Exgobernadores de San Andrés se declaran inocentes

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Ante un magistrado del Tribunal de Bogotá, el suspendido gobernador de San Andrés, Ronald Housny Jaller, y la exgobernadora Aury Guerrero Bowie, son imputados por los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y concierto para delinquir. Ambos fueron capturados el lunes junto a nueve implicados más en una red de corrupción en el archipiélago.

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento debido a que hay testigos que pueden ser influenciados y, por tanto, pidió detención en centro carcelario. “Debemos proteger la prueba y hay riesgo de evasión de la justicia de los imputados”, argumentó el delegado del ente acusador.

Al parecer la red de corrupción integrada por funcionarios públicos y contratistas desviaron recursos por 120 mil millones de pesos.

Housni Jaller ya se encuentra suspendido por la Procuraduría General de la Nación desde abril y por 10 meses debido a que suscribió con la Cámara de Comercio de San Andrés un convenio para la celebración del Green Moon Festival a pesar de que la entidad no cuenta con la idoneidad para ejecutar el contrato.

En el operativo del lunes las autoridades privaron también de la libertad a la exgobernadora Guerrero Bowie ya que se determinó que en su administración los implicados en el caso crearon un esquema de corrupción cuyo monto superaría los 11 mil millones de pesos.

"Se encontraron presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos por alrededor de 120 mil millones de pesos que habrían sido entregados a los mismos constructores que, a cambio de coimas, se quedaron con las obras de valorización en Armenia", indicó el ente judicial y de control en un comunicado.

La Policía judicial investigó además a los contratistas Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y a algunos de sus presuntos socios y estableció que para quedarse con la construcción de colegios y parques en San Andrés aparentemente pagaron el 10% del valor de los contratos con el supuesto auspicio de altos dignatarios del Gobierno departamental.

Entre los contratos adjudicados sobresale la construcción del Centro de Educación Media Diversificada Antonia Santos, que serviría a la población estudiantil del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

El contrato fue suscrito el 23 de diciembre del 2014 por 50 mil millones de pesos y debería entregarse a la comunidad en diciembre del 2015.

Sin embargo, tres años después las obras no alcanzan el 50% de su ejecución.

Por estos hechos la Fiscalía obtuvo 11 órdenes de captura para Housni Jaller, Guerrero Bowie, el secretario de Infraestructura de San Andrés, Alejandro Lozano Bowie, y la exsecretaria de Educación Edelmira Archibold Hawkins.

También figuran el jefe de la Oficina Jurídica, Ain Zulema Conolly; la secretaria de Planeación, Tatiana Pérez García, y la supervisora de los contratos, Elizabeth O'Neill.

Asimismo fueron capturados los contratistas Mauricio José Rodríguez Cotua y Sergio Fabián Lever Whittaker, el supervisor de contratos Luis Albeiro Urrego y el ingeniero civil Juan Diego Alvis Cotes.

Las autoridades indicaron que los contratistas implicados en el caso de Armenia, que ya cumplen medida de aseguramiento de detención domiciliaria, serán citados a una audiencia de formulación de imputación por estos nuevos delitos.