LA PATRIA | MANIZALES
Colombia no quiere pertenecer al comité de prevención de la tortura de Naciones Unidas. Este hecho lo calificó como lamentable Emilio Ginés Santidrián, miembro de ese grupo y experto en derechos humanos.
Él participó en el Quinto Simposio Internacional sobre delitos trasnacionales e investigación criminal, que organizó la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez.
LA PATRIA habló con él y otros dos expositores, sobre postconflicto.
José Luis Duarte Alcántara es inspector de la Policía Federal de México. Considera que sobre los problemas con el crimen organizado tienen muchas cosas en común con Colombia y trabajan en otras para enfrentar delitos de alto impacto.
El licenciado explica que los delitos trasnacionales afectan a toda la región y destacó la importancia de estos simposios.
Destacó tres ejes para enfrentar al crimen organizado: la confrontación para evitar el crecimiento de estos grupos delincuenciales, el desarrollo económico y social de las poblaciones, de modo que con recursos e infraestructura puedan ayudar a los ciudadanos. El tercero es la prevención para que niños y jóvenes no crezcan dentro de la cultura del narcotráfico y el conflicto.
"Como países hermanos tenemos gran cantidad de intercambios, capacitación, entrenamiento en seguridad y temas como el narcotráfico, el crimen organizado, pandillismo y terrorismo. Esto nos ha permitido un aprendizaje mutuo, y aunque son realidades diferentes y momentos distintos, aprendemos e implementamos lo que funcione para nuestro país. No son problemas idénticos, pero sí orígenes similares". Explicó.
Ante la corrupción policial dijo que implementan exámenes de control de confianza, lo que reduce la posibilidad de que ingresen a los cuerpos de seguridad personas que tengan o haya tenido vínculos con hechos delictivos. Profesionalizan a los policías y tienen academias en donde la instrucción dura dos años. Los forman en ética, respeto por los derechos humanos, pero también en la parte policial.
Temas espinosos ha tenido que enfrentar la Policía Federal de México, como es el caso de los estudiantes normalistas de la localidad de Ayoxinapa, en el estado de Guerrero, pues aparentemente fueron policías municipales quienes raptaron a los jóvenes y desaparecieron a 43 personas, de quienes no se tienen rastros.
Según la orden que impartió el presidente, Enrique Peña Nieto, es una prioridad para las fuerzas de seguridad encontrar a estas personas. Dice que hallaron fosas clandestinas y exhuman los restos para identificarlos.
Emilio Ginés Santidrián es miembro del Subcomité de prevención de la tortura de Naciones Unidas y experto en derechos humanos. Lamenta que Colombia no quiera pertenecer al comité del que hacen parte casi todos los países de la región, y destaca la importancia de que lo haga como manera de llevar a buen término un posible acuerdo de paz con las Farc.
¿Qué tan positivos son los encuentros contra los delitos trasnacionales?
Es una oportunidad magnifica para hablar, compartir problemas y buscar soluciones sobre problemas universales. Más que venir a enseñar, venimos a aprender.
¿Cómo ve la llegada del postconflicto?
La paz nos interesa a todas las organizaciones, es un paso decisivo para consolidar al país en todos los sentidos, los gastos militares se podrán revertir en mejoras para la sociedad. Cuando Colombia llegue a ese punto, como reza un dicho, podrá invertir más en mantequilla que en cañones.
¿Qué hace el Subcomité?
Es un comité que trabaja con muchos gobiernos, pero Colombia no ha ratificado el protocolo y es el único país de la región que no lo ha firmado. Esto es para trabajar con el gobierno y analizar problemas estructurales y proponer mejoras, recoger experiencias, porque el camino del futuro es ser reactivos, no utilizar la barra y el palo, sino usar el diálogo y los conocimientos.
¿Y cuál es el temor de Colombia?
Hay reticencia de Colombia que no es comprensible, ha sufrido situaciones muy delicadas, enfrentamientos y violencia tremenda durante años y ha sido sometida a control de muchos organismos internacionales y organizaciones. El país está en punto de mira. Los políticos no ven más allá de sus lentes, creen que han adquirido demasiados compromisos.
¿Cómo podrá ayudar este comité a Colombia?
Colombia tiene incapacidad para aclarar situaciones como las desapariciones forzadas. Para negar las cosas hay que conocerlas, no se puede decir a priori que por tener muchos compromisos con entidades internacionales, ya se tiene bastante. Hay que analizar que el comité es una estructura distinta y novedosa de la ONU, estamos para el diálogo y el trabajo confidencial con los gobiernos. No queremos denunciar a nadie, queremos trabajar.
La paz y el respeto por los derechos humanos se consiguen con el diálogo, no con denuncias ni fuerza bruta o fuerza ligera, se consigue de forma armoniosa, con un desarrollo de sinergias, de encontrar caminos en común y, sobretodo, aceptar a un comité como el nuestro va a dejar un mecanismo nacional fantástico.
