Fernando Alonso Ramírez
LA PATRIA | Manizales
Se veía cómodo mientras hablaba desde el atril del Auditorio Rafael Uribe de la Gobernación de Caldas. Allí sacaba a relucir sus años de experiencia como profesor universitario el ministro del Interior, Fernando Carrillo, exministro de Justicia, exconstituyente y en los últimos días escudero del presidente Santos en su polémica con Pastrana y Uribe.
Terminó su intervención y dijo a los alcaldes que este Gobierno está empeñado en desbogotanizar la política del Estado. Vino entonces la entrevista en una pequeña sala de juntas atrás del auditorio, la cual consta de los mismos detalles republicanos y un escudo de Colombia en lo alto que le dan el aire de palacio al edificio de la Gobernación.
Llegó enérgico. No se le notaban las tres horas seguidas de trabajo con los mandatarios locales, congresistas, diputados y el gobernador, que sumó a su jornada de la mañana en Medellín, en donde presentó un bloque integrado entre cuatro instituciones públicas, incluidas la Fiscalía y la Alcaldía de esa capital, para luchar contra el crimen. Esa estrategia, dijo, la hará también en Manizales. Saludó sonriente.
- Lo veo con una cara de contento que le puede. ¿Se siente ganador con ese millón de marchantes del martes?
Sin duda, lo que comenzamos hace unas semanas con aparentes fisuras al apoyo de la opinión pública al proceso de paz terminó en esa jornada histórica del 9 de abril con un gran respaldo de ciudadanos que salieron a demostrar que es posible meterle pueblo a la paz, y que todavía hay un margen muy grande. Este fue un punto de partida del apoyo popular al proceso, un clamor que se tiene que oír en La Habana, principalmente por el equipo negociador de las Farc para recuperar el ritmo de los acuerdos y comenzar a mostrarle resultados a la opinión pública muy rápidamente.
- Sus críticos dicen que usted no quiere que se critique el proceso de paz. ¿Es esa su postura?
De ninguna manera. Eso es una tergiversación de lo que he dicho. La crítica constructiva es totalmente positiva es lo que esperamos, que si hay rectificaciones para hacer, pues que se hagan. Decía un hijo de esta tierra, nuestro negociador en La Habana, Humberto de la Calle, que lo único que no debería darse es que fuéramos, los que estamos a este lado de la mesa, los que saboteáramos el proceso. Si por cuenta de las Farc no hay proceso, simplemente cumplimos con la historia, lo intentamos a un costo muy bajo, pero no es admisible que se traten de crear historias fantásticas, como que hemos ofrecido impunidad o curules a los miembros de la guerrilla a cambio de nada, cuando ni siquiera ha comenzado a discutirse el segundo punto en la mesa. El presidente lo ha dicho con claridad: no se han negociado los principios fundamentales del Estado, se respetará profundamente el Estado Democrático de Derecho. Aquí no está de por medio una redefinición del sistema económico. Si los señores de las Farc quieren hacer estas rectificaciones, pues que salgan a las urnas, sin armas, cuando estén reincorporados, y si los acuerdos se cumplen, que en la lucha política en franca lid con otras fuerzas políticas inviten a los colombianos a votar por otros modelos, pero en este momento nada de eso se está negociando.
- Como profesor constitucionalista, ¿es posible que firmados los acuerdos en La Habana se refrenden con algún mecanismo de participación ciudadana?
Así es. Eso es un mandato, es obligatorio, hay que hacerlo así. Uno no entendería que el proceso más importante de la historia reciente de Colombia esté limitado a escenarios cerrados. Por supuesto que la negociación, y el presidente lo dijo desde el primer momento, para que fuera seria, digna, eficaz, responsable, tendría que estar gobernada por una premisa mayor: la confidencialidad, pero cuando se dé el acuerdo final hay que someterlo a refrendación popular. Tendremos que examinar los mecanismos jurídicos. La constituyente está desechada, porque es para hacer reformas estructurales al sistema político y eso ya lo hicimos en 1991 expidiendo la Constitución más progresista de América Latina. Habría que examinar si una consulta popular o un plebiscito, y sería otro gran momento de la historia, cuando el pueblo colombiano se pronuncie en favor o en contra de esos acuerdos que esperamos se firmen.
- Los departamentos no parecen tener claro su papel. ¿Cómo los ve en el modelo de país que se imagina?
Los departamentos quedaron casi en un estado de discapacidad en los 20 años de la Constitución del 91, hasta que se expidieron las normativas descentralizadoras en este Gobierno. No se encuentra un Plan de Desarrollo más descentralizador que este; se aprobó la Ley de Regalías; en materia de víctimas se tiene una gran presencia territorial, se aprobó la Ley de Ordenamiento Territorial, se aprobó el nuevo régimen municipal, estamos discutiendo el nuevo régimen departamental. El énfasis de la descentralización, a 25 años de la elección popular de alcaldes, tiene que implicar la aceleración de las estrategias descentralistas, fortalecer los departamentos, pensar seriamente en las regiones. Parte del problema es creer que los gobernadores son enemigos de esto, cuando lo que potencia a la región son departamentos fuertes. Si uno tiene municipios y departamentos fuertes, podrá tener regiones fuertes.
