COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
La inseguridad jurídica que tenían los ocupantes de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) tuvo un respiro con el anuncio del Gobierno de que estos lugares no desaparecerán a partir de hoy, fecha considerada para que se acabara esta figura que nació en 2017 con la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.
El Gobierno anunció que expedirá un decreto para que se inicie el proceso de integración de los ETCR para que se conviertan en veredas, corregimientos o centros poblados de los municipios.
“Esto no quiere decir que van a ser suprimidos o desalojados los excombatientes de esas zonas. Por el contrario, vamos a llegar a un proceso de consolidación de cada una de estas zonas con proyectos de infraestructura, vivienda y la provisión de servicios públicos esenciales”, aseguró Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
Este es un proceso que se extenderá entre 12 y 18 meses, de acuerdo con lo previsto por el Gobierno que también plantea la posibilidad de mover unos siete ETCR por cuestiones de logística y favorabilidad. Uno de los siete es el de Carrizal, ubicado en el municipio de Remedios (Antioquia). Una opción son terrenos que están en manos de la Sociedad de Activos Especiales, la entidad que administra los bienes que son cobijados con extinción de dominio.
Para explicar el porqué se pretende hacer el traslado de estos puntos, la ARN en compañía del excomandante de las Farc Pastor Alape y delegados de la ONU visitan a los ETCR haciendo pedagogía sobre las ventajas y beneficios para mover estos puntos.
En la carpeta de las tres organizaciones hay por lo menos 500 opciones de terrenos que están bajo la tutela de la SAE y que son objeto de análisis para establecer si tienen mejores condiciones que aquellos que están en zonas apartadas o de difícil acceso.
Mirada agridulce
Al extender esa figura, excombatientes como Jacobo Arango que está en el ETCR de Dabeiba (Antioquia), o Juan José de León, en Mutatá (Antioquia), podrán continuar con los proyectos productivos de cara a su proceso de retorno a la vida civil.
Luz Adriana Ramírez, coordinadora de un proyecto piloto con mujeres exguerrilleras en esos dos puntos, sostiene que el anuncio estatal es un espaldarazo a los proyectos de transformación de frutas y verduras que se manejan en estas dos poblaciones y el cual está andando desde marzo del año pasado.
Son por lo menos 70 personas las que están trabajando en esta iniciativa que busca la autonomía económica para las excombatientes. “Se les ha brindado formación técnica para la operación del proyecto. Es una planta que convierte las frutas y hortalizas en pulpas, mermelada y salsa de ají”, describe Ramírez.
En Dabeiba las frutas con las que se trabajan son maracuyá, lulo, mora y ají. En el caso de Mutatá la idea es elaborar productos basados en banano, piña, borojó y ají. A la par con el proceso industrial, las mujeres también reciben capacitación en mercadeo, contabilidad y áreas administrativas.
El anuncio del Gobierno también les permite, además, seguir adelante con el proceso de licitación para el equipamiento y la compra de maquinaria para la infraestructura de la planta. Se prevé que empiece a funcionar a partir de octubre.
Este proyecto tiene el apoyo de las embajadas de Suecia y Noruega, por lo que la senadora del partido Farc, Victoria Sandino, no descarta que el auspicio internacional haya pesado para la decisión del Gobierno.
“Tenemos que hacer un reconocimiento a la comunidad internacional eso nos ha dado cierta garantía en el proceso de reincorporación como lo hemos diseñado desde los territorios”, señaló Sandino quien conoció la decisión estatal durante una reunión con mujeres del partido.
Sandino también reclamó por un apoyo más fuerte de parte del empresariado colombiano para que exista un respaldo a las iniciativas que hay en los ETCR.
Federico Montes, integrante del equipo coordinador del ETCR Héctor Ramírez de Agua Bonita (Caquetá), frente a la decisión del Gobierno enfatizó: “Una de las dificultades grandes que hemos tenido es la lentitud con la que la institucionalidad ha tratado de asumir esta transición. Un reflejo de eso es el hecho de que hoy estemos hablando de generar figuras para garantizar su continuidad y era algo que en dos años hubiéramos podido haber definido”.
Lo que sigue
Los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación están ubicados en 13 departamentos, siendo Antioquia y Cauca los que más albergan en su jurisdicción, con cuatro cada uno.
Según Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en los Espacios definitivos “vamos a garantizar las condiciones básicas de habitabilidad para asegurar que quienes viven en ellos puedan avanzar en su ruta de reincorporación social y económica. Para ello se llevarán a cabo diseños urbanísticos de vivienda, compra de tierras y acceso a los programas de vivienda con los que cuenta el Gobierno”.
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