¿Qué hace específicamente esta organización?
Trabajamos en prevención de tortura en confidencialidad, somos 25 miembros de diferentes países, tenemos una visión global del mundo y queremos aportar. Son visitas confidenciales, se presentan informes y se busca qué se puede mejorar. No hay un país que no tenga problemas, queremos construir con una visión realista y ver qué se puede cambiar, esta es la grandeza de nuestro protocolo.
Este es un mecanismo nacional de prevención contra la tortura que queremos implementar cuando alguien esté detenido en una institución militar, psiquiátrica, de ancianos, una prisión o centro de inmigrantes y de ahí realizar un trabajo de recomendaciones. Para esto buscamos personas independientes en donde haya equilibrio de género con juristas, psiquiatras, médicos, psicólogos, jueces y abogados.
¿Cuál debe ser la óptima reparación de víctimas?
La reparación debe ser integral, no solamente del victimario al reconocer la realidad y en dónde están los cuerpos y las fosas. Debe haber unas comisiones de la verdad en las que haya un trabajo de justicia transicional, pero efectivo. Es un camino que está para hacer, porque hay muchas víctimas que necesitan soluciones.
No solamente se trata de judicializar. La justicia no se acaba con la decisión de los tribunales, tiene que haber ayudas económicas, hay familias que quedaron desvalidas, y tiene que ser un cúmulo de suma y sigue, no vale con dar el dinero, tiene que haber perdón.
¿Qué conflictos son similares al colombiano?
Esto es complejo porque el conflicto en cada país tiene una dimensión política o económica, acá es una lucha por la tierra. Esto viene desde la descolonización española. Es el único país que conozco en donde hay una lucha tan tenaz por la apropiación de la tierra. Ha sido el caballo de batalla de las clases sociales, es curioso.
El proceso de paz con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en El Salvador, finalizó en 1992. Sin embargo, la experiencia desde que se firmó el acuerdo no ha sido tan satisfactorio a juzgar por las cifras que reveló el subcomisionado de la Policía Nacional Civil (PNC) de ese país, Fabricio Moreno.
El 67% de los actos violentos en la nación centroamericana, de seis millones 200 mil habitantes, corresponde a actos cometidos por las pandillas popularmente conocidas como la Mara Salvatrucha, sus integrantes son latinos, tuvieron sus inicios en Estados Unidos y se fueron expandiendo por Norteamérica y Centroamérica.
En El Salvador, a raíz de la terminación de la guerra civil, empezaron a aparecer estos grupos que se fueron apoderando de una gran cantidad de armas abandonadas. La PNC se formó con el 20% de cuota guerrillera, el 60% con civiles y otro 20% con integrantes del ejército.
Las bandas más conocidas son MS13, que tiene 278 células y la 18 que cuenta con 32, tienen presencia en los 34 departamentos del país. Hoy las conforman 35 mil delincuentes que se financian por medio de la extorsión, el secuestro y el microtráfico.
Como respuesta al creciente actuar delictivo de estas bandas, el gobierno implementó el Plan Mano Dura y luego el Plan Súper Mano Dura que no dieron los resultados esperados, pues las cárceles se abarrotaron y desde allí siguieron delinquiendo, incluso se valieron de supuestas alianzas de paz para desviar la atención y fortalecerse.
Ahora están dotados con armas de grueso calibre y hacen frente a la fuerza pública. Ya existen terceras generaciones de estos grupos criminales. Sin embargo, el país ha mejorado en la proporción de homicidios, pues mientras que en el 2011 había 70,1 asesinatos por cada 100 mil habitantes, en septiembre de 2014 esta cifra descendió a 44,8 muertes.
Fabricio Moreno destacó la oportunidad de que se firme un acuerdo de paz en Colombia, pues la población es la que más clama que se acabe el conflicto interno. Añadió que en El Salvador adoptaron una nueva estrategia contra el crimen.
“Lo que hacemos ahora es fortalecer los acercamientos con la comunidad, pues posterior a estos procesos, el tejido social se ve afectado y es necesario que los estados busquen maneras de desarrollar políticas públicas orientadas a mejorar la cohesión social”, explicó el uniformado.
Añadió que en cuanto a los estudios que el gobierno de El Salvador ha hecho, es necesaria la inversión en niños, adolescentes y jóvenes de modo que se preparen, desarrollen competencias y tengan la oportunidad de desenvolverse en la sociedad, que tengan empleo y sean personas útiles para la sociedad.
Ahora la política está enfocada a la seguridad ciudadana en donde involucraron a los entes del Estado con la sociedad civil, las entidades privadas y la iglesia. Así establecieron un plan estratégico en donde se generen condiciones que eliminen factores de riesgo y se aleje a los jóvenes de las estructuras criminales.
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