegado ante el Tribunal de Cundinamarca, Rodrigo Aldana Larrazábal, señalado de favorecer al exsenador Otto Bula, quien está preso luego de que aceptara haber recibido 4,6 millones de dólares por intermediar en la consecución de contratos para Odebrecht en el país.
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