- Fue ministro de Justicia y vuelve 20 años después como ministro del Interior. Al recorrer de nuevo el país, ¿qué lo sorprende?
El Estado es mucho más fuerte, la institucionalidad tiene una capacidad de respuesta mayor a los problemas de los colombianos. Hace 20 o 25 años luchábamos con las uñas contra el narcotráfico. Cuando nace este problema, las estructuras del Estado, de la Fuerza Pública, de la Justicia eran insuficientes, casi tigres de papel frente al poderío de los carteles de la droga. Colombia ha demostrado capacidad para fortalecer su justicia y su Fuerza Pública. Estamos frente a un Estado mucho más fuerte, que tiene que ser más robustecido para enfrentar las amenazas del crimen organizado, que hoy son muy diferentes. Existen instituciones que no existían hace dos décadas. Uno no se imagina lo que hubiera sido la lucha contra el narcotráfico sin una Fiscalía o un poder judicial fuerte, o una Corte Suprema que ha sido capaz de condenar a personas relacionadas con organizaciones criminales.
- ¿Cómo puede usted ayudar para que le den respuesta más pronto a los cafeteros?
Ese tema es del Ministerio de Agricultura, que viene cumpliendo los compromisos adquiridos en los acuerdos en las mesas con los cafeteros. Se lograron incentivos económicos que no se habían visto en la historia reciente del país. Ojalá se acepte la invitación del presidente a una constituyente cafetera, la posibilidad de mirar de arriba abajo y de un lado a otro el futuro del café. Y la lección que nos quedó a todos es que es posible acudir a escenarios del diálogo para solucionar los problemas y para que esto no vuelva a suceder.
- Ministro, la agenda legislativa. ¿Han pedido mucha mermelada los congresistas o avanzan los proyectos?
No. Creo que hay compromiso de sacar adelante las reformas sociales de este gobierno. Nuestras prioridades para esta primera parte de la legislatura son, en primer lugar, la reforma a la salud; la ley estatutaria del Fuero penal militar, que desarrolla la reforma constitucional que se aprobó el año pasado; y finalmente la ley de infraestructura, que permitirá caminar por esos senderos de modernidad que exige la conectividad en este país.
- ¿Tendremos ministro para rato?
Esperemos seguir avantes con la consolidación de las reformas sociales del país. Hay un gran compromiso para el ejercicio de la política en Colombia. Si uno pudiera resumir en una frase el objetivo fundamental de este Gobierno, es luchar contra la desigualdad en materia política, económica, regional -en la que entra por la puerta de adelante la descentralización-, en materia étnica, y por eso nuestro compromiso con las minorías étnicas y raciales. Si uno es capaz de poner un grano de arena en esas materias, se puede ir tranquilo de este Ministerio.
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, anunció el viernes en reunión con los alcaldes de Caldas inversiones por casi 14 mil millones de pesos en seguridad, en lo que tiene que ver con cámaras, estaciones de Policía, entre otros, para 12 municipios. Además ofreció una línea nueva de recursos por $ 3 mil millones dedicada a convivencia. Encuentre la información completa sobre este tema en la edición de LA PATRIA de ayer.
El ministro del Interior terminó su intervención explicando que quieren desbogotanizar la política de Estado. Lo cuestionaron porque muchos consideran que se está cada vez más en un proceso de recentralización. Dio cuatro ejemplos de que en este Gobierno ocurre lo contrario:
1. Regalías. "El gobierno en los últimos cuatro meses ha desbloqueado por completo ese saborcito centralista que tenía el manejo de las regalías. Hemos dialogado con los gobernadores y alcaldes para que efectivamente esos recursos les lleguen".
2. Ordenamiento Territorial. "A raíz de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial, estamos propiciando la creación de un observatorio para la descentralización que apunte a dejar el centralismo, propio de la Constitución de 1886. A mucha gente se le olvida que fue en el 91 cuando le imprimimos ese ímpetu descentralizador, regionalista un poco, a lo que eran las relaciones del Estado central con las entidades territoriales".
3. Seguridad. "Estamos en el proceso de descentralizar la seguridad. Nadie mejor que las autoridades locales para decir cuáles son los problemas. Si uno destina los esfuerzos del Ministerio a oír a los dirigentes locales y regionales va en la línea de desbogotanizar unos fenómenos que hacen parte de la imposibilidad del Estado de llegar a los rincones más alejados del país. Oír a quienes están en los territorios con las botas puestas será fundamental".
4. La paz. "Hemos propiciado un diálogo con los gobernadores para fortalecer la posición del Gobierno en La Habana. Lo hemos hecho ya con 80 alcaldes de los municipios más afectados por el conflicto y lo haremos la semana entrante con más de mil alcaldes en la reunión de la Federación Colombiana de Municipios, en Cartagena. Lo hacemos para que el comisionado de paz y el jefe de la comisión negociadora dialoguen directamente con las autoridades locales, sepan lo que sucede en la mesa de La Habana y contribuyan con propuestas al equipo negociador del Gobierno, como de hecho ya lo hicieron en el primer punto del desarrollo rural".
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