COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
La decisión de la Corte Constitucional frente al fast track tomó por sorpresa al Gobierno Nacional y a los partidos políticos que apoyan el procedimiento legislativo expedito. Así lo señaló el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien aseguró que como siempre respetan la decisión, pero no la comparten.
“Se falla distinto a hace apenas cinco meses frente al acto legislativo y frente al artículo primero y no se tiene en cuenta el precedente constitucional en materia de sustitución de la Constitución (…). Entonces, lamentamos el fallo. También hay que decir que supone una dificultad en el camino de la implementación de los acuerdos, pero no es de ninguna manera el fin del mundo para la implementación. El fast track está vivo, sigue vigente”, dijo el ministro Cristo.
La decisión de alto tribunal que permitirá que de ahora en adelante se puedan modificar las iniciativas legislativas presentadas por el Gobierno en el Congreso y que abre la puerta a que éstas se voten no en bloque si no, artículo por artículo, se da en respuesta a una demanda interpuesta por el senador del Centro Democrático Iván Duque, que se apoyaba en cerca de 1.3 millones de firmas de ciudadanos.
“La Corte ha señalado que el Congreso es autónomo e independiente para modificar los proyectos que discute. No es notario de la Casa de Nariño. La Corte le pone fin a votaciones en bloque con avales del gobierno. Se recupera independencia para votar y modificar con mayorías el articulado”, expresó Duque.
Se sabe que en especial el Centro Democrático tiene varias críticas ante los proyectos ya aprobados y ante los que vienen. Lo que dice el ministro del Interior, es que las iniciativas que garantizan la seguridad jurídica y se califican como la columna vertebral de los acuerdos de paz, como lo son la ley de amnistía, la reincorporación política, el estatuto de la oposición y la Jurisdicción Especial para la paz, ya fueron aprobadas y las que siguen son más abiertas al debate. Sin embargo, está pendiente lo que es la ley que reglamentará dicha jurisdicción.
“El hecho de que no necesite aval no quiere decir que ahora cualquiera llega y propone lo que quiera en el Congreso”, afirma el jefe de la cartera política.
Según explica, sigue vigente el condicional que todas las normas que se tramitan mediante el conocido fast track, deben corresponder a lo acordado en La Habana: “Por eso, independientemente de que el aval del gobierno no se necesite para una proposición es evidente que ninguna proposición puede ir en contravía o modificar el acuerdo de paz como lo establece la norma constitucional”.
Lo que sigue
Como ya lo dijo el vocero de la Casa de Nariño, Alfonso Prada, y en lo que coincide el ministro del Interior, es que se confía en el compromiso que tiene el legislativo con la aprobación de los acuerdos de paz.
“El Congreso acata la decisión de la Corte Constitucional. El nuevo escenario por supuesto, hará un poco más lenta las cosas y pone al Congreso con una mayor responsabilidad de disciplina para tener la mayor fidelidad de los acuerdos manteniendo el mismo nivel de debate y la profundidad, por supuesto, con un procedimiento más lento”, dijo el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano.
Para los senadores del Partido de la U Armando Benedetti y Roy Barreras el escenario es mucho más oscuro y se pone en una situación riesgosa la aplicación del acuerdo.
“Me parece una cosa bastante surrealista. Se llama fast track porque al votar en bloque usted permite que los principios y los fundamentos principales se voten junto con todos los artículos. Votar artículo por artículo es acabar el fast track”, indicó Benedetti.
“Esos que aplauden este traspiés del fast track en la Corte Constitucional, es que los miles de militares que esperan volver con sus familias se queden en prisión, que las víctimas que están esperando la verdad gracias a la JEP, se queden sin saber dónde están sus muertos y desaparecidos, que en los miles de hombres que dejarán sus armas en 13 días, se siembre la incertidumbre”, manifestó Roy Barreras.
Otros parlamentarios como es el caso de la representante por la Alianza Verde Angélica Lozano son más positivos: “Veo una oportunidad para que el Congreso asuma la responsabilidad total que tiene. No es aprobar y pupitrear lo que el Gobierno diga. El Congreso puede sacar adelante una buena implementación del proceso de paz, no veo aquí un escollo o un obstáculo para que se materialice ese acuerdo que hemos firmado”.
Por esa misma línea va la posición del rector de la Universidad Externado de Colombia, y asesor jurídico del Gobierno, Juan Carlos Henao, quien aunque reconoce que la noticia no es la mejor, dice que no se alterará lo esencial.
“No se va a poder acabar la justicia transicional. La decisión podrá alterar el trámite de lo que viene, pero no la sustancia de lo acordado, ni lo que ya fue aprobado por el legislativo. Es una decisión que en efecto no es la mejor noticia, pero no nos dejemos convencer de que es una catástrofe para el proceso de paz, como lo están diciendo algunos sectores políticos, quienes consideran que la Corte les dio la razón”, explicó.
Desde la guerrilla
Mientras tanto, las Farc aseveraron ayer que el proceso de paz está en la situación más difícil que este ha vivido desde su inicio.
"Cuando nos aprestábamos a dar por realizado el proceso de dejación individual de armas según lo establecido en el acuerdo (...) se ha sembrado la mayor de las incertidumbres con respecto a la disposición y la capacidad del Estado en todos sus poderes para honrar los acuerdos de La Habana", reza una misiva firmada por el Secretariado de las Farc.
Según la subversión, el fallo tiene el peligro de que se renegocie el acuerdo en el Congreso y de "estimular el saboteo de su desarrollo normativo", como consideran que es la intención de algunos sectores políticos.
Por ello y aunque consideran que el fallo "modifica sustancialmente las condiciones de trámite de las normas", hicieron un llamado al Congreso para que "contribuya a un desarrollo legislativo que se atenga al espíritu y la letra del acuerdo" que el Gobierno y las Farc firmaron el pasado 24 de noviembre y que fue posteriormente ratificado en el Congreso.
Pese a la situación generada tras el fallo, las Farc agregaron que mantienen la "decisión indeclinable" de continuar cumpliendo lo que acordaron.
Además, subrayaron que se han declarado en asamblea permanente en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) en las que se encuentran reunidos en su camino hacia el desarme y la desmovilización.
Destacado
El fallo de la Corte Constitucional pone en aprietos al Gobierno Nacional porque la misma reforma que habilitó el fast track dio un término de seis meses, prorrogables por otros seis, al mecanismo legislativo especial y las facultades extraordinarias del presidente de la República.
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