Exparas que mientan pagarán 40 años

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Senado aprobó ayer en último debate la reforma a la Ley de Justicia y Paz, con la cual se establecen nuevos parámetros para aquellos paramilitares que tienen procesos vigentes por actuaciones durante el conflicto.

Los desmovilizados tendrán la obligación de colaborar con la justicia y decir toda la verdad en sus declaraciones. “Es una reforma indispensable a favor de las víctimas, para que no ocurra que por la falta de eficiencia del Estado en el cumplimiento de los acuerdos procesales de justicia y paz salgan a la calle miles de paramilitares sin haber dicho la verdad, debido a vencimiento de términos”, explicó el presidente del Congreso, Roy Barreras.

Aclaró que esta reforma contempla que aquellos que salgan, una vez cumplan el término establecido en la ley, lo harán bajo libertad condicional y “previa declaración de toda la verdad y la máximas garantías posibles en materia de reparación y no repetición, algo que hoy no contiene la ley y por eso debe reformarse”.

El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, señaló: “es lo mejor y más refinado que hemos estructurado hasta este momento como mecanismo judicial para pasar de una situación de conflicto a una situación de paz, aunque ella fuese parcial”.

Indicó que con esta ley se le pone freno a que los desmovilizados, para entrabar los procesos, acusen a aquellas personas que nada tuvieron que ver con ese fenómeno. “Por eso es que este proyecto establece las causas que tendría la Fiscalía para pedir la exclusión del proceso a un desmovilizado”.

En plata blanca, si un paramilitar desmovilizado falta a la verdad y a la reparación, pierde los beneficios de la ley, entre los que está la pena de cárcel por ocho años; de no atender los requisitos, tendría que pagar una pena de 40.

El balance

El vicefiscal defendió la labor de la Ley de Justicia y Paz al afirmar que con ese mecanismo se han proferido, en siete años de funcionamiento, 14 sentencias, mientras que la Corte Penal Internacional, luego de 10 años de funcionamiento, sólo ha obtenido una: “esto no justifica nuestro trabajo, pero muestra el esfuerzo de los operadores de justicia”. Contrario a esto, hay expertos que consideran ese balance un fracaso.

El ponente del proyecto, senador Juan Fernando Cristo, afirmó que con esta iniciativa se van a acelerar los procesos de Justicia y Paz, “habrá un ultimátum para que los desmovilizados tengan dos años más de tomar la decisión de finalmente de acogerse con la verdad y la reparación”.

“Acá hay un acuerdo interinstitucional para sacar adelante un proceso que ha tenido muchos obstáculos en sus siete años de vida. Consideramos que vale la pena darle una última oportunidad, porque entre otras cosas un colapso de Justicia y Paz significaría un muy mal mensaje para las negociaciones que inician en Oslo”, agregó Cristo.

¿Mico?

El representante del Polo Democrático Alternativo Iván Cepeda afirmó que la reforma aprobada ayer “elimina la reparación judicial para las víctimas, dejándoles como único camino la reparación administrativa”.

“Es un orangután que se le trepó al proyecto. Es inadmisible que las víctimas, teniendo la vía directa de la reparación en el proceso judicial, deban ahora iniciar nuevos trámites. Sin duda estamos ante un mecanismo de desmotivación para que las víctimas participen en los procesos y para que accedan a la reparación”, agregó.