Familiares de desaparecidos piden asiento en La Habana

BOGOTÁ - Han pasado 24 años desde que José Daniel Álvarez dejó de ver a su padre y a su tío, el 14 de enero de 1990, en el corregimiento de Pueblo Bello, jurisdicción de Turbo (Antioquia). Sus dos familiares desaparecieron junto con otros 31 campesinos en hechos que hoy permanecen en la impunidad.

José Daniel y otros miles de familiares de las víctimas de desaparición forzada han emprendido una lucha incansable para que este crimen de lesa humanidad sea tenido en cuenta en la mesa de negociación con las Farc.

Por lo anterior, han decidido proponer dos puntos para que sean tratados en los diálogos que se están desarrollando en La Habana sobre el tema de víctimas, pues es clara la obligación de ambas partes a comprometerse en el reconocimiento de su responsabilidad institucional, individual y de las cadenas de mando en graves violaciones de derechos humanos como las desapariciones forzadas.

Por lo anterior, los familiares de las víctimas demandan el reconocimiento del Estado Colombiano su responsabilidad en las desapariciones forzadas cometidas en el país y su compromiso para que se los devuelvan vivos así como se los llevaron.

En la primera demanda, los familiares de las víctimas proponen el diseño, construcción y puesta en marcha de una Subcomisión de Verdad exclusiva para las desapariciones forzadas que realice una investigación profunda de sus causas, desarrollos, responsables y graves consecuencias, así como sus dinámicas regionales, económicas y políticas.

De igual forma se dice que: “La Subcomisión debe tener en cuenta los impactos específicos y diferenciados sobre las comunidades, la sociedad y los efectos desproporcionados sobre las mujeres y elaborar recomendaciones para garantizar la no recepción de este delito”.

La Subcomisión debe estar integrada por representantes de organizaciones internacionales, de víctimas de desaparición forzada y especialistas que tengan presencia en las regiones y en los lugares afectados.

En la segunda demanda se habla de la puesta en marcha de un programa enfocado a garantizar la no repetición de casos de desaparición forzada en el país.

Lo anterior implica que se deben socavar las estructuras de poder estatales y paramilitares que son responsables de estos casos.

En segunda instancia, se dice que se debe contrarrestar la indiferencia social y el miedo generalizado a través de pedagogías de memorias en currículos escolares, medios de comunicación entre otros.

“El programa debe cumplir como tareas imprescindibles para la construcción de una paz estable y duradera”. Afirman los familiares de las víctimas de este crimen de lesa humanidad.

Las víctimas sueñan con la paz sin desaparecidos y sin impunidad.