COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Al inicio del ciclo número 32 de conversaciones de paz entre el Gobierno y las Farc, el grupo guerrillero exigió que las conversaciones de paz se atengan exclusivamente a lo acordado en la agenda definida en agosto de 2012.
Esta agenda conocida como 'Acuerdo General para la Terminación del Conflicto' define los puntos que se negocian en la Mesa de Conversaciones y el orden en que se discuten. Allí “se invita a las partes a aportar soluciones a problemas de diferente índole que aquejan al país y que han causado la violencia”, dice un comunicado de las Farc.
“Las Farc han propuesto fórmulas de desescalamiento del conflicto y a declarar un cese unilateral al fuego con el fin de atender las necesidades de las víctimas y las normas humanitarias definidas en los Convenios de Ginebra”.
Por esta razón, afirman que la guerrilla reanuda los diálogos: “con pleno espíritu de reconciliación y en cumplimiento de lo acordado en los términos conocidos por el pueblo de Colombia y el mundo entero”. Según las Farc: “el orden de la Agenda implica que todo tiene su momento y lugar, lo cual no da espacios a soluciones postizas como los referendos con sabor y afanes electorales que escapan a lo ya convenido”.
Argumentando que múltiples razones llevaron al Gobierno y las Farc a sentarse en condición de partes iguales y firmar en La Habana el acuerdo de agosto de 2012 y no seguir con la confrontación armada, las Farc dicen: “no nos sentimos aludidos por normas que pretenden invadir las esferas de competencia y decisión de la instancia única de entendimiento que es la Mesa de Diálogos de Paz de La Habana”.
Según la delegación de la guerrilla, el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera beneficia desde el primer día de su vigencia a la población civil no comprometida activamente en la confrontación armada, igual que a los propios contendientes.
Por esta razón, consideran perentorio comenzar con un desescalamiento del conflicto que sirva a los intereses de la población civil, de tal forma que cesen las acciones violatorias de sus Derechos Humanos.